Las CCAA del PP acusan a la ministra de proponer un "acuerdo" sobre Vivienda vacío y le envían una carta con su plan

Los dirigentes autonómicos sostienen que en dicha reunión sólo tuvo lugar la entrega de "una propuesta de 'acuerdo' previo, lleno de generalidades", en el que se da por hecho que las autonomías se comprometen a asumir el 40% de la financiación del plan como "condición imprescindible para continuar cualquier negociación".

En una carta enviada a la ministra a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los consejeros lamentan que "a los pocos minutos de concluir la comisión multilateral se anunciara públicamente que se había alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas".

Las comunidades del PP plantarán a la ministra Rego en la reunión que busca reubicar a menores migrantes

Los implicados lo niegan rotundamente. "No ha existido manifestación de conformidad por nuestra parte en ningún caso, ni se ha pactado ningún documento", aseveran.

Las comunidades del PP ponen el foco en la falta de un calendario por parte del Gobierno para poner en marcha la estrategia de Vivienda y lamentan no haber recibido aún el borrador del plan pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones.

La falta de información y concreción a las comunidades está afectando gravemente -advierten- a la planificación autonómica sin saber qué programas, financiación y condiciones incluirá el plan estatal.

"Este retraso es totalmente injustificado y especialmente grave en el momento actual de dificultad de acceso a la vivienda”, enuncia la carta.

Plan alternativo

En paralelo a sus críticas, las autonomías del PP han presentado su propia propuesta de acuerdo que detallan en un documento de más de seis páginas, también remitido a la ministra Isabel Rodríguez.

Los populares achacan esta crisis a la escasez de oferta de viviendas disponibles y la "inseguridad jurídica generada".

Sostienen que "la defensa de la propiedad privada es esencial en un Estado de derecho" y que "España es, desde hace décadas, un país de propietarios y le ha ido muy bien así".

Su plan incluye disponer suelo para vivienda social y asequible, mediante la movilización de suelo público y la creación de un Portal del Suelo Público como "herramienta de información abierta y transparente".

También el desarrollo de vivienda protegida, "recuperando el modelo de éxito que permitió hacer una España de propietarios en los años 70, 80 y 90"; la rehabilitación integral de viviendas existentes, con apoyo a la industria del sector.

Reclaman proteger a familias en riesgo de pobreza y facilitar el acceso a la financiación, especialmente para menores de 40 años mediante avales que permitan acceder al 100% del precio de la vivienda.

También piden la reducción de burocracia y seguridad jurídica, incluyendo el restablecimiento del "necesario equilibrio entre inquilinos y propietarios" y la eliminación de "las intervenciones de precios que distorsionan el mercado".

Y, por último, una fiscalidad adecuada, con medidas como la reducción del IVA de rehabilitación al 4% y deducciones fiscales para colectivos específicos.

"Actitud constructiva"

Más allá de la confrontación, las autonomías firmantes aseguran mantener una "actitud constructiva" y piden una nueva reunión técnica en la que pueda debatirse en detalle su propuesta.

Su objetivo declarado es evitar bloqueos que, aseguran, sólo perjudican a los ciudadanos en un momento de crisis habitacional.

"El Plan Estatal de Vivienda que va a concretarse para los próximos años ha de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos", defienden.

Sin embargo, advierten que el camino emprendido por el Ministerio "no lo es", por lo que exigen un cambio de rumbo que permita trabajar sobre un documento real y no sobre declaraciones de intenciones.

Vivienda acuerda con Airbnb la retirada de anuncios sin código y el envío mensual de datos desde agosto

Esta semana, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha acordado con Airbnb la identificación y retirada de los anuncios de pisos turísticos que no cuenten con código de registro legal en esta plataforma.

Se trata de seguir "poniendo coto a los pisos turísticos ilegales para garantizar el derecho a una vivienda digna", según las palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

Pero mientras el Gobierno está centrado en su hoja de ruta de medidas contra la especulación y el alquiler turístico ilegal, los ejecutivos autonómicos del PP critican la falta de diálogo real, de documentación técnica y de un calendario concreto que les permita planificar con eficacia.