Bruselas denuncia ante el TJUE que la Ley de Amnistía española vulnera la igualdad ante la ley y la directiva antiterrorista

El Ejecutivo comunitario ha desmontado también los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido para avalar la Ley de Amnistía y sostiene que el objetivo real de Sánchez no es pacificar Cataluña sino "garantizar la impunidad de sus socios a cambio de apoyo parlamentario".

En una vista pública maratoniana de más de seis horas celebrada este martes, la Gran Sala del TJUE ha examinado si la Ley -negociada en Bruselas por Santos Cerdán y Carles Puigdemont- se ajusta al derecho comunitario, y lo ha hecho a partir de los dos primeros casos prácticos llegados a Luxemburgo.

Bruselas dice en el TJUE que la amnistía no responde al interés general sino a un "acuerdo político" para investir a Sánchez

Por un lado, el Tribunal de Cuentas pregunta al TJUE si debe aplicar el olvido penal a los miembros del Gobierno catalán que desviaron hasta 5 millones de euros de fondos públicos para financiar el procés.

En el segundo asunto, la Audiencia Nacional consulta a Luxemburgo si procede amnistiar a 12 acusados de terrorismo de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). La sentencia del TJUE se espera para principios de 2026.

La gran protagonista de la jornada ha sido la Comisión Europea, que por primera vez se pronunciaba públicamente sobre la Ley de Amnistía (su dictamen confidencial negativo fue adelantado en exclusiva por EL ESPAÑOL) y cuya opinión es determinante por su papel de guardiana de los Tratados.

"No parece que la Ley de Amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España", ha explicado durante la vista el representante legal del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca Caviedes.

A juicio de Bruselas, se trata en realidad de una "autoamnistía" que sería "contraria al Estado de derecho" porque se basa en que "quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario".

"La Comisión cree que en último término este asunto suscita una cuestión importante: si es compatible con los valores de la UE conceder una amnistía a cambio de los apoyos para un Gobierno. La Comisión cree que la respuesta tiene que ser negativa", ha subrayado Urraca Caviedes.

Los CDR y el terrorismo

El Ejecutivo comunitario considera que la Audiencia Nacional no debería aplicar la amnistía a los miembros de los CDR porque la norma vulnera la directiva europea de lucha contra el terrorismo.

"Es obligación del juez nacional, si llega a la conclusión de que una disposición de derecho nacional es contraria al derecho de la UE, tratar de realizar una interpretación conforme, lo que parece difícil en este caso", ha señalado el abogado de la Comisión.

"Si ello no es posible, el principio de primacía del derecho de la Unión exige que el juez nacional inaplique la norma nacional que es contraria al derecho de la Unión" y aplique en su lugar el Código Penal, ha reclamado.

La Ley de Amnistía cubre los delitos de terrorismo, salvo cuando suponen "graves violaciones de derechos humanos". Bruselas considera en primer lugar que este concepto "no está suficientemente definido" y crea una "incertidumbre significativa".

En cuanto al resto de delitos de terrorismo, la Comisión señala que las disposiciones de la Ley de Amnistía "carecen de certidumbre, de previsibilidad y de precisión y no son lo suficientemente claras para determinar qué delitos enumerados en la directiva entran en su ámbito de aplicación".

"Observamos dos cosas: el ámbito de aplicación es muy amplio y hay mucha indeterminación. La consecuencia es, por un lado, la violación de la seguridad jurídica. Y por otro podría tener como consecuencia una amnistía demasiado amplia, que viola el efecto útil de la directiva (antiterrorista)", sostiene el abogado de la Comisión.

Por lo que se refiere a la igualdad ante la ley, el Ejecutivo comunitario asume el argumento de la Comisión de Venencia según el cual "la amnistía podría abarcar a muchos ciudadanos que han cometido delitos ordinarios poco o nada relacionados con las tensiones sociales que condujeron a la Ley de Amnistía".

Ello "haría cuestionable la justificación de los beneficios especiales y vulneraría el principio de igualdad de quienes han cometido los mismos delitos ordinarios por otros motivos o durante diferentes periodos y sin embargo no se benefician de la despenalización provocada por la amnistía".

En cuanto a la desviación de fondos públicos, Bruselas considera que la Ley de Amnistía podría haber impedido al Tribunal de Cuentas investigar si se utilizaron subvenciones europeas en el procés, al "ejercer una presión indebida para resolver" en un plazo obligatorio de dos meses.

"Ciertas disposiciones de la Ley impiden al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión y en particular verificar si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal", ha señalado Urraca Caviedes.

Amnistiar a los socios

Finalmente, la Comisión Europea ha desmontado la sentencia del Constitucional que avaló la Ley de Amnistía. El órgano dirigido por Conde Pumpido alegó que solo puede realizar un enjuiciamiento jurídico de la norma impugnada, y no un juicio político.

"Ese no es el criterio interpretativo de este Tribunal (por el TJUE), que siempre ha sostenido que es importante tener en cuenta el contexto", ha replicado el Ejecutivo comunitario.

"Y el contexto de esta ley es que quien está en el poder (en referencia a Sánchez) nunca contempló la amnistía hasta que fue necesario el apoyo del otro partido", recuerda Urraca Caviedes.

"El acuerdo político se plasmó en un documento que es público y en el que no se habla de convivencia y reconciliación. Y aunque se invoque la reconciliación, lo cierto es que la Ley de Amnistía ha conseguido justo lo contrario: ahondar una división profunda en la sociedad española", ha insistido el representante de la Comisión.

Aunque el Tribunal Constitucional haya descartado que se trate de una "autoamnistía" porque entre los beneficiarios no está ni Sánchez ni sus ministros, el Ejecutivo comunitario considera que "merece la misma censura" un Gobierno que amnistía a sus socios a cambio de su apoyo.