Sánchez no tiene sucesor: su hiperliderazgo, único legado de la crisis de los cinco días en la que amenazó con dimitir

El próximo jueves se cumplirá un año de la publicación de la insólita carta de Pedro Sánchez en la que explicaba, con esa frase, que se daba cinco días para meditar si le merecía la pena seguir al frente del Gobierno.

Un año después, el PSOE y el Ejecutivo sufren una especie de "amnesia disociativa", un trastorno que provoca el borrado de recuerdos tras un hecho traumático o estresante.

"Es un tema muy delicado y prefería no comentar nada", asegura un ministro un año después. Y alguno de los colaboradores cercanos del presidente del Gobierno lo corrobora asegurando que no revelará nunca lo que vivió en la Moncloa esos días de abril de 2024: "Me lo llevaré a la tumba".

Las dos preguntas básicas, un año después, son si aquello fue una impostura política y estratégica o un acto sincero de hartura personal, y si ha quedado algo de aquellos días en los que Sánchez amenazó con irse.

Los ministros y dirigentes socialistas que abandonan mínimamente ahora la amnesia disociativa —por supuesto, en privado— explican que vivieron aquellos días de forma muy intensa. Todos tienen la impresión de que realmente el presidente iba a abandonar.

Se acababa de conocer que un juez de Madrid había decidido admitir un escrito de varias asociaciones ultraderechistas contra Begoña Gómez, esposa del presidente, y que había decidido imputarla.

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Luego, todo ha ido a peor en la vía judicial para el presidente, porque se sumó la investigación a su hermano en un juzgado de Badajoz por presunto trato de favor en su contratación por la Diputación provincial.

Y, fuera de su círculo familiar, estalló el caso Ábalos. De la depuración de la responsabilidad política de quien fue mano derecha de Sánchez en el Gobierno y el PSOE por las actividades ilegales de su asistente, Koldo García, se pasó al estallido de un gran escándalo con el exministro y exnúmero dos del partido como protagonista principal.

Es decir, judicialmente todo ha ido a negro en este tiempo, pero entonces la incipiente imputación de su esposa provocó el retiro de Sánchez y los cinco días de incomunicación casi completa.

En este año, Sánchez se ha visto obligado a asumir que el caso de su mujer seguirá al menos hasta que el juez Juan Carlos Peinado no se retire en otoño de 2026, aunque la causa haya ido mudando de piel desde que arrancó.

"Estuvimos casi a ciegas esos días, sin que el líder emitiera mensaje alguno y con la duda de si el lunes tendríamos que elegir a otro líder y a otro presidente, y la incertidumbre de no saber qué sería de cada uno de nosotros", explica ahora un alto dirigente socialista.

La impresión que transmiten es que creen que fue una "decisión muy humana", de alguien que no supo cómo asumir lo que ocurría en su entorno familiar.

"Absolutamente, yo estaba convencido esos días de que se iba. Se han buscado explicaciones, pero al final lo más sencillo es lo más creíble, y es que llegó a un punto anímico límite y no había ninguna estrategia política", explica un ministro.

Añade que unas semanas antes le vio mal, que apreció que "no estaba en el registro habitual" y que algo le pasaba. En su opinión, no puede juzgarse ahora si fue un error, porque no puede hablarse de tal cuando es "una decisión basada en el estado de ánimo, e hizo lo que el cuerpo le pidió".

Aunque luego ha aguantado mucho más: dos declaraciones de su mujer como imputada, la suya propia como testigo ante el juez en la Moncloa, la de su hermano como imputado en Badajoz y resoluciones judiciales ratificando esas investigaciones.

Sin contar la caída a los infiernos de Ábalos, que fue su más estrecho colaborador.

Además de la amnesia disociativa provocada por aquel trauma del retiro y hasta la escenificación con visita al Rey y suspense en su comparecencia del lunes siguiente, algunos confiesan que no entendieron ese movimiento de su líder y que siguen sin entenderlo, al menos, desde una óptica estrictamente política.

