El Gobierno ofrece a Canarias trasladar a los primeros 400 menores solicitantes de asilo a Madrid sin informar a Ayuso

El destino es el Centro de Recepción de Emergencias y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Sin embargo, la Comunidad de Madrid asegura no haber recibido "ninguna comunicación oficial" sobre esta medida.

Según fuentes del Gobierno de Clavijo en las islas, la oferta se realizó "de palabra" este martes, "sin documento alguno que la acredite".

La iniciativa surgió en la primera reunión del Grupo de Trabajo entre el Ejecutivo central y el autonómico insular.

Esta cita se produjo sólo cuatro días después de que Moncloa entregara al Tribunal Supremo el acuerdo alcanzado para cumplir con la sentencia que obliga al Estado a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo "hacinados" en las islas.

La orden del Supremo, dictada el pasado 24 de marzo, daba al Gobierno un plazo de diez días para actuar. El Ejecutivo no cumplió la orden, alegando "falta de plazas" y la imposibilidad de "habilitar los recursos necesarios en tan poco tiempo".

A finales de mayo, el Supremo concedió "un mes improrrogable" para que el Estado cumpliera "con su obligación legal".

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El viernes pasado, en el último día del plazo, Moncloa remitió finalmente un acuerdo al Alto Tribunal. Y ahora, ya se sabe el destino de la primera mitad de los 827 menores solicitantes de asilo, "en agosto, probablemente", según fuentes conocedoras.

Así lo ha confirmado el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. El portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirma que no tenía conocimiento de la llegada de estos 400 menores migrantes desde Canarias, mientras que criticaba al Gobierno de España su "falta de lealtad institucional".

Estos menores, sin notificación previa al Gobierno madrileño, irán directos al CREADE de Pozuelo de Alarcón, una instalación que el Gobierno de España levantó en el norte de la región con motivo de la guerra de Ucrania.

Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón (Madrid). EP

¿El problema? Lo que se iba a convertir en un asilo para refugiados de guerra, se ha terminado convirtiendo en un espacio "popurrí" donde el Ejecutivo central destina a "miles de personas". Los responsables del centro ya se han comunicado por carta con el Ministerio de Inclusión lamentando la decisión y pidiendo "una solución".

"Sólo quieren enredar"

El ofrecimiento a Canarias, según fuentes insulares, se limita por ahora a las 400 plazas del CREA de Pozuelo. "De momento, sólo esas plazas, y a lo largo de estos dos días nos enviarán un listado más completo de plazas en territorio peninsular", aseguran desde el Gobierno canario.

Por su parte, el Gobierno de Canarias entregaba en la reunión de este martes al Ejecutivo central "el primer listado con menores que ya pueden salir de las islas".

Desde el Gobierno de Canarias, que incluye a Coalición Canaria y al PP, la postura es clara: "No se entiende que el Gobierno ofrezca nada a Canarias, sólo quieren enredar. Son ellos los que deben llevarse a los niños con derecho a asilo político, y ubicarlos donde consideren oportuno".

Según estas fuentes, la tutela de estos menores ya recae sobre el Estado tras la sentencia del Supremo. "El Gobierno de Canarias no tiene que aceptar ningún lugar donde ubicarlos, porque ya todos recaen bajo la tutela del Estado y deben sacarlos", insisten.

El Ejecutivo central, por su parte, busca cumplir con la orden judicial en medio de una crisis migratoria que ha tensionado la relación con la oposición en el Congreso y con los gobiernos de Canarias y de Ceuta.

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También con todas las Comunidades Autónomas, las gobernadas por el PP (14 de las 19) e incluso alguna del PSOE, como Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page se lo reprochó en la última Conferencia de Presidentes y, una semana después, recurrió al Constitucional el "decretazo" para el reparto de 4.400 menas.

La "emergencia humanitaria" de los menores migrantes en Canarias es crítica. Según la información publicada por EL ESPAÑOL, el Gobierno central llegó a admitir ante el Supremo que la gestión de los menores no acompañados "no cumple con el derecho internacional".

Canarias llegó a calificar la situación de "indecente" y exigió una solución urgente. La presión internacional también aumenta: una misión del Parlamento Europeo visitó recientemente las islas para evaluar la crisis y reclamó un "mayor peso de Frontex" en la gestión de las fronteras.

El acuerdo entre Moncloa y Canarias para trasladar a los menores a la Península se alcanzó tras semanas de negociaciones y bajo la presión del Supremo. El Gobierno central se comprometió a trasladar a los menores solicitantes de asilo en un plazo máximo de 15 días.

"Guerracivilismo"

El ejecutivo de Ayuso se ha mostrado siempre beligerante con la política migratoria de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña ya advirtió en marzo que el reto de acoger a más menores migrantes "supera la capacidad de la región", y fue la primera dirigente del PP en recurrir ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores acordado entre el Gobierno y Junts.

La presidenta madrileña defiende que la Comunidad de Madrid ya asume "una carga importante" y que si el Estado no aporta recursos económicos y materiales, se hace inviable acoger a más menores. Ella misma y otros barones del PP han criticado a Sánchez por "utilizar la cuestión migratoria para promover el 'guerracivilismo' y sobrevivir políticamente".

Fuentes del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón confirman a EL ESPAÑOL que ya desde "septiembre de 2023" al centro han llegado personas de origen africano que estaban en Canarias. "Hay peleas y muchos problemas", reseñan en conversación con este diario.

Desde Pozuelo explican que la diferencia en el perfil del migrante acogido es más importante todavía cuando se habla de los menores que van a llegar este agosto, según confirman desde el centro.

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Explican que los adultos están "más de paso", pero los menores que van a llegar ahora lo harán de manera "permanente, y el centro no está pensado para esto".

Algunos de los principales problemas que destacan desde el equipo de la alcaldesa popular Paloma Tejero son los servicios. "Estos jóvenes necesitarán estar escolarizados, además de asistencia sanitaria y social", argumentan.

"Ayudar a los menores migrantes requiere una estrategia nacional seria, no un ejemplo de improvisación cuyo único fin es maquillar la saturación del sistema en Canarias", lamenta Tejero en una carta reenviada al Gobierno central. "No se puede hablar de solidaridad mientras se actúa de espaldas a los ayuntamientos y sin respetar su capacidad real de respuesta".