Un documento de Hacienda admite que las CCAA no podrán usar dinero de la quita en gasto social pese a afirmarlo Montero

El texto, elaborado por los técnicos de Hacienda, fue publicado el pasado mes de mayo para la exposición pública del anteproyecto de ley que el martes aprobó el Consejo de Ministros. Y coincide tanto con el criterio de la AIReF como con el argumento de las CCAA gobernadas por el PP para rechazar la medida.

En sus ocho folios, establece que la aplicación del artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las Comunidades Autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto".

Esto también desmiente lo defendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes pasado en TVE, cuando sostuvo que las autonomías que se acojan a "la condonación de 83.252 millones dejarán de pagar intereses de la deuda y, por tanto, podrán destinarlo a educación, becas, sanidad".

Montero, incluso, fue más allá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, al asegurar que las CCAA deberán usar para "nuevo gasto social" los 6.700 millones de ahorro de intereses. Por eso, según la ministra, no era entendible que las gobernadas por el PP rechazaran la medida.

Lo contrario

Sin embargo, el documento oficial que explica el Anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común establece lo contrario.

Entre el final de la página 6 y el inicio de la 7, el texto especifica que se busca "evitar la aparición de problemas de riesgo moral" mediante "la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las Comunidades Autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto".

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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) desmintió con rotundidad al Gobierno, dando la razón a los consejeros del Partido Popular que, en bloque, anunciaron en EL ESPAÑOL que ni siquiera se reunirán con Hacienda. "No caeremos en esa trampa", afirmaron fuentes de la dirección popular.

El organismo independiente mantiene lo que expresó su presidenta el pasado febrero ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera: "El ahorro de intereses no modifica el cálculo de la regla de gasto impuesta por la UE y trasladada por la ley española y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas".

La AIReF, una entidad creada a instancias de la Comisión Europea tras la anterior crisis financiera y guardián de las cuentas públicas, desmiente tanto al presidente del Gobierno como a su vicepresidenta de Hacienda.

Cambiar la ley de 2012

Consejeros de Hacienda autonómicos del PP consultados por este diario ven claro que, a la vista del texto oficial y la rotunda posición de la AIReF, sólo podría cumplirse lo que defiende Sánchez con una reforma de la Ley de Estabilidad de 2012. Pero que "este Gobierno no tiene mayoría parlamentaria para cambiar una ley orgánica, y menos una que enfrenta territorios y dividiría a Sumar", el socio minoritario del PSOE.

Fuentes de la dirección del PP lamentan "que Montero no sepa de lo que habla, y dijera en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, no ya que se podría usar ese dinero en gasto social... sino que era obligatorio".

La estrategia del PP se fraguó hace ya un año, cuando el PSC y ERC pactaron esta medida entre los acuerdos para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. El pasado septiembre, en una cumbre celebrada en Madrid todos los presidentes autonómicos del partido expusieron sus reticencias, reunidos con Alberto Núñez Feijóo.

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Cuatro meses después, en otra cita celebrada en enero en Colunga (Asturias), "unos y otros expresaron con detalle la situación financiera de sus respectivos territorios" y "acordaron ser firmes en esta posición común", según fuentes de la dirección popular.

Algunos presidentes, entonces, estaban más tentados a aceptar la "mal llamada" condonación. Pero no tanto por el uso de los ahorros en intereses "que es ninguno, como dejaron negro sobre blanco los técnicos de Hacienda en mayo", sino por la subida en la calificación de solvencia ante los mercados.

"Eso es lo que busca Cataluña", explica una fuente del PP. "Que le paguemos todos los españoles con nuestro dinero lo que otras CCAA han hecho con esfuerzo y buena gestión... para seguir endeudándose, esta vez al menos por su cuenta".

Bruselas advierte

Una interpretación que comparten fuentes de la Unión Europea consultadas por este diario.

Estas fuentes añaden que "no es una quita ni una condonación, es una redistribución de la deuda. E implica que la deuda generada por quienes impulsaron la declaración de independencia en 2017 se reparte ahora entre todos los ciudadanos españoles".

Recuerdan que "la Generalitat comenzó a tener dificultades para financiarse en los mercados tras la crisis de 2008, y especialmente desde 2012-2013, debido a la incertidumbre política generada por el proceso separatista".

Según los datos oficiales de contabilidad nacional, Cataluña está en la media de financiación por habitante de las CCAA. Es decir, que no está entre las regiones infrafinanciadas.

La restricción del uso del ahorro se une a un hecho incontestable: que la llamada quita no es tal para los ciudadanos, pues siguen asumiendo la misma deuda, ya no como habitantes de su región, sino como habitantes de su país.

Una redistribución que beneficia especialmente a la Administración catalana, según todas las fuentes consultadas, y que el propio documento de Hacienda reconoce que no permitirá el gasto social prometido por Sánchez y Montero.