Una delegación del PNV, con Andoni Ortuzar en el centro (en ese momento presidía el partido), frente al palacete de París que era sede del Instituto Cervantes. PNV
Transparencia exige al Gobierno que haga públicos en 10 días los motivos para regalar al PNV el palacete de París
El organismo considera que el interés general de conocer el destino de bienes públicos prima sobre las excusas de "complejidad" que arguye el Gobierno.
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El Consejo de Transparencia ha exigido al Ministerio de Memoria Democrática que, en un plazo máximo de diez días hábiles, haga públicos los expedientes con los que justifica la donación al PNV de un palacete de París que era sede del Instituto Cervantes.
La resolución, con fecha 3 de septiembre, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, considera que el interés general de conocer el destino de bienes públicos prima sobre las excusas de "complejidad" esgrimida hasta ahora por los Ministerios de Hacienda y Política Territorial.
El Consejo de Transparencia acepta así el recurso de la Asociación Impulso Ciudadano, que rechaza "la conducta dilatoria del Gobierno al ampliar plazos de forma injustificada" para evitar facilitar la información.
También exige esclarecer unas actuaciones que afectan directamente al patrimonio del Estado.
El traspaso del palacete —un inmueble de 1.309 metros cuadrados en la avenida Marceau de París valorado en decenas de millones— se realizó gracias a una modificación en la Ley de Memoria Democrática que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2024.
Este cambio normativo desactivó expresamente una sentencia del Tribunal Supremo de 2003 que negaba tanto la restitución del edificio al PNV como cualquier compensación económica, por no estar acreditada la incautación ni la titularidad del partido sobre el inmueble.
Moncloa trató de colar el traspaso del palacete en el famoso decreto ómnibus de enero de este año, que fue tumbado en el Congreso.
Sin embargo, fuentes del PNV confirmaron a este periódico que la cesión del edificio quedó registrada como un "acto [jurídico] ya completado", por lo que no afectó que el decreto del Gobierno no siguiera adelante.
La controversia se agravó al conocerse que, junto al traspaso del palacete, el Gobierno abonó también 3,8 millones de euros al PNV en concepto de "compensación" por dos inmuebles en suelo francés —en Noyon y Compans— que en la actualidad ni siquiera existen ni pertenecen al Estado español.
Localización de los tres palacetes reclamados por el PNV en las localidades francesas de París, Noyon y Compans.
"Victoria de la sociedad civil"
El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha denunciado que "estamos ante un caso de enorme trascendencia democrática", debido a que "se han tomado decisiones que afectan al patrimonio común de todos los españoles y que benefician a una sola formación política".
Desde la asociación han celebrado la resolución de Transparencia como "una victoria, no sólo de nuestra asociación, sino de la sociedad civil que exige claridad y rendición de cuentas".
"La ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones en que el Gobierno decidió regalar un bien destinado a la promoción del español y de la cultura española en Francia, a un partido político como el PNV que se opone a esta promoción", señala Domingo.
La historia de la reclamación del palacete de la avenida Marceau de París se remonta a 1936, en plena Guerra Civil.
El PNV defiende que el inmueble fue comprado por un testaferro con fondos recaudados en nombre del partido con el objetivo de trasladar a Francia parte de su estructura.
El inmueble se convirtió en la sede del Gobierno vasco en el exilio durante la contienda española, pero con la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial, las autoridades alemanas se lo entregaron al régimen de Franco.
El Estado español adquirió el inmueble en virtud de una sentencia dictada el 21 de julio de 1943 por un tribunal de París, que fue corroborada en 1949 y 1951, ya tras la liberación.
Pero el PNV llevaba años asegurando que este edificio, junto a los otros dos de Noyon y Compans, les fueron incautados y que deberían haberse restituido, o en su defecto compensarles, en virtud de la Ley 43/1998 de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
El PNV pidió la restitución del edificio o una compensación tras la aprobación de la norma, pero el Consejo de Ministros, presidido entonces por José María Aznar, lo denegó en enero de 2001.
Los servicios jurídicos del Gobierno consideraron que el edificio nunca fue "incautado" en los supuestos que establece la ley de 1998.
Por otro lado, el Consejo de Ministros resolvió también que el PNV no había podido acreditar su titularidad y vinculó al testaferro con el Gobierno vasco, no con el partido político.
El PNV recurrió esta decisión del Consejo de Ministros, pero el Tribunal Supremo falló en 2003 que, efectivamente, no cabía una restitución en virtud de la Ley 43/1998 porque el edificio no había sido incautado en función de la compensativa prevista en la norma.
![Antonio Hernández, hasta ahora director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, posó para EL ESPAÑOL con los símbolos de la masonería en febrero de 2022.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2022\/02\/04\/actualidad\/647695234_221601201_1706x1280.jpg"])
