El Gobierno de Sánchez pide a la UE descongelar el debate sobre la oficialidad del catalán tras un año en el cajón

En concreto, Albares reclama incluir el reconocimiento del catalán en la agenda del próximo Consejo de Asuntos Generales de la UE, que tendrá lugar el 27 de mayo y que reúne a los responsables de Asuntos Europeos de todos los países miembros. La presidencia polaca ha accedido a la petición española, pero es altamente improbable que el debate sirva para aprobar ninguna decisión, según explican a EL ESPAÑOL fuentes diplomáticas.

Un gran número de Estados miembros mantienen dudas sobre el impacto financiero, logístico y legal de la petición española, y los informes solicitados sobre estas cuestiones siguen sin concluirse. La inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el reglamento sobre el régimen lingüístico de la UE requiere el apoyo unánime de los 27 Estados miembros, algo que no se vislumbra en absoluto en un horizonte cercano.

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La última vez que la oficialidad del catalán se abordó en el Consejo de Asuntos Generales fue el 20 de marzo de 2024, bajo presidencia belga de la UE. El debate se limitó no obstante a una corta intervención de poco más de cinco minutos del secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, sin que ningún otro Estado miembro, ni la Comisión ni la presidencia se molestaran siquiera en pedir la palabra para dar la réplica. Desde entonces, la petición de Sánchez se ha dejado aparcada en un cajón.

Tampoco hay avances en la petición que Albares ha dirigido a la presidenta de la Eurocámara, la popular maltesa Roberta Metsola, para que el catalán pueda usarse en los plenos. Metsola se ha limitado a crear un grupo de trabajo formado por cinco vicepresidentes -entre ellos el socialista Javi López y el popular Esteban González Pons-, que desde septiembre ha celebrado tres reuniones sin ningún resultado concreto.

En una estimación preliminar, la Comisión Europea estimó que el coste de la oficialidad asciende a 44 millones de euros por lengua y por año. Es decir, que el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego tendría un impacto económico total de 132 millones de euros al año. El Gobierno de Sánchez se ha ofrecido a cubrir íntegramente los gastos, lo que supondría un trato diferente al del resto de lenguas oficiales de la UE, que se financian con el presupuesto comunitario.

Sin embargo, lo que más preocupa al resto de Estados miembros es el precedente que podría sentar el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas para otras lenguas regionales europeas, sobre todo en un momento en el que la Unión Europea pretende dar entrada al club a Ucrania, Moldavia y los países de los Balcanes.