De hecho, sólo la explicación como impulso humano de Sánchez les sirve para justificar algo que aún no entienden. Se diría, según lo que explican, que fueron los días en los que más humano le han visto, entendiendo por tal el momento que ha mostrado más vulnerabilidad en toda su larga carrera política.

"Es otro desde ese momento"

Por eso, varios ministros aseguran que desde entonces no le han vuelto a ver igual, que creen que ha borrado en su actuación la huella de esos días. Que lo que ven ahora es el Sánchez de la determinación, que se crece en las crisis, como ocurre estos días con la provocada por la actuación de Donald Trump. Y encima la política interna se centra en la internacional, lo que más le gusta.

"Es otro desde ese momento", explican en su entorno.

Alguno refiere como un momento de vulnerabilidad algo similar el del pasado 3 de noviembre en Paiporta (Valencia), cuando tuvo que escapar protegido para evitar ser agredido. Ese día, Sánchez, según cuentan, estuvo más cerca de lo que se conoce de no salir ileso cuando fue atacado el coche en el que se fue de la zona.

Pero, más allá de ese momento, no han visto nunca más al presidente del Gobierno como aquel fin de semana de abril, ni le han escuchado hablar de lo que ocurrió de esos días. Tampoco lo ha hecho en público.

Para responder a la pregunta de qué queda de aquellos días, hay que remitirse a la sensación de vértigo por vacío político que algunos sintieron en su entorno.

Ya entonces, explicaron que el suceso sirvió para que se plantearan por primera vez seriamente cómo sería la sucesión de Sanchez. Vieron el vacío ante sus ojos y sintieron "terror", palabra utilizada ahora por varios.

Aseguran que, hasta ese momento, ese miedo al vacío sólo había pasado por la cabeza de algunos en 2023, entre el desastre electoral de las municipales y autonómicas y lo que parecía una derrota inevitable en las generales. Hubo movimientos discretos y subterráneos para preparar la sustitución si se iban a la oposición y, por cierto, Sánchez detectó alguno y hubo quien lo pagó posteriormente.

En abril del año pasado los movimientos no fueron discretos, sino visibles y precipitados. Hubo incluso un Comité Federal —rebautizado internamente como "el Comité Funeral"— sin Sánchez y con María Jesús Montero como oficiante.

La primera noche del retiro de Sánchez en la zona de residencia privada de la Moncloa, hubo una reunión casi espontánea en otro edificio del complejo de la Presidencia del Gobierno. Allí estaban los ministros más destacados para analizar la situación y decidir los siguientes pasos.

En esa reunión, según recuerda ahora uno de ellos, Montero aseguró que si Sánchez abandonaba ella también se iría. "Yo me voy con él", aseguran que dijo.

En todo caso, la número dos del PSOE y vicepresidenta —entonces ministra de Hacienda— era la sucesora automática, aunque esos días no les pareció que pudiera ser la heredera aceptada o natural. Así lo reflexionaron entonces ministros y dirigentes socialistas, con la conclusión de que, tras Sánchez, les quedaba sólo la orfandad o el inicio de un nuevo e incierto proceso interno.

Sucesión eliminada

Lo curioso es que, un año después, esa incertidumbre no sólo no se ha solucionado, sino que Sánchez ha reforzado aún más su poder en el partido, hasta el punto de haber eliminado especulaciones sobre las opciones de otros y haber cerrado el paso a la cantera. Pero internamente no se habla de eso.

Montero, desactivada, va camino de Andalucía con un reto político gigantesco y el riesgo de ser líder de la oposición frente a Juanma Moreno. Y Pilar Alegría va a Aragón, por poner sólo dos ejemplos.

Queda libre de compromiso electoral autonómico Óscar Puente, pero su nombre y sus opciones no pasan de una mera especulación que nadie se atreve siquiera a verbalizar dentro del PSOE, aunque se baraje a veces fuera del partido.

Es decir, Sánchez resolvió la sucesión eliminándola, como si no le hubiera gustado lo que vio desde su retiro como posible futuro del partido. Y, sobre todo, ha preparado procesos para imponer su posición y sus candidatos en prácticamente todas las organizaciones regionales, salvo la aldea gala de Emiliano García Page. Ya no hay barones que puedan organizar sucesiones y hasta cinco dirigentes y candidatos autonómicos forman parte de su equipo en el Gobierno.

