Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, en un acto el pasado septiembre. Europa Press
Detenido el presidente de la Diputación de Almería por el 'caso mascarillas' y adjudicaciones de obras
Hay en total siete detenidos, entre los que están el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines. El juzgado habla de "sospechas fundadas" de posible cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo.
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El paso de las horas está permitiendo conocer nuevos detalles sobre la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la detención en Almería del presidente de la Diputación provincial, Javier Aureliano García (PP); el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez (PP), y el alcalde de la localidad de Fines (PP), Rodrigo Sánchez.
Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la actuación se lleva a cabo después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería haya ampliado las investigaciones iniciadas en 2021 por la presunta compra fraudulenta de material sanitario con una segunda fase de la operación que abarcaría varios contratos públicos relacionados con la Diputación almeriense.
Esta nueva fase, añaden las fuentes, ha derivado en la detención de siete personas. La nueva operación se ha desarrollado con el registro de diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.
Alrededor de las 18:30 horas se ha dado por concluido el registro del Palacio Provincial de la calle Navarro Rodrigo, sede principal de la Diputación. Así lo han confirmado a EFE fuentes de la UCO, que han precisado que durante la intervención en este inmueble han estado presentes García y Giménez,
A este le ha seguido el edificio del Servicio de Infraestructura Urbana, en la calle Hermanos Machado, ligado a un técnico de Obras Públicas que forma parte de las siete personas arrestadas o investigadas. Entre ellas estaría también el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios cuya identidad no ha trascendido.
Según las fuentes, este despliegue cuenta con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.
Según el auto que ha autorizado los registros y ha facultado a la UCO a llevar a cabo las detenciones que considere necesarias, "en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".
La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios, entre otros".
Algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines.
Desde el TSJA precisan que algunos de los implicados ahora detenidos no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí "en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales".
El Juzgado de Instrucción también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada.
Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.
En la causa ya estaba siendo investigado, entre otros, el entonces vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, por la firma de un contrato de suministro de mascarillas en abril de 2020 por importe superior a los dos millones de euros. Los siete detenidos en la operación serán puestos previsiblemente a disposición judicial el próximo jueves.
Registro de la casa del presidente de la diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), que ha sido detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La condición judicial del presidente de la Diputación ha evolucionado en las últimas semanas, toda vez que el pasado mes de octubre el PSOE solicitó que se le llamara a declarar como testigo en esta causa, aduciendo que "la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados" y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la UCO, fechado el 25 de abril.
Reacciones en el PP
La detención de García Molina ha pillado por sorpresa al presidente del PP andaluz y máximo dirigente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "No tenemos más información, en este momento de la mañana no tengo información salvo la de los teletipos de las agencias. Solo sé que hay una detención y se está registrando la institución, la Diputación de Almería", ha expresado.
Moreno ha asegurado desconocer "la causa, la instrucción o qué ha motivado la situación". "Vamos a estar muy pendientes y cuando tengamos alguna información, ahora mismo desconocemos, hemos llamado, pero no nos han cogido el teléfono. Vamos a ver qué nos trasladan a lo largo del día. No sabemos nada aún. Los compañeros de Almería no saben tampoco".
En esta misma línea, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que esperará a disponer de la "información adecuada" para pronunciarse sobre la detención de Javier Aureliano García.
José María Martín, secretario general del PSOE en Almería.
Desde el PSOE de Almería, su secretario general, José María Martín, ha exigido este martes "la salida inmediata" de los implicados de sus cargos institucionales y orgánicos. En este sentido, ha responsabilizado a Moreno Bonilla y a Feijóo de ello.
"Desde el PSOE teníamos claro que existía una presunta organización criminal dirigida por la cúpula del PP en Almería y que está centrada en la manipulación de los contratos públicos en el seno de la Diputación", ha afirmado en rueda de prensa, en la que asegura que se trata solo de la "punta del iceberg".
Fecha clave
Si bien el caso tiene ramificaciones en diferentes territorios, en Almería hay una fecha clave: el 8 de abril de 2020. Ese es el día en el que, según los datos recabados, la Diputación, con José Aureliano García ya como presidente, adjudicó por algo más de dos millones de euros un contrato de material sanitario (mascarillas FFP-2, guantes de nitrilo y monos de protección) a la empresa Azor Corporate Ibérica.
Esta entidad era propiedad del empresario catalán Kilian López, amigo de la infancia del entonces vicepresidente tercero, Óscar Liria.
A juicio de los investigadores, casi la mitad de esos dos millones no llegó nunca a pagarse al proveedor real.
La institución supramunicipal transfirió el importe completo el 14 de abril. Ese mismo día, Azor envió 1,99 millones a una sociedad de Hong Kong (Ligroup China Co. Limited). Seis días después, la compañía china devolvió 945.297,61 euros a otra empresa vinculada directamente a López, Corpfam Global Investment, en concepto de “comisión”.
La operación que ahora sigue su curso tuvo su inicio en junio de 2021, manteniendo a 14 personas y a siete empresas bajo investigación judicial.
El primer impacto sobre la provincia de Almería tuvo lugar el 15 de junio de 2021, cuando fue detenido Óscar Liria, entonces vicepresidente de la Diputación. El arresto, recuerdan fuentes de la investigación, se produjo después de que fuesen registradas las dependencias del Área de Fomento, de la que era responsable López Liria. Tanto Giménez como Sánchez ya estaban investigados en la causa.
La UCO lo considera la pieza que facilitó la adjudicación a su amigo López. En los registros se hallaron 26.250 euros en sobres repartidos en tres viviendas. Los investigadores estiman que pudo recibir entre 200.000 y 400.000 euros en comisiones ilegales.
Tras su detención, Liria ingresó en prisión provisional y posteriormente fue cesado y expulsado del PP.
El "lenguaje codificado”
Las conversaciones de WhatsApp entre Liria y Fernando Giménez (ahora también detenido) son uno de los elementos más comprometedores. Según la UCO, ambos empleaban un lenguaje codificado para referirse a porcentajes de comisión.
En uno de los intercambios, Giménez preguntaba por la "talla 20", a lo que Liria respondía que sería "más o menos la 10". Los investigadores interpretan que se referían al 10% del contrato, unos 200.000 euros.
Expresiones como "ponerse un guante" o "necesitar una talla más grande" refuerzan la tesis del uso de claves para ocultar el contenido real de las conversaciones.
La Guardia Civil sitúa a Giménez como el cabecilla o "punta de la pirámide" del entramado. La investigación dibuja un circuito de favores y vínculos personales concentrados en Fines, un municipio de 2.200 habitantes.
Carrera política
García Molina vino a representar el cambio generacional en el Partido Popular en Almería. Graduado en Derecho, estuvo al frente de Nuevas Generaciones desde 1999 hasta 2005. Con el paso de los años, fue adquiriendo nuevas responsabilidades, hasta que en junio de 2021 se convirtió en presidente del PP provincial.
En el apartado institucional, antes de acceder a la Presidencia de la Diputación almeriense fue teniente de Alcalde en la capital desde 2007 hasta 2011. Desde julio de 2011 hasta enero de 2019 fue vicepresidente primero en la institución supramunicipal. Fue justo en ese momento cuando alcanzó el cargo de presidente, que mantiene hasta el momento.
