La foto de familia del Rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez rodeados de los presidentes autonómicos, en la última Cumbre de Presidentes celebrada el pasado mes de diciembre en Santander.
El balance autonómico tras dos años del 23-J: mayoría de reproches y frustraciones en los gobiernos del PP... y del PSOE
Barones del PP denuncian falta de diálogo, financiación desigual y centralismo. Las regiones gobernadas por el PSOE siguen a la espera de inversiones prometidas. Y todas, menos Cataluña, Navarra y País Vasco, atacan el 'cupo'.
Más información: Dos años cruzando líneas rojas: amnistía, negociación en Suiza, corrupción, ataques a jueces y medios... el balance de Sánchez.
Han pasado dos años desde que Pedro Sánchez vio la luz aquella noche del "somos más", el 23-J de 2023. El mapa autonómico se le había tornado casi completamente azul, y él había apostado al todo o nada con el adelanto electoral.
Jugó su única baza y la ganó... perdiendo, pero sabiendo que sumaría, porque la amnistía ya estaba comprometida.
Ahora, los presidentes autonómicos de todos los signos políticos coinciden al hacer balance de la primera mitad de legislatura.
Con distintos matices, ya sean los (pocos) socialistas que quedan, los (muchos) populares que gobiernan, o las coaliciones en País Vasco y Canarias, apuntan a que la relación entre la Moncloa y los territorios ha sido áspera, marcada por reproches y frustraciones, más que por avances o consensos.
El Gobierno central presume de "récord en transferencias a las Comunidades", gracias al maná de los fondos europeos NextGen y a los recursos extraordinarios ligados a la pandemia.
El montante global de fondos entregados a los territorios, es cierto, no tiene precedentes "desde el inicio de la democracia".
Sin embargo, la mayoría de las autonomías, tanto del PP como del PSOE o de formaciones como Coalición Canaria y PNV, apuntan que el problema real es de "falta de diálogo" y de "justicia en las decisiones", no de cantidades brutas.
Comunidades del PP
En el grupo de gobiernos autonómicos del PP, el malestar es evidente. Todas ellas —que son 11 de las 17 (o 12 si contamos con la alianza en las islas afortunadas)— hablan de un Ejecutivo que "prioriza la confrontación" y utiliza "acuerdos bilaterales" con los territorios de sus socios clave "como moneda política".
Desde Aragón, la expresión que más se repite es ésa, "política de confrontación".
Las fuentes del Ejecutivo de Jorge Azcón critican que los delegados del Gobierno central han asumido un papel de oposición frontal, en general, contra los presidentes autonómicos.
Y que los ministros han hecho lo mismo: "Con esa estrategia es imposible que funcione el lógico entendimiento entre gobiernos".
![Carlos Mazón. Efe / Pep Morell](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/14\/actualidad\/1003743847533_257276171_320x180.jpg"])
La queja más reiterada se refiere a la financiación autonómica y las "mal llamadas" quitas de deuda a partir de los acuerdos con los independentistas de Cataluña.
El pacto bilateral con la Generalitat para el "cupo separatista" es rechazado, por ser un privilegio que "amenaza la igualdad del sistema".
En comunidades como Castilla y León lo ven como "un peligro directo para la viabilidad" de sus servicios básicos.
Desde el entorno de Alfonso Fernández Mañueco, la iniciativa se tacha de "guiño al independentismo" y como la "confirmación" de que al Gobierno central le vale "romper la caja común" y debilitar los principios de financiación multilateral "si eso lo mantiene unos días más en Moncloa".
El equipo de Mañueco califica de "ataques a la cohesión y al territorio" el cierre de paradas de AVE en ciudades como Segovia, Medina del Campo o Sanabria y la reducción de paradas de autobús en 346 pueblos, lo que consideran "un golpe a la España rural y vaciada".
El malestar se amplifica con la percepción de marginación en el reparto de ayudas estatales a agricultores y ganaderos, y de fondos europeos "que llegan de manera retrasada al tejido productivo local".
En Baleares, la crítica va más allá del dinero. Un portavoz de Marga Prohens, en conversación con EL ESPAÑOL, pone el foco en lo que califican de "invasión de competencias", citando como ejemplo "más palmario" la amenaza de la "llamada armonización fiscal".
La presidenta balear denuncia una "política jacobina, alejada del federalismo que Sánchez dice defender".
Y remarcan, de nuevo, que el debate sobre el nuevo sistema de financiación "ha sido hurtado y sustituido por negocios bilaterales a la carta únicamente con quienes potencian el apoyo en el Congreso".
El caso de Galicia es aún más detallado. Coinciden con sus colegas autonómicos populares en que la negativa estatal a "negociar desde la multilateralidad" tendrá "gravísimas consecuencias" para todas las CCAA que no son Cataluña, dentro del régimen común.
