Ayuso desvela que la Eurocámara va a investigar el deterioro del Estado de derecho en España por la "ley Begoña"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el Parlamento Europeo ha aceptado investigar la situación del Estado de derecho en España a raíz de la llamada "Ley Begoña" y la "falta de independencia del Fiscal General", quien se encuentra imputado.

Durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, la líder del PP madrileño ha destacado que las instituciones europeas han decidido abordar esta cuestión debido a "los casos más graves que han ocurrido en el país".

Concretamente, lo que ha aprobado Europa (y ha anunciado Ayuso) es que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo va a introducir "por vía de urgencia" dos peticiones ciudadanas sobre el Estado de derecho y la independencia judicial en riesgo en España.

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Según Ayuso, este inicio de investigación responde a casos que incluyen la "Ley Begoña", que a su juicio busca "socorrer a familiares en apuros", así como la "falta de independencia del Fiscal General", imputado por su presunta participación en una "operación de Estado contra un rival político". También ha señalado la importancia de la "libertad de los medios de comunicación para denunciarlo".

"Las instituciones europeas deben saber que el Gobierno está manipulando las instituciones, el Poder Judicial, y tratando de influir en el Tribunal Supremo y el Constitucional, con el objetivo de garantizar su propia impunidad", ha afirmado Ayuso, dirigiéndose a la bancada del PSOE.

Isabel Díaz Ayuso durante el pleno de la Asamblea de Madrid este jueves 20 de febrero. CAM

Como ejemplos, ha mencionado casos como "los ERE de Andalucía, el procés y el fiscal que ahora se hace pasar por víctima y necesita que lo vuelvan a indultar, como ocurre con quienes lo rodean".

Por todo ello, ha advertido que esta situación se conocerá en Europa: "Me alegro de que este Parlamento dé un paso adelante", ha señalado.

"La impunidad del Gobierno está destruyendo la democracia. Sánchez se exhibe en muchas fotos, pero en realidad no hace nada, permite la entrada de dictaduras bolivarianas y, aquí, actúa de forma profundamente antidemocrática. Que se sepa", ha concluido.

Primera petición

Fuentes de la Puerta del Sol han confirmado a EL ESPAÑOL que las dos peticiones aprobadas en la comisión se enmarcan bajo el título "El Estado de derecho y la independencia judicial en riesgo en España". Según estas fuentes, dichas peticiones han sido registradas por ciudadanos particulares y no por el Partido Popular.

Concretamente, los coordinadores de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo han acordado llevar estas peticiones a su análisis por parte de los eurodiputados en la sesión de la comisión del 16 y 17 de marzo.

Haciendo memoria, el 23 de enero de 2025 se registró una primera petición contra la "Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas", conocida como "Ley Begoña".

Según el peticionario, esta iniciativa responde de forma "ad hoc" a investigaciones judiciales en curso que afectan a familiares del presidente Pedro Sánchez y busca restringir drásticamente la acción popular e introducir una causa de recusación de jueces por motivos "políticos".

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El peticionario también recuerda que la ley permitiría al Ejecutivo blindarse de investigaciones judiciales, dejando el control en manos de un "Fiscal General cuya independencia está en entredicho y que enfrenta una causa penal por abuso de su cargo".

Por todo, ello piden a la Comisión Europea una investigación preliminar sobre esta ley por si el Gobierno, respeta o infringe la normativa europea (en particular los arts. 2 y 19 TUE), la jurisprudencia del TJUE y las recomendaciones de la Comisión Europea y del GRECO. Solicita también que se remita la petición a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Asuntos Jurídicos y Asuntos Constitucionales, para el oportuno seguimiento de la iniciativa.

Asimismo, solicitan que se adopten todas las medidas para tratar de resolver la situación, acordando la celebración de audiencias, visitas de información o preguntas a la Comisión o al Consejo.

Segunda petición

Esas mismas fuentes añaden que ese mismo día también entró una segunda petición para denunciar que "la reforma de la acción popular limita drásticamente la participación ciudadana en la Justicia, restringiéndola a ciertos delitos y excluyendo a partidos, asociaciones y entidades jurídicas. Además, establece un control judicial sobre los querellantes, dificultando aún más su personación en los procesos".

Afirman que la petición subraya que la nueva causa de abstención "obliga a jueces a apartarse de casos si han expresado opiniones críticas o participado en actos relacionados con las instituciones o sus representantes". "Esto supone un ataque a la libertad de expresión y podría derivar en una persecución ideológica dentro del poder judicial".

Dado el riesgo de quiebra del Estado de Derecho, esta segunda petición solicita al Parlamento Europeo que la Comisión Europea investigue si la ley infringe el derecho comunitario y los principios democráticos de la UE y que la petición sea remitida a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Constitucionales para su seguimiento.