Patxi López, en primer término, con Míriam Nogueras (Junts) en su escaño, al fondo.
El nuevo fracaso del Gobierno al no poder ceder la inmigración a Cataluña deja a Sánchez sin margen para legislar
Junts y Podemos se van alejando del Gobierno mientras se resquebraja la unidad de Sumar a las puertas de la presentación de los Presupuestos.
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La investidura de Pedro Sánchez se construyó sobre un pacto cuyo pegamento es el rechazo a que gobierne el PP pero que no garantiza ni leyes ni Presupuestos, como se ha vuelto a demostrar este martes en el Congreso.
En sólo tres semanas, las que llevamos de septiembre, el Gobierno ha recibido cuatro duros revolcones.
Se estrenó perdiendo la votación sobre la reducción de la jornada laboral.
Después, la oposición le instó a derogar la Ley de Vivienda.
También le tumbaron la Oficina de Prevención de la Corrupción.
Y ahora le impiden que delegue las competencias sobre inmigración a Cataluña, tal y como se había comprometido con Carles Puigdemont.
El margen para legislar se le ha estrangulado a Pedro Sánchez.
La relación entre el Gobierno y Junts ha venido deteriorándose progresivamente. Hace dos semanas, la tensión en el Congreso entre Yolanda Díaz y Míriam Nogueras, hizo saltar chispas. Fue a propósito del voto de Junts en contra de la reducción de jornada.
La vicepresidenta llegó a acusar a los independentistas de "representar el capital", mientras ella se proclamaba de "la clase trabajadora" y enmarcaba las diferencias en la "lucha de clases".
Ahora la legislatura se le complica más a Sánchez con la no admisión a trámite de la proposición de PSOE y Junts para "delegar" el control de fronteras y la política de inmigración al Gobierno catalán.
La iniciativa fue registrada antes del verano, tras la exigencia de Puigdemont a Sánchez de someterse a una cuestión de confianza.
Para evitarla, el PSOE pactó esa "delegación" de competencias que ahora ya se sabe que no se llevará a cabo. Un escenario que complica aún más, los Presupuestos.
Los incumplimientos
Este nuevo incumplimiento se suman al de la Ley de Amnistía, aún encallada en el Supremo, y al de la oficialidad del catalán en la UE, bloqueada por la oposición de varios países como Alemania. Eran los requisitos de Puigdemont para seguir respaldando al Gobierno.
El debate de ayer también exhibió las fracturas entre los socios de investidura, como se vio con acusaciones cruzadas.
Podemos acusó a Junts de "racista" tras un debate en el que la postconvergente Nogueras aseguró que la "mala gestión" en materia migratoria ha llevado a Cataluña "al colapso".
"Lo que han pactado es decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre el inmigrante", le reprochaba el diputado morado Javier Sánchez Serna.
Unos comentarios que no gustaron a Nogueras que aseguró que "es tan anticatalana y centralista la extrema derecha como la extrema izquierda".
Otros partidos optaron por atacar a Podemos por su voto contrario, aumentando la brecha entre los partidos de izquierda.
"O somos corresponsables y sensatos o aquí no se aprueba nada", decía el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu de cara a lo que viene por delante.
Gabriel Rufián optó por mostrar su decepción con Podemos, pero coincidió en señalar que Nogueras había hecho un discurso “racista”. El choque entre ERC y Junts ya es un clásico de esta legislatura.
Otro aspecto destacado fue el resquebrajamiento de Sumar, que acudió al debate dividido.
El diputado de la CHA, Jorge Pueyo, votó en contra, al igual que uno de los dos representantes de Compromís, Alberto Ibáñez, mientras que la otra nacionalista valenciana, Águeda Micó, integrada en el Grupo Mixto, votó a favor.
Los de IU, que amagaron con votar en contra durante toda la jornada y estuvieron manteniendo varias reuniones a lo largo del día, al final optaron por el voto afirmativo a la tramitación, pero no sirvió para nada.
Tampoco parece que las siguientes sesiones vayan a ser muy productivas.
La primera semana de octubre no habrá pleno y el día 9 tampoco, porque se celebra el Día de la Comunidad Valenciana. Una forma de disfrazar la cesión a los separatistas catalanes de que la Diada fuera fiesta de guardar en el Congreso.