Pero a eso se suman las quejas sobre "la demora en el reparto de fondos europeos industriales para los PERTE, que son gestionados directamente desde Madrid", y las nuevas leyes educativas "impuestas desde el Gobierno central, sin memoria económica ni consenso autonómico".
![La_financiación_singular_43](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/15\/actualidad\/1003743847728_257279718_320x180.jpg"])
No falta, tampoco, la referencia al decretazo para el "reparto desigual de menores migrantes": el Gobierno de Alfonso Rueda sostiene que el sistema asigna cargas sin explicar los criterios de fondo, con vascos y catalanes "favorecidos en las cuotas".
En Extremadura se lamentan de que no se les trate "como prioridad". Las quejas se centran en la tardanza de Sánchez en recibir a la presidenta, María Guardiola, y sobre todo, por "la inacción en la reforma del sistema de financiación autonómica".
Esta comunidad reclama un reparto que compense "el sobrecoste" en la prestación de servicios a su población "dispersa", una mayor inversión y "apoyo eficaz para mejorar infraestructuras históricamente olvidadas", como la conexión ferroviaria con Madrid y Lisboa.
Las inversiones prometidas para el AVE extremeño, aseguran, "siguen sin llegar o llegan tarde", y la Comunidad teme no alcanzar los objetivos de la conexión internacional antes de 2030.
Crisis migratoria y "hecho diferencial"
La perspectiva de Fernando Clavijo al frente del Ejecutivo compartido entre Coalición Canaria y el PP suma el agravante de la "emergencia migratoria".
El Archipiélago está viviendo la peor crisis de llegadas en décadas, y el Gobierno de Canarias ha "necesitado llevar al Estado ante el Tribunal Supremo" ante la "falta de respuesta del Estado".
Denuncian que la reubicación de los menores extranjeros no acompañados (menas) llega "tarde y mal", y que los recursos para la acogida "ni siquiera han llegado". La presión de los cayucos y pateras no se corresponde con la sensibilidad en la asignación de fondos "ni en la cooperación efectiva para enfrentar la crisis humanitaria".
Canarias insiste, además, en otro lunar: la doble prórroga presupuestaria a nivel nacional, que ha bloqueado entregas a cuenta, transferencias e inversiones necesarias para mantener y mejorar servicios públicos. "El Estado ha retrasado incluso partidas esenciales para las islas".
Si con un partido tiene buena relación Coalición Canaria en el resto de España es con el PNV. Juntos diseñaron, Clavijo e Imanol Pradales, el decreto para el reparto de menas, el pasado diciembre. Y de la mano van en muchas políticas territoriales.
Pero en lo que no coinciden es en muchas de las reivindicaciones de transferencias en las que basa el Gobierno del País Vasco su relación con Moncloa.
![Adrián Barbón, presidente socialista de Asturias, toma unas sidras con Pedro sánchez en el pabellón asturiano de Fitur 2025.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/19\/espana\/politica\/1003743855350_257424240_320x180.jpg"])
El lehendakari, que gobierna de la mano del PSE, se ha mostrado especialmente crítico con las "asimetrías" en los avances competenciales alcanzados por su territorio frente a los pactos bilaterales del Gobierno central y la Generalitat.
La gestión de la Seguridad Social sigue sin transferirse completamente, como reprochaba el propio Pradales a su salida de una reciente reunión con Sánchez, y el PNV insiste en que no es de recibo avanzar con Cataluña mientras se bloquean "derechos históricos en Euskadi".
Barones del PSOE... en 'la oposición'
En el bloque socialista, solo en la Cataluña de Salvador Illa y en la Navarra de María Chivite se puede hablar de balance triunfalista.
El entorno de Illa destaca como éxitos "la pacificación" de la región, de la mano de los pactos de Sanchez con ERC y Junts.
Y en lo político, condonación de unos 15.000 millones de euros de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), puesta en marcha. Además, el traspaso de competencias como la de Rodalies, todavía en fase de compromiso.
Por su parte, los portavoces de Chivite presumen de la transferencia de la competencia de tráfico a la Policía Foral, que supuso la expulsión "de facto" de la Guardia Civil. Y a pesar de la derivada navarra de origen en el caso Cerdán, la sintonía con Moncloa permanece indemne.
Castilla-La Mancha está presidida por Emiliano García-Page, la punta de lanza de la oposición a Pedro Sánchez. Tanto que cuesta llevar a sus portavoces a un balance territorial de los dos primeros años de legislatura.
"El problema de raíz" está, según el entorno de Page, en la falta de mayorías claras tras el 23-J. La "aritmética parlamentaria" surgida de aquella jornada electoral convirtió al nacionalismo y al separatismo en "árbitros clave de la gobernabilidad, por decisión de Sánchez".
