El TC anula el protocolo de menas de Canarias pero admite la "emergencia" y reclama la "cooperación" del Gobierno

El TC es categórico en su sentencia de 26 páginas, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que anula de plano el protocolo y considera parcialmente inconstitucional el acuerdo del Gobierno canario por el que Canarias anunciaba que no acogería ni un solo mena más y que llevaría al Gobierno a los tribunales. Pero introduce un largo párrafo en su folio 24 en el que subraya que la situación es de "emergencia" y en el que afea al Gobierno de Pedro Sánchez la falta de "cooperación" y "colaboración".

El texto legal fue presentado en unas fechas en las que se habían roto las negociaciones entre Moncloa y el Partido Popular para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ésa era la vía en la que se había centrado el Gobierno para forzar una reubicación de gran parte de los más de 5.000 menas que ya acumulaban las islas (y de los otros 600 que ya tutelaba una Ceuta "al borde de la quiebra").

La lucha política

Las islas y la ciudad autónoma pedían que Moncloa fuera por la vía del decreto, pero el Gobierno alegaba, con razón, que un texto como ése nunca habría sido convalidado por el Congreso. Y que además había "serias dudas" de que ese instrumento legal fuese constitucional.

Pero el PP exigía una serie de garantías y un cambio "diametral" de la política migratoria. Las primeras consistían en hacer un cálculo ponderado de cuántos menores podría asumir cada autonomía, y contar con financiación del Estado para la asunción de la tutela de esos menores por las CCAA. 

Pero además, para Miguel Tellado, negociador popular, era necesario que Ángel Víctor Torres y Sira Rego, los ministros encargados por Sánchez para solucionar el entuerto, pidieran la ayuda ofrecida por la Unión Europea: agentes del Frontex para patrullar la mortífera ruta canaria desde África Occidental, y la activación del Mecanismo de Solidaridad europeo, para el reparto de los menas también en países de la UE.

Como el Gobierno se negó a ello, y ni ofreció financiación ni un modelo de reparto, los populares suspendieron la negociación. Y Fernando Clavijo, presidente canario, ideó este plan como una vía para que su Ejecutivo pudiese "negarse" a asumir la tutela de ningún nuevo mena. Porque los más de 5.000 chicos y chicas "ya se hacinaban en los 81 centros de acogida" repartidos por Canarias.

Argumentos de Canarias

El protocolo, esencialmente, se basaba en que todos los menores que el Ejecutivo autonómico había venido asumiendo habían sido "rescatados" en alta mar por patrulleras de la Guardia Civil o embarcaciones de Salvamento Marítimo. Y que, dado que los menas estaban en ese momento bajo la custodia de autoridades del Estado, "no se encuentran en desamparo".

Es decir, que la Comunidad Autónoma no tiene por qué estar obligada a acogerlos si ya está "sobreocupada". Y que el Ejecutivo central podía decidir llevarlos a otro territorio español.

La Comunidad Autónoma Canaria sustentaba esta interpretación de las leyes de Extranjería, la de derechos de los extranjeros y la de Protección Jurídica del Menor, en los principios de "colaboración" y de "cooperación" consagrados en la Constitución para arbitrar las relaciones entre el Estado y las CCAA.

Y que esos pilares constitucionales, conjugados con el principio de "solidaridad" que rige entre "los diferentes niveles administrativos del Estado", debían obligar al Gobierno de España a no seguir desembarcando menores en Canarias.

Efe

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Esencialmente, porque es un territorio en el que ya no se puede respetar el "interés superior del menor", que rige sobre cualquier otro criterio de interpretación legal. 

Fuentes del Ejecutivo de Clavijo admitieron en su momento que nunca habrían impulsado un protocolo como aquél de no ser por la "emergencia humanitaria" en la que ya estaban las islas y por la "nula colaboración" del Estado.

