Salvador Illa y Carles Puigdemont, el pasado 2 de septiembre durante su encuentro en Bruselas.

Salvador Illa y Carles Puigdemont, el pasado 2 de septiembre durante su encuentro en Bruselas. Europa Press

Política Junts

Puigdemont, burlado: la Ley de Amnistía cumple 16 meses sin que pueda beneficiarse de ella y con Junts en caída libre

Las últimas encuestas indican que Junts puede perder hasta 11 diputados en el Parlament: Aliança Catalana emerge desde la extrema derecha con fuerza en el espacio independentista.

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Las claves

Carles Puigdemont sigue sin poder beneficiarse de la Ley de Amnistía, 16 meses después de su entrada en vigor.

Junts experimenta una caída en la intención de voto, con riesgo de perder hasta 11 escaños en el Parlament catalán.

La alianza de Puigdemont con el Gobierno de Pedro Sánchez está en crisis, con incumplimientos en temas como la inmigración y el uso del catalán en la UE.

Junts estudia plantear una moción de censura instrumental para convocar elecciones, en un intento de recuperar poder político.

La continuidad de la legislatura pendía de un solo hombre, Carles Puigdemont, que no puede pisar España sin riesgo de ser detenido.

Pero cuando se acaban de cumplir 16 meses de la entrada en vigor de la ley de amnistía (publicada en el BOE el 11 de junio de 2024), en la dirección de Junts cunde la sensación de que la enésima "jugada maestra" del expresidente de la Generalitat ha sido un fiasco.

Y no sólo porque Puigdemont sigue sin poder regresar a Cataluña, debido a la tenacidad de los jueces del Tribunal Supremo que han pedido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que determine si algunos aspectos de la norma (como su aplicación al delito de malversación) colisionan con la legislación europea.

Convertirse en socio insustituible del Gobierno de Pedro Sánchez comienza a tener un coste muy elevado para Junts, que corre el riesgo de perder hasta 11 escaños en el Parlament cuando se celebren elecciones autonómicas.

El barómetro del Centre d'Estudis de Opinió (CEO) de la Generalitat —conocido como el CIS catalán— del mes de marzo disparó todas las alarmas en la Casa de la República de Bruselas.

Junts se mantendría como la segunda fuerza del Parlament, pero caería desde sus 35 escaños actuales hasta una horquilla de 27-29.

Y el último panel de Sigma Dos para el diario El Mundo, publicado el pasado mes de septiembre, acentuó esta tendencia. En este caso, Junts perdería casi tres puntos de intención de voto. Y su representación quedaría reducida a entre 24 y 26 escaños.

En cambio, no sufre este desgaste ERC que, con la exigencia del cupo catalán sobre la mesa, conservaría sus 20 escaños o ganaría uno.

Mientras tanto, emerge con fuerza Aliança Catalana, que da a Junts una fuerte dentellada en el espacio independentista desde la extrema derecha xenófoba. El partido de la alcaldesa de Ripoll, que hoy tiene dos escaños en el Parlament, escalaría hasta alcanzar entre 11 y 14.

Los últimos sondeos dibujan un Parlament ingobernable.

Exconsejeros de la Generalitat (como Miquel Buch, Josep Rull o Meritxell Borràs), la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la exsecretaria general de ERC Marta Rovira, alcaldes y cerca de un centenar de policías y guardias civiles procesados por las cargas del 1-O se han beneficiado de la medida de gracia.

Sin embargo, y salvo su visita furtiva de agosto de 2024, Carles Puigdemont sigue sin poder poner un pie en España, pese a las idas y venidas de los emisarios del PSOE a Suiza (primero Santos Cerdán, ahora Zapatero) para apuntalar el apoyo de Junts al Gobierno.

El partido de Puigdemont se ha concedido un nuevo plazo hasta el próximo mes de diciembre para decidir si retira el apoyo al Ejecutivo. Se cumplirá entonces un año y medio de la entrada en vigor de la ley de amnistía que no ha cumplido, en absoluto, sus expectativas.

Aunque todavía no está claro si Junts tiene realmente margen para tumbar el Gobierno.

Los de Puigdemont ya quemaron en febrero el cartucho de la cuestión de confianza. Exigían que Sánchez se someta a este trámite en el Congreso, que le hubiera obligado a convocar elecciones en caso de perder la votación.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero logró desactivar en Suiza esta bomba de relojería, a cambio de la promesa de transferir a la Generalitat las competencias de inmigración (que la Carta Magna reserva entre las exclusivas del Estado): los Mossos tramitarían todos los expedientes de extranjería y participarían junto a Policía Nacional y Guardia Civil en la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos.

Puigdemont pudo exhibir esta victoria ante su electorado, en una cuestión tan sensible como la inmigración ilegal, que Aliança Catalana explota con éxito en sus discursos.

Pero Podemos ha cerrado la puerta a esta medida, que se suma a otros incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez, como el uso del catalán como lengua oficial de las instituciones de la UE (la Comisión Europea ya ha rechazado la propuesta siete veces, con creciente irritación).

Como antes hiciera la vicepresidenta Yolanda Díaz, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió con Carles Puigdemont el pasado 2 de septiembre en Bruselas, para intentar reconstruir la confianza del socio más imprevisible del Gobierno.

Pero Carles Puigdemont ya no se conforma con gestos. El vicepresidente de Junts, Toni Castellà, aseguró el miércoles que su partido no descarta plantear una moción de censura instrumental, con un candidato tecnócrata (que en ningún caso podría ser Feijóo) cuyo único cometido sería disolver las Cortes y convocar elecciones.

Vox lo intentó antes, sin posibilidades de éxito, con Ramón Tamames.