Y desde Toledo lamentan que, aunque sorprendentemente la economía vaya incluso "mejor de lo esperado", la agenda socialista se ha diluido: las leyes que salen adelante "no son las del programa del PSOE", se gobierna "con unas cuentas prorrogadas desde hace tres ejercicios" y "no hay proyecto político".
La crítica se endurece cuando Page apunta que los debates autonómicos realmente importantes —como el nuevo sistema de financiación autonómica, las reformas en servicios sociales, sanidad o educación— han quedado "atrapados en el bloqueo parlamentario".
A la hora de mirar a estos dos años desde la perspectiva autonómica, el Ejecutivo castellano-manchego resalta "lo difícil que resulta encajar el día a día de la región" en una agenda diseñada para "satisfacer" a ERC, BNG, Bildu, Compromís y "a quien tiene el mando a distancia político", Junts.
![Emiliano García-Page, presidente de Caastilla-La Mancha, en el pleno de las Cortes autonómicas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/12\/espana\/politica\/1003743845264_257235456_320x180.jpg"])
En Asturias, la sintonía ideológica y personal de Adrián Barbón con Pedro Sánchez se ha deteriorado, definitivamente, con el "cupo catalán".
El Gobierno del Principado destaca que sigue esperando inversiones prometidas y pactadas en grandes acuerdos para infraestructuras ferroviarias estratégicas. El plan de renovación de la red de Ancho Métrico, pendiente desde antes del 23-J, "sufre retrasos".
Asimismo, el presidente asturiano reclama el apoyo estatal a empresas estratégicas como Duro Felguera, "vital" para el tejido industrial regional.
El Gobierno del Principado también se alinea con otras regiones para pedir una gestión diferente de la política sobre el lobo, recordando a la Moncloa que la inclusión del animal en la lista de especies "especialmente protegidas" lastró la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas extensivas.
Desde Valencia, Madrid y Sevilla
La reciente revelación del informe de la Guardia Civil sobre la dana, donde se acredita la "inexistencia de avisos" de la CHJ "justo en el peor momento" de la crecida del barranco del Poyo, que causó el 86% de las muertes por las inundaciones del 29 de octubre pasado, ha dado la vuelta al relato de la tragedia en la Comunidad Valenciana.
Pero el Gobierno de Carlos Mazón recuerda que su legislatura y la de Sánchez quedarán marcadas, si cabe, más por la gestión posterior al desastre. Y ahí, la negativa a fondo extraordinario del FLA que obligó al Ejecutivo regional a recurrir un crédito bancario de 1.800 millones para financiar la reconstrucción, es la bandera principal del "agravio".
Más allá del consenso en que la región es la "peor financiada" de España desde hace 15 años, aparecen los recortes en el trasvase Tajo-Segura, calificados como "una salvajada y una injusticia" por el entorno del president.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ejerce de ariete popular contra el pacto de la llamada "financiación singular" para Cataluña y el de la "mal llamada condonación de deuda". En la Comunidad de Madrid ambas iniciativas son vistas como "una amenaza a la igualdad" y como "un agravio directo a Madrid", tanto en fondos como en reparto de competencias.
![El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, comparecen este lunes para presentar el acuerdo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/14\/actualidad\/1003743847497_257275593_320x180.jpg"])
Porque el acuerdo Gobierno-Govern incluye una cláusula que afecta a las demás CCAA, a las que se les recortará la autonomía política en sus políticas fiscales. Y porque, según el entorno de Ayuso, Madrid ya está recibiendo una de las menores inversiones por habitante (193€/habitante frente a casi 300€ en Cataluña).
Como los valencianos, desde Andalucía se clama contra la "infrafinanciación" de la Comunidad, lo que supone "una pérdida acumulada de más de 13.000 millones desde 2009".
Pero más allá de ese discurso repetido, el entorno de Juanma Moreno destaca "agravios concretos", como la "desigualdad en dependencia", ya que las finanzas estatales "cubren el 50% del sistema en el País Vasco o Cataluña y solo el 30% en Andalucía".
En estas tres regiones, de especial importancia electoral, sus Ejecutivos dan por sentado que Moncloa está tratando de someterlas a "asfixia", jugando con la potencia mediática de tres candidatos que son a la vez ministros: Diana Morant, Óscar López y María Jesús Montero. Aunque, en lo puramente politiquero, a los tres equipos se les ve satisfechos con una "estrategia suicida" del PSOE.
En la Comunidad Valenciana, en Madrid y en Andalucía se coincide, finalmente, en otros reproches al sanchismo. La asignación "desigual" de los fondos europeos y en los planes de empleo. Y la imposición de "nuevas cargas sin compensación" como, de nuevo, la acogida "impuesta por 'decretazo' de miles de menas" sin apoyo financiero adicional.
