El PP impulsa planes de empleo y nuevas facilidades al pueblo gitano para el Ingreso Mínimo: el 71% con derecho no lo cobra

Pero también con, al menos, dos iniciativas del Partido Popular para impulsar planes de inserción laboral para los jóvenes gitanos y una batería de facilidades para el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), como instrumento "necesario, pero no suficiente en la lucha contra la pobreza y la exclusión".

En la actualidad, el 71% de los potenciales beneficiarios del IMV pertenecientes al colectivo gitano no lo cobra. El porcentaje es mucho mayor del 58% que presenta la población en general.

Y el partido de Alberto Núñez Feijóo se acoge a las conclusiones y recomendaciones de los informes del Secretariado Gitano y de la propia AIReF "para mejorar sensiblemente" la efectividad de esta renta mínima en el pueblo gitano "y otros colectivos vulnerables".

Las dos proposiciones no de ley (PNL), a las que ha tenido acceso en primicia EL ESPAÑOL buscan acabar con las discriminaciones, a través de medidas concretas, e impulsar una "real igualdad de oportunidades de jóvenes gitanos y gitanas". Una sobre el IMV y la otra sobre igualdad de oportunidades sociolaborales.

Los populares destacan "datos preocupantes" en la integración social del colectivo.

Según un reciente estudio de la Fundación Secretariado Gitano, "el 86% de la población gitana se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza".

Es más, el 67% llega a la pobreza severa, e incluso el 46% llega a la pobreza extrema. Al punto que el 89% de los menores gitanos están "en situación de pobreza infantil".

Para el PP "es evidente que la población gitana, por diversos factores, sufre elevados niveles de pobreza y exclusión social", muy por encima de la media, lo que los convierte en "uno de los colectivos prioritarios para acceder al IMV".

Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular se propone el debate y votación para instar al Gobierno a actuar con firmeza en una batería de medidas.

Ingreso Mínimo

Una mejora de la información efectiva sobre el IMV, sus requisitos y procedimientos, "para incrementar el nivel de conocimiento general de la población elegible", mediante campañas de información e iniciativas para "combatir la brecha digital", como la creación de ventanillas físicas "donde recabar personalmente información".

El PP también pide cruzar bases de datos de cotización a la seguridad social y del SEPE, y de éstas con las de los Servicios Sociales, "para identificar de forma rigurosa las actuales situaciones de vulnerabilidad". Y hacer lo mismo con las bases de datos de todas las administraciones para "llegar a los hogares potencialmente elegibles".

Además de eliminar burocracias "estandarizando la comunicación entre las administraciones públicas y las entidades del tercer sector" en el seguimiento de las solicitudes y denegaciones. Así se ganaría, también, eficiencia "de forma que no sea necesario volver a presentar documentación" que ya está en poder del Estado o las CCAA con competencias.

Y más allá de las medidas administrativas, el PP plantea otras iniciativas directamente pensadas "para salir de la exclusión".

Por un lado, establecer la complementariedad automática del IMV y del empleo, permitir que los jóvenes puedan trabajar antes de emanciparse sin que ello afecte a la prestación de su familia o "unidad de convivencia". Y descontar del cómputo de ingresos las ayudas económicas vinculadas a la formación.

Y por otro, establecer estímulos específicos al empleo vinculados a itinerarios de formación y orientación especializados para hogares en mayor vulnerabilidad, como los monoparentales, desempleados de larga duración o residentes en zonas especialmente excluidas.

Finalmente, pensando en la pobreza infantil y sus consecuencias, el PP quiere que el Estado "garantice que todos los menores beneficiarios del IMV y/o del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) son escolarizados". Y hacer un seguimiento personalizado y continuo de las familias beneficiarias, "incluidas las estrategias de inclusión sociolaboral, para determinar el impacto real de esta política" y saber cómo mejorarla.

Igualdad de oportunidades

A pesar de los avances de los últimos años en la inclusión y la igualdad de género entre el colectivo gitano, y en comparación con el resto de la población, el PP todavía observa "barreras que obstaculizan la plena participación ciudadana de la juventud gitana".

Por eso, la segunda PNL trata de que la llamada "generación ZG, como ya se consideran a sí mismos", deje de sufrir una tasa de paro del 52%, que es "tres veces más que el conjunto de la población española". Dentro de ese porcentaje, "más de la mitad son jóvenes entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan", señalan los populares.

De hecho, hay datos aún más "alarmantes", según destaca el PP. El 66% de los gitanos menores de 30 años sufre pobreza y exclusión en los ámbitos laborales y académicos. Sólo el 17% de las personas gitanas adultas cuentan con estudios de Secundaria Obligatoria.

La proporción de jóvenes gitanos que ni estudian ni trabajan llega al 63% frente al 15% de la media nacional.

Por eso, la formación de Feijóo insta al Gobierno en colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales, a través de esta PNL, a aprobar un Plan de Acción Específico de empleo para jóvenes gitanos.

Los populares proponen "impulsar programas plurianuales" de inserción sociolaboral, y medidas para "luchar contra la discriminación y el antigitanismo" en el empleo y en el acceso al empleo.

Además, "promover la contratación estable" de este colectivo para reducir las condiciones de precariedad laboral, y fomentar "la colaboración pública y de iniciativa social" para trabajar con los grupos en riesgo o en situación de exclusión social y del mercado de trabajo, "entre ellos parte de la población gitana".