El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso este miércoles.
Sánchez anuncia una agencia de lucha contra la corrupción y propone 14 medidas más coordinadas con la OCDE
El Gobierno propone que los partidos que mantengan a condenados por corrupción pierdan las subvenciones públicas. También se aplicará la IA para detectar fraudes en la contratación pública.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente y otras 14 medidas para combatir la corrupción en España.
El denominado Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, elaborado con el respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), constituye la respuesta de Sánchez al estallido del caso Cerdán.
Durante su comparecencia ante el Congreso, Sánchez ha señalado que se trata del "mayor impulso institucional en décadas contra la corrupción", con el objetivo de situar a España "a la vanguardia de Europa" en materia de prevención, detección y castigo de prácticas corruptas.
El plan, que se ha desarrollado en las últimas semanas junto al Departamento de Anticorrupción e Integridad de la OCDE, también incorpora propuestas de grupos parlamentarios como Sumar, además de sugerencias del Foro de Gobierno Abierto y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO)
Entre las medidas más destacadas figura la creación de una Agencia de Integridad Pública, con capacidad independiente y funciones clave en la supervisión y persecución de la corrupción. Este nuevo organismo será el encargado de coordinar los esfuerzos del Estado en la materia y tendrá autonomía funcional frente a las distintas administraciones.
El plan también prevé la implantación de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el objetivo de detectar automáticamente irregularidades en los contratos. Asimismo, se extenderán a toda la administración los métodos de control aplicados en los fondos europeos Next Generation.
Además, se exigirá a las empresas que quieran contratar con el sector público que cuenten con sistemas internos de cumplimiento normativo anticorrupción, y se implementarán pactos de integridad en contratos especialmente sensibles.
Una nueva Ley de Administración Abierta obligará a reforzar la transparencia en la gestión pública, incluyendo controles patrimoniales anuales y aleatorios a altos cargos y nuevas normas sobre la financiación y funcionamiento interno de los partidos políticos.
En el ámbito de la protección a los denunciantes de corrupción, el Gobierno incluirá en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal un marco reforzado de confidencialidad, apoyo legal y garantías para toda persona que denuncie estos delitos ante autoridades judiciales, policiales o fiscales.
En paralelo, se prevé la creación de secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los tribunales de instancia, con jueces expertos y procedimientos rápidos para los casos que impliquen a cargos públicos. También se impulsará una reforma del modelo penal para que la instrucción de los casos pase a estar en manos del Ministerio Fiscal.
El Código Penal se endurecerá, con sanciones más severas y mayores plazos de prescripción para los delitos relacionados con corrupción, además de introducir multas proporcionales a los ingresos anuales de las empresas implicadas.
Partidos condenados
En el ámbito político, los partidos que mantengan a condenados por corrupción en sus listas o cargos de dirección podrán perder las subvenciones públicas. También se reforzarán las sanciones por infracciones contables internas.
Para recuperar el dinero robado, el Ejecutivo aumentará los medios de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y permitirá aplicar decomisos preventivos sin necesidad de condena penal previa, con el fin de evitar que los bienes desaparezcan durante los procedimientos judiciales.
Finalmente, el plan plantea fomentar una cultura pública de integridad mediante campañas de concienciación, formación específica para empleados públicos y estudios anuales sobre la percepción ciudadana de la corrupción. ¿Cómo? Haciendo más encuestas del CIS.
Sánchez ha asegurado que el plan contará con mecanismos de seguimiento, evaluación técnica y rendición de cuentas elaborados por la OCDE. “Vamos a cumplir hasta la última coma”, ha prometido.
Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción
EJE 1 – Prevención de riesgos y fortalecimiento de controles
1. Agencia de Integridad Pública independiente.
2. Extensión del modelo Next Generation a toda la Administración.
3. Nueva Ley de Administración Abierta y más transparencia.
4. IA para detectar fraudes en la contratación pública.
5. Compliance obligatorio y pactos de integridad en contratos.
6. Retirar subvenciones a partidos con condenados o malas prácticas contables.
EJE 2 – Protección a los denunciantes de corrupción
7. Garantías legales y confidencialidad para denunciantes.
EJE 3 – Refuerzo de la capacidad del Estado para investigar y sancionar
8. Más medios para la Fiscalía y reforma de la instrucción penal.
9. Listas negras de empresas condenadas por corrupción.
10. Endurecimiento de penas y multas basadas en ingresos.
EJE 4 – Recuperación de bienes robados
11. Refuerzo de la Oficina de Recuperación de Activos.
12. Decomisos preventivos sin condena previa.
EJE 5 – Cultura de integridad
13. Formación obligatoria de buenas prácticas para al personal del sector público.
14. Campañas públicas de concienciación sobre anticorrupción
15. Encuestas sobre la percepción de corrupción