Y eso es precisamente lo que reconoce el Constitucional en su fallo, en el que el ponente admite que lo redacta porque es "lo que procede en derecho", pero añade que "no puede cerrar los ojos ante la realidad subyacente" en la crisis migratoria canaria.

Fuentes del PP canario han destacado que "hasta el Tribunal Constitucional reconoce lo que para muchos es una obviedad, que estamos en una emergencia, mientras que otros, como el Gobierno de España, siguen dejando pasar semanas, meses, años, sin afrontar de frente y valentía lo que ocurre en Canarias con la inmigración irregular".

"Fenómeno supraautonómico"

"La cooperación", añaden las mismas fuentes, "tiene que ir más allá de las palabras: más control de nuestras fronteras, despliegue del Frontex, más medios materiales y humanos, más actividad diplomática y de apoyo a los países emisores y, sobre todo, menos ataques a quienes no gobiernan, por desgracia, este país y más responsabilidad con el Archipiélago.

Según el Constitucional, la inmigración "es un fenómeno de evidente naturaleza supraautonómica que trasciende el círculo de sus intereses propios y sobrepasa notoriamente su capacidad de gestión autónoma".

La sentencia recuerda que, junto con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones españolas, el art. 2 de la Constitución "alude a la necesaria solidaridad entre todas ellas".

Además, el Tribunal señala, con vehemencia argumentativa, que su jurisprudencia es clara en reiterar que "el Estado y las Comunidades Autónomas están recíprocamente sometidos a un deber general de colaboración que no es preciso justificar en preceptos concretos, porque es de esencia al modelo de organización territorial implantado por la Constitución".

O lo que es lo mismo, añade, que "el adecuado funcionamiento del Estado Autonómico se sustenta en los principios de cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de éstas entre sí", recuerda, en una llamada de atención, velada eso sí, también al Partido Popular, que gobierna la inmensa mayoría de las CCAA.

El fallo reclama esa "cooperación" del Gobierno recordando la argumentación del demandado, el Gobierno de Canarias, cuando en la exposición de motivos del protocolo describía la "soledad" de las instituciones autonómicas "al descargarse en ellas la respuesta a un problema social y político que excede de sus competencias", como reconoce el TC.

Canarias no incumplió

La sentencia reseña en ese pasaje también que "el Estado ha contribuido al agravamiento de la emergencia migratoria existente como consecuencia del desconocimiento de sus obligaciones de solidaridad", como argumenta el Ejecutivo insular, "hacia una comunidad autónoma con un flujo migratorio de especial incidencia, denegando la prestación de locales disponibles sin uso actual, no adoptando medida alguna de política migratoria que dé respuesta a la crisis existente".

El Gobierno insular había basado su polémica iniciativa en que las autoridades del Estado "entregaban a los niños directamente en los locales de acogida, a las ONG, sin identificar, y repartiéndolos como mercancía, con un mero albarán común de entrega".

Efe

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El TC reconoce esto, también, al salvar de inconstitucionalidad el acuerdo del Consejo de Clavijo para impulsar este protocolo, al menos en parte. El Ejecutivo insular acusaba a Moncloa de "apartarse de los trámites previstos para la correcta puesta a disposición de los menores a los servicios autonómicos de Canarias a fin de posibilitar su satisfactorio acogimiento".

Y la sentencia avala este punto, del mismo modo que reconoce que "no se ha producido materialmente ningún rechazo de menores extranjeros no acompañados en
cumplimiento del acuerdo y protocolo impugnados". Y reseña que "la Administración autonómica sigue haciendo frente a sus responsabilidades constitucionales, estatutarias y legales, aun considerándose desbordada".

Finalmente, el TC recuerda al Gobierno de la nación que debe establecer "un sistema de relaciones presididas por la lealtad constitucional", con la Comunidad Autónoma Canaria. "Principios todos ellos que deben hacerse efectivos al margen, incluso, del
régimen de distribución competencial".