Miguel Polo, presidente de la CHJ, durante una visita a Torrent (Valencia). Efe
La CHJ cobrará 45 millones a los regantes del Júcar y el Turia por obras de reconstrucción tras la dana si el Gobierno no lo corrige
El PP exige al Gobierno en una PNL que evite que "quienes sufrieron los daños" paguen también por la negligencia de la CHJ, aplicando la Ley de Aguas sin atender a que estas obras están "motivadas por una catástrofe natural".
Más información: La Generalitat ve "necesaria la imputación" del presidente de la CHJ tras la confesión de Pilar Bernabé ante la juez de la dana.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), presidida por Miguel Polo y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), prevé cobrar a las comunidades de regantes del Júcar y el Turia el coste de las obras de emergencia ejecutadas tras la dana del 29 de octubre de 2024. La factura asciende a más de 15 millones de euros, en el caso de las infraestructuras hídricas esenciales del Canal Principal del Camp del Turia, y a 30 millones en el del Canal Júcar-Turia.
El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que exige al Gobierno la aprobación urgente de un instrumento normativo para que ese gasto no se repercuta sobre los regantes a través del canon regulador previsto en la Ley de Aguas.
"Estamos ante actuaciones de emergencia motivadas por una catástrofe natural", argumenta la iniciativa, firmada por el portavoz Miguel Tellado y otros 13 diputados populares. "No puede dejarse que quienes sufrieron los daños ahora también paguen la reconstrucción".
La responsabilidad de Polo
La iniciativa parlamentaria no se entiende sin el contexto de la tragedia de la dana y el papel de la CHJ, cuyo presidente se encuentra en el centro de la polémica desde hace seis meses.
La catástrofe natural dejó 228 víctimas mortales, la mayoría ahogadas por la riada del barranco del Poyo, cuya crecida clave en el desastre no fue advertida por la Confederación Hidrográfica, como han declarado ante la jueza testigos relevantes, entre ellos la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
Según fuentes del PP, Polo no sólo no ejecutó obras de prevención que podrían haber evitado o mitigado la tragedia, sino que se ha mantenido escondido y protegido por el Gobierno, pese a que los testimonios judiciales han desmontado las versiones oficiales.
Ahora, la misma CHJ que no avisó ni actuó a tiempo, pretende repercutir el coste de la reconstrucción a los regantes y a los municipios, denuncian los populares.
Miles de regantes afectados
La situación afecta a más de 35.000 usuarios de riego y al abastecimiento de agua potable de más de 2,6 millones de personas en la provincia de Valencia.
El Canal Júcar-Turia atraviesa 14 municipios y es clave para el suministro a Valencia capital, Sagunto, La Ribera y la potabilizadora de Manises. En paralelo, el Canal Principal del Camp del Turia proporciona agua a 24.500 hectáreas agrícolas y a varias localidades del interior valenciano, como Liria, Marines, Bétera o Villar del Arzobispo.
Sin la obra de emergencia ejecutada tras la dana, que incluye bombeos provisionales, acueductos y bypass hidráulicos, buena parte de estos servicios básicos habría quedado interrumpida. Pero ahora, si el Gobierno no "aprueba una normativa específica", les cobrará esos trabajos por la vía del canon, como si se tratara de obras ordinarias.
"Agravio comparativo"
En el texto de la PNL, el PP solicita que los costes "no se repercutan a los usuarios en los cánones y tarifas previstas en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y sean asumidos por la Administración".
Argumentan que hay precedentes legales, como el Real Decreto-ley 8/2023, que contemplaba exenciones similares en situaciones de sequía extrema, o el artículo 58 del Real Decreto-ley 7/2024, que solo prevé reducciones para 2025, pero deja sin solución los años siguientes.
Además, denuncian un "agravio comparativo", ya que otras zonas afectadas por la misma dana del 29-O han recibido ayudas directas o canalizadas a través de Tragsa, mientras que los usuarios del Júcar y el Turia quedarían desprotegidos.
Fuentes del PP insisten en que no estamos ante obras ordinarias, sino ante respuestas a una emergencia "de dimensiones históricas". Y subrayan que, si el Ministerio de Transición Ecológica no actúa a tiempo para evitar la aplicación automática de la Ley de Aguas, se generará una "injusticia mayúscula" con los agricultores valencianos, además de un coste político y jurídico para el Gobierno.
La pelota está ahora en el tejado del Ministerio que dirige Sara Aagesen (sucesora de Teresa Ribera, quien estaba al frente del departamento en la dana), que debe decidir si sigue protegiendo a altos cargos como Miguel Polo o si corrige el rumbo. El PP le insta a que "asuma el coste de una reconstrucción" que, moral y políticamente, "no puede recaer sobre las víctimas".
