El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen del pasado 27 de octubre. Europa Press
Puigdemont pide al TC la "suspensión inmediata" de su orden de detención para poder regresar a España
Considera que "la ejecución de las órdenes" que pesan contra él "producirían un perjuicio irreparable" que afectaría "de modo irreversible" a su "libertad".
Más información: El abogado general dictamina que la amnistía no afecta a los intereses económicos de la UE pero vulnera leyes procesales
En un escrito que tiene previsto presentar este mismo lunes ante el Tribunal Constitucional la defensa de Puigdemont pide la "suspensión inmediata de las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión" contra el 'expresident' de la Generalitat de Cataluña para que pueda volver a España.
Su letrado considera que las conclusiones del abogado general del TJUE le cargan ahora de argumentos para dar este paso. De esta forma se suma a la petición de suspensión cautelar también presentada por Toni Comín y argumenta en su escrito que tanto el Tribunal Constitucional como el abogado general del TJUE han avalado la ley de amnistía.
En palabras del letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, la función del abogado general "no es consultiva en sentido débil sino orgánicamente jurisdiccional" (...) Lo cual "dota a sus afirmaciones de una fiabilidad cualitativa innegable".
El escrito continúa señalando que "en el ámbito de la Ley de Amnistía dichas conclusiones adquieren un carácter decisivo porque disipan expresamente las dudas de compatibilidad con el Derecho de la Unión que algunos órganos internos (y un ruido mediático tan sincronizado como infundado) habían invocado para dilatar o cuestionar su aplicación".
Sin embargo, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el luxemburgués Dean Spielmann, dictaminó este jueves que la Ley de Amnistía pactada por el Gobierno de Sánchez con Puigdemont a cambio de la investidura sí vulnera varias disposiciones de la legislación comunitaria.
En concreto, la Ley de Amnistía contraviene la obligación europea de garantizar una tutela judicial efectiva, pero en principio no pone en riesgo los intereses financieros de la UE ni incumple la directiva antiterrorista. Y tampoco puede considerarse como una "autoamnistía", como sostenía la Comisión Europea.
La ambigüedad de esas conclusiones conduce a la defensa de Puigdemont a concluir que "no existe duda jurídica razonable que justifique la persistencia de órdenes de detención en un escenario en el que tanto el Derecho nacional como el europeo avalan la eficacia inmediata de la ley", según recogen medios como El Mundo, El Confidencial o Elnacional.cat.
Y remata señalando que "la ejecución de las órdenes de detención" contra él "producirían un perjuicio irreparable" que afectaría "de modo irreversible" a su "libertad personal", a su "participación política", al "ejercicio de su mandato representativo" y a su "libertad de circulación".
