El PP obligará a Sánchez a comparecer en el Senado al menos una vez al mes tras más de un año sin presentarse

El presidente del Gobierno lleva más de un año sin comparecer en el Senado, como recoge la web de Moncloa. Sus ministros también se ausentan "masivamente y de manera recurrente". Sánchez no concede entrevistas en medios españoles desde hace casi un año y lleva mes y medio sin responder preguntas en ruedas de prensa.

El nuevo artículo 164 del Reglamento es taxativo: "El Presidente del Gobierno responderá preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones, salvo que motivos justificados, notificados a la Cámara, se lo impidan".

Según esta nueva redacción, será la Mesa, "oída la Junta de Portavoces", la que acordará además "el número de preguntas que se pueden dirigir en cada Pleno al Presidente del Gobierno", así como el criterio de distribución entre los Grupos y los tiempos de intervención.

La toma en consideración del proyecto de reforma se votará, junto con las propuestas alternativas, este miércoles. El Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, de modo que sacará adelante su iniciativa y hará decaer la de los nacionalistas e independentistas para introducir las lenguas cooficiales en todos los trabajos del Senado.

"Método de disuasión"

La exposición de motivos de la reforma señala la "evidencia de un preocupante deterioro en el grado de cumplimiento del Gobierno de su obligación de someterse regularmente y sin obstáculos al control político del Senado".

El PP denuncia la incomparecencia de Sánchez y la ausencia sistemática de ministros. Así, el Ejecutivo deberá ahora justificar todas las ausencias con al menos 24 horas de antelación.

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Los grupos parlamentarios podrán, además, "expresar su posición" sobre la suficiencia de los motivos alegados para la ausencia de ministros. Y habrá un turno para ello al inicio de cada sesión "para que quede constancia", apuntan las fuentes, "o al menos, como método de disuasión".

Además, los senadores podrán solicitar que cualquier otro miembro del Gobierno responda sus preguntas. No habrá aplazamiento si el ministro competente está ausente.

Catalán, euskera y gallego

Los nacionalistas e independentistas han presentado una propuesta alternativa, a la que también ha tenido acceso este diario. Quieren que se utilicen las lenguas cooficiales al mismo nivel que el castellano en todos los trabajos orales y escritos del Senado.

También exigen que la Cámara "se dote presupuestariamente" para la compra de pinganillos, contratación de traductores e intérpretes y para que se publiquen todos los escritos y comunicaciones —incluida la página web— en todas las lenguas cooficiales de España.

Esta reforma sobre las lenguas no saldrá adelante. El PP se opone radicalmente. "Nosotros no cambiamos de opinión, como Sánchez", explican fuentes del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta.

Otros cambios

La reforma del Reglamento impulsada por los populares introduce otros cambios. Los juramentos o promesas de senador solo podrán hacerse con las fórmulas "sí, juro" o "sí, prometo". Se evitarán fórmulas creativas en este trámite.

Las declaraciones de actividades, bienes patrimoniales e intereses económicos serán exigibles como requisito para la condición de senador. Deberán presentarse al inicio de la legislatura y ante cualquier cambio. Su incumplimiento será notificado y publicado.

Se facilita la apertura de comisiones de investigación. Podrán pedirla el Gobierno o 25 senadores, sin necesidad de que sean de diferentes grupos. Estas comisiones podrán requerir la comparecencia de cualquier persona, excepto jueces y magistrados, por hechos relacionados con su actividad jurisdiccional.

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El presidente de la Cámara podrá interrumpir un debate si se hacen alusiones que afecten a la dignidad de un grupo o partido. Se concederá un turno de palabra de hasta tres minutos para contestar a esas alusiones.

La Mesa facilitará el voto telemático en varios casos. Entre ellos, embarazo, maternidad, paternidad, adopción, salud, accidente, cuidados, asistencia a reuniones, visitas y viajes autorizados por la Mesa, citaciones judiciales y asistencia a plenos de Asambleas legislativas. También se contemplan otras situaciones excepcionales.

Conflictos con el Congreso

Cuando un proyecto o proposición de ley sea rechazado por mayoría absoluta, equivaldrá a un veto del Senado. Esto pretende evitar casos como el de la "enmienda trampa" que otorgó beneficios penitenciarios a presos de ETA. El PP denuncia que el Congreso bloquea sistemáticamente las iniciativas del Senado.

El Senado se dota, además, de un mecanismo para luchar contra el "congelador de Armengol". Así ha bautizado el PP al bloqueo que la presidenta del Congreso somete a una treintena de proposiciones de ley, ya aprobadas en la Cámara Alta, pero sin tramitación en la Baja.

Si una norma "se demora de forma injustificada", dice el nuevo Reglamento, "un grupo parlamentario o 25 senadores podrán proponer al Pleno el planteamiento de un conflicto de atribuciones".

El Gobierno deberá confirmar, al menos 24 horas antes del fin del plazo de presentación de preguntas, qué ministros acudirán a la Cámara. Deberá justificar adecuadamente las ausencias.

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Las preguntas escritas al Gobierno deberán ser contestadas en 20 días. El plazo podrá prorrogarse otros 20 días más si el Gobierno lo solicita motivadamente y la Mesa lo acuerda.

Más poder para el Senado

La reforma afecta a casi medio centenar de artículos. Limita los tiempos de intervención del Gobierno y permite recurrir al Tribunal Constitucional ante bloqueos del Congreso. El PP busca que el Senado tenga más poder para ejercer una oposición efectiva al Ejecutivo.

La votación de la reforma se celebrará este miércoles. De aprobarse, en el próximo periodo de sesiones, Pedro Sánchez tendrá que comparecer al menos una vez al mes ante el Senado, ya que la nueva normativa entrará en vigor tras su aprobación y publicación oficial.

La reforma supone un giro en la relación entre el Gobierno y el Senado. Obliga a Sánchez y a sus ministros a someterse a la Cámara Alta y refuerza el control sobre la actividad del Gobierno y la relación con el Congreso. También moderniza el funcionamiento de la Cámara y facilita la investigación parlamentaria.