Varios coinciden en que ahora ni se plantean la sucesión de Sánchez, porque le ven fuerte y capaz de llegar a 2027 y hasta de volver a gobernar después.

Aunque alguno de los ministros consultados desliga totalmente la decisión de enviar a Montero a Andalucía de una posible sucesión y explica que, de hecho, Sánchez no quería, pero se lo pidió el partido en la comunidad porque era la única capaz de poner orden en el PSOE y hacer frente al PP.

Por cierto, que desde los cinco días de abril su equipo más cercano, el del Gabinete de la Moncloa, ha cambiado casi por completo. El jefe de Gabinete es ahora Diego Rubio, en sustitución de Óscar López, y sólo se mantiene Paco Salazar con un papel destacado.

Sánchez salió de su retiro con el discurso de la "fachosfera" y la necesidad de tomar medidas contra los pseudomedios que difunden bulos, tras establecer el relato de que de ahí procedía el supuesto acoso a su esposa.

"Ese discurso abrió los ojos a una parte de la izquierda y sirvió para que se dieran cuenta de que había un acoso y derribo, que no sólo no ha acabado, sino que ha crecido, como hemos visto estos días con Pilar Alegría", explica un destacado ministro.

Otro añade que, efectivamente, ese discurso ha quedado corroborado cuando el PP se ha sumado a los ataques a la ministra portavoz, "basados en un bulo". 

Esas versiones suponen, en todo caso, admitir que un año después no ha cesado lo que Sánchez pretendía frenar con sus cinco días de retiro y con el lista de medidas que se anunciaron entonces para hacer frente a bulos y a lo que consideran "lawfare" o persecución judicial. Por el contrario, ha aumentado.

Medidas concretas

También ha crecido el discurso del cuestionamiento explícito desde el Gobierno contra actuaciones de jueces concretos, como por ejemplo, contra el juez del Tribunal Supremo que mantiene imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ahora nadie se queda atrás en la defensa del presidente y su entorno. Para eso ha reforzado el Gobierno con Óscar López como una voz aguerrida y política para dar esa batalla.

Respecto a las medidas anunciadas entonces, el Gobierno aprobó un plan en el que incluyó algunas sobre los medios de comunicación y sobre corrupción, junto a otras ya previstas. El plan está en marcha y en parte pendiente de las dificultades para lograr apoyos parlamentarios.

El Ministerio de Presidencia asegura que el Plan de Acción por la Democracia, aprobado en Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2024, "pivota sobre tres ejes de actuación: poder ejecutivo y gobierno abierto; medios de comunicación y garantía del derecho de los ciudadanos a una información veraz; y poder legislativo".

Estos ejes se concretan en 11 líneas de actuación y 31 medidas de diversa índole. "A fecha de hoy, se han desarrollado nueve medidas (cinco completadas y cuatro en tramitación avanzada). Por tanto, cuatro meses después de su aprobación el Plan de Acción por la Democracia presenta un grado de desarrollo del 48% (15 medidas de 31 aprobadas o en tramitación avanzada)", informa el ministerio de Félix Bolaños.

Entre las medidas aprobadas se incluye el acuerdo por el que se aprueba el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado, el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada, la puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación y el proyecto de Ley de Grupos de Interés.

Este último, en realidad, ha sido remitido al Congreso, sin que haya avanzado aún su tramitación parlamentaria.

Sobre los medios de comunicación, está pendiente la creación de un registro de medios en el que se disponga de información pública "sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben" y la revisión del marco regulatorio para "garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación".

Sobre el Poder Judicial, el Gobierno ha presentado iniciativas sobre el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal y la limitación de las acusaciones populares. Esta última está en el Congreso y es especialmente polémica, porque afectaría a casos como el de Begoña Gómez. De hecho, la oposición la ha bautizado como "ley Begoña".

Por el momento, un año después no ha mejorado lo que el presidente del Gobierno situó como causa de su insólita decisión de pensarse si merecía la pena seguir.