La UCI advierte que Sánchez pone en peligro la seguridad de eventos como las finales de la Champions o el Mundial y la F1

Eventos como las finales de la Champions o el Mundial de 2023 y la seguridad de la Fórmula 1 o la salida del Tour de Francia del año que viene desde Barcelona corren peligro.

Varias federaciones internacionales han tomado nota de los altercados provocados por manifestantes propalestinos, que convirtieron Madrid en un caos, pero sobre todo de lo que consideran una instrumentalización política y una injerencia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La UCI (Unión Ciclista Internacional) afirma que lo sucedido "pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica".

Todavía no se ha decidido qué estadio albergará la final del Mundial 2030, que tiene al Bernabéu como favorito, un acontecimiento por el que Marruecos apuesta fuerte para llevar a Casablanca.

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Más inmediata es la salida desde la Ciudad Condal del Tour de Francia. La empresa que organiza la competición, ASO, es la misma que organiza La Vuelta y el rally París-Dakar, y había decidido que la 113ª edición saliese por primera vez de Barcelona.

Además, hay otros eventos cuyo "buen desarrollo" en condiciones de seguridad están amenazados. Uno de ellos es el Gran Premio de España de F1, que acogerá Madrid por primera vez entre 11 y el 13 de septiembre de 2026.

Ya en 2017, el 5 de junio, el estadio del Atlético de Madrid ha sido elegido para acoger la final de la UEFA Champions League.

El comunicado de la UCI señala directamente a Pedro Sánchez: "El presidente del Gobierno español y su equipo han respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que, en algunos casos, han expresado su admiración hacia los manifestantes".

Tal y como ha podido constatar EL ESPAÑOL, entre las más altas instancias deportivas de nuestro país hay indignación con las declaraciones del presidente y de varios miembros de su Gobierno contra La Vuelta.

No acaban de entender qué se pretende con unas manifestaciones que alentaron el boicot y advierten de que el Comité Olímpico Internacional está "indignado" con las imágenes que se registraron este domingo en Madrid.

"El deporte internacional no va a permitir ninguna injerencia política de ningún Estado ni de la Unión Europea", afirman en privado.

También creen que ninguna federación internacional se va a posicionar del lado de Sánchez, lo que podría ahondar en la imagen de aislamiento que España viene transmitiendo en los últimos meses.

Para tratar de contrarrestar las críticas, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha enviado una carta en la que vincula las protestas con "el derecho de manifestación" y defiende que se trata de "una causa justa y noble en defensa de los Derechos Humanos".

Sobre el cuestionamiento de la capacidad organizativa, el Secretario de Estado para el Deporte defiende que "en España hacemos las cosas con éxito y seguridad". "Los numerosos eventos internacionales que ya hemos albergado y que seguiremos organizando dan muestra más que suficiente del buen hacer del pueblo español", afirma.

El CSD responde a la UCI: "'Blanquear' a través del deporte un genocidio sí que contraviene la Carta Olímpica"

Uribes le reprocha a la UCI que se esté "blanqueando a través del deporte un genocidio" y que "no realizara en ningún momento una petición expresa al Gobierno de Netanyahu" para "que pare la masacre".

Críticas de socios europeos

El malestar también se extiende a las cancillerías y gobiernos europeos.

De momento, la única en exteriorizarlo ha sido la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, que ha criticado las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista a España y ha acusado a Sánchez de "aplaudir a los vándalos".

Más conmoción ha causado ver al jefe del Ejecutivo este lunes reafirmándose en su respaldo a los manifestantes y alentando las protestas por todo el planeta.

Durante un discurso en el Congreso ante los diputados y senadores del PSOE, Sánchez pidió que "esas manifestaciones" crezcan "por otras partes del mundo".

Más medidas

Lo que parece evidente es que Moncloa ha encontrado en la causa palestina una forma de polarizar y, de paso, abanderar una reivindicación con amplio apoyo entre la izquierda, justo cuando las encuestas señalan el desgaste de PSOE y Sumar.

Algún socialista aseguraba ayer que esta posición del partido ya está reactivando a sus bases en los trackings internos.

Tras la movilización que reventó el final de La Vuelta Ciclista, fuentes gubernamentales dan por "seguro" que habrá nuevas medidas contra Israel si no cesan las operaciones militares de Benjamin Netanyahu en Gaza.

En Moncloa no quieren adelantar nada y esperan que, de momento, calen las anunciadas el pasado lunes por Sánchez.

Entre las que prometió están, por ejemplo, la prohibición de entrada al territorio español de todas las personas que participen en lo que el presidente del Gobierno ha calificado como "genocidio".

Ese término ha abierto un conflicto diplomático con Israel, que ha llegado a amagar con boicotear el Mobile World Congress que se celebra en Barcelona.

La idea del Gobierno era aprobar este martes un Real Decreto con medidas contra Israel en el Consejo de Ministros, pero en el seno del Ejecutivo había dudas. Todo parece indicar que irá la próxima semana y se podrían añadir algunas más a las nueve que anunció Sánchez.

De ahí que los socios presionen para añadir nuevas medidas. Sumar ha registrado en la Comisión de Hacienda una Proposición no de Ley para incluir una "cláusula expresa de exclusión de aquellos operadores económicos" que "participen directa o indirectamente en proyectos, obras o servicios vinculados con la opresión".

De aplicarlo, esto impediría, por ejemplo, contratar más material tecnológico y militar a Elbit Systems Ltd, la multinacional israelí que fabrica armas para decenas de ejércitos de todo el mundo.

De momento, en la coalición de izquierdas no les consta respuesta por parte del ministerio de María Jesús Montero, que sigue estudiando la medida aunque en Moncloa deslizan que "de momento no hay previstos de ese cariz".