Miguel Ángel Gallardo y Pedro Sánchez, en un acto del PSOE. Efe
Sánchez pondrá a prueba en Extremadura el relato de su "injusta persecución" con el candidato al que quiso relevar
El plan del presidente era reservar el mensaje del victimismo para las generales, a la espera de que, para entonces, alguno de los casos que afecta a su entorno hubiera sido archivado.
Moncloa ordena ahora volcarse con Gallardo, encadenado a la familia Sánchez, tras verse sorprendidos por la decisión de Guardiola de adelantar elecciones.
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La convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre provoca una curiosa paradoja política en Pedro Sánchez y en el PSOE.
Porque el candidato socialista será Miguel Ángel Gallardo, un líder regional que nunca ha sido del agrado de Sánchez, que es cabeza de lista a pesar de la Moncloa y que, al tiempo, comparecerá en las elecciones autonómicas encadenado a la familia del presidente del Gobierno.
Las circunstancias políticas han hecho que el relato de la "injusticia" contra él y su familia, que Sánchez pretende explotar en futuras comparecencias electorales, se someta al primer test con un candidato que, a su vez, está procesado por la relación con su hermano.
La idea es intentar que ese victimismo sirva para movilizar y agrupar el voto de la izquierda frente a los que "le atacan".
La decisión de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha alterado los planes de Moncloa, que preveía en el corto plazo sólo urnas en Castilla y León y en Andalucía.
El plan era reservar el mensaje de la "persecución" para las elecciones generales, a la espera de que, para entonces, alguno de los casos que afecta a su entorno hubiera sido archivado.
Ahora se someterá a las urnas un candidato directamente afectado por la acción judicial contra el entorno de Sánchez: el primer candidato de la historia con un pie en el banquillo.
Gallardo ganó las primarias a la secretaría regional del PSOE en enero de 2025 frente a la candidata de Sánchez y Ferraz, Esther Gutiérrez, que fue consejera con Guillermo Fernández Vara. Ahora ha sido ratificado como candidato, entre otras cosas, porque no hay tiempo ni oportunidad de relevarle.
La dirección federal no tuvo más remedio que aceptar con desagrado a Gallardo como secretario general de los socialistas extremeños, pero sin relación estrecha con él.
Por ejemplo, en una ocasión, Gallardo hizo amago de criticar públicamente alguna decisión de Sánchez relacionada con los pactos con Junts y recibió un duro rapapolvo telefónico del entonces responsable de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Conmocionado por la llamada, volvió al redil.
Luego avanzó el procedimiento judicial contra él, acusado de haber favorecido al hermano de Pedro Sánchez, y ahora ambos están muy cerca del banquillo. El juicio se celebrará después de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Candidato 'a la fuerza'
En el PSOE y en Moncloa ya había una preocupación notable por la candidatura de Gallardo y su liderazgo en Extremadura, pese a que las elecciones autonómicas no se preveían hasta 2027. Incluso, se habló de buscar la forma de sustituirle antes de esas elecciones, según fuentes socialistas.
Ahora se mantiene esa preocupación, pero ya no hay vuelta atrás y Sánchez ha dado orden de respaldarle. Fuentes de Moncloa aseguran que el partido y el Gobierno se volcarán con Gallardo.
Haciendo de nuevo de la necesidad virtud, el mensaje se readaptará para presentar a Gallardo como una víctima colateral de la "injusticia con la que se acosa al presidente y a su familia". Van juntos en el mismo barco, aunque no tengan buena relación. De esta forma, pasará a ser la prueba de esa supuesta injusticia en la campaña socialista de diciembre en Extremadura.
Gallardo se benefició del cambio de estatutos del PSOE aprobados en el congreso del partido de hace un año en Sevilla, al permitirle mantener sus cargos públicos a pesar de estar procesado. La nueva norma dificulta la expulsión de los cargos cuando la denuncia contra ellos se considera de naturaleza política.
Moncloa ideó para él un plan que salió fatal para aforarle y buscarle un mejor proceso judicial. Optó por incorporarlo a la Asamblea de Extremadura. Para ello forzó la dimisión de una diputada de su confianza y la renuncia, en bloque, de varios candidatos.
Al convertirse en parlamentario, obtuvo el aforamiento, lo que obligaba a que el futuro juicio en su contra sólo pudiera celebrarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, lo que retrasaba la tramitación de la causa.
Sin embargo, el TSJ extremeño anuló ese aforamiento de Gallardo al considerarlo un "fraude de ley" y una "maniobra", y fijó que le juzgue la Audiencia Provincial de Badajoz, como estaba previsto.
