Los portavoces del PNV y de ERC, Aitor Esteban y Gabriel Rufián, este miércoles en el Congreso.

Los portavoces del PNV y de ERC, Aitor Esteban y Gabriel Rufián, este miércoles en el Congreso. Efe

Política

La entrega del palacete del Cervantes al PNV en París no tiene vuelta atrás pese a decaer el 'decreto ómnibus'

El PNV celebra que "pese a las infundadas resistencias se haga justicia y el edificio incautado por la Gestapo y posteriormente ocupado por el franquismo esté en manos de su legítimo dueño".

Más información: El PNV consigue quedarse con la sede del Cervantes en París gracias a un cambio a la carta en la Ley de Memoria Democrática

Publicada
Actualizada

El PNV ha anunciado que el inmueble que fue sede del Gobierno vasco ya es suyo. Fuentes del partido nacionalista vasco confirman a EL ESPAÑOL que la cesión del edificio ya ha sido registrada y que se trata de un "acto [jurídico] ya completado", por lo que no afecta que el decreto del Gobierno, que incluía el traspaso, haya decaído.

Es decir, el no de Junts al decreto ómnibus del Gobierno de Pedro Sánchez, un cajón de sastre en el que convivían medidas de muy diverso calado, no significa que se paralice la entrega al PNV de este palacete. 

Desde el partido de Íñigo Urkullu explican que la "no convalidación de un Decreto-ley produce la inmediata cesación de sus efectos y su derogación, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia". Es decir, la transmisión ya ha sido establecida en la ley y el acto ya ha sido completado.

Los nacionalistas vascos han conseguido así uno de sus reclamos históricos: la titularidad del edificio que alberga el Instituto Cervantes en París, ubicado en la avenida Marceau de la capital francesa, y que hasta ahora pertenecía al Estado español. Este logro es algo que los nacionalistas llevan persiguiendo sin éxito desde hace décadas.

El PNV celebra que "pese a las infundadas resistencias se haga justicia y el edificio incautado por la Gestapo y posteriormente ocupado por el franquismo esté en manos de su legítimo dueño".

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de diciembre el cambio de titularidad del edificio, algo que fue posible gracias a una modificación a la carta en la Ley de Memoria Democrática aprobada la legislatura pasada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Con este cambio normativo se ha logrado desactivar una sentencia del Tribunal Supremo de 2003 que rechazaba que el edificio tuviera que cederse al PNV.

Ahora, el Instituto Cervantes tendrá que buscar una nueva sede en París, aunque el Gobierno se ha dado hasta el 31 de diciembre de 2030 para el traslado. Durante ese tiempo, el Estado tendrá que pagar por su uso al PNV una "renta de mercado", un alquiler.  

Reclamación histórica

La historia del edificio de la avenida Marceau se remonta a 1936, en plena Guerra Civil. Según alega el PNV, el inmueble fue comprado por un testaferro con fondos recaudados en nombre del partido. El objetivo era trasladar a Francia parte de su estructura y se optó por la figura del testaferro para que el edificio no fuera incautado.

El inmueble se convirtió en la sede del Gobierno vasco en el exilio durante la Guerra Civil, pero con la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial, las autoridades alemanas se lo entregaron al régimen de Franco. El Estado español adquirió el inmueble en virtud de una sentencia dictada el 21 de julio de 1943 por un tribunal de París, que fue corroborada en 1949 y 1951, ya tras la liberación.

Pero el PNV lleva años asegurando que este edificio, junto a los otros dos de Noyon y Compans, les fueron incautados y que deberían haberse restituido, o en su defecto compensarles, en virtud de la Ley 43/1998 de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.

El fallo del Supremo

El PNV pidió la restitución del edificio o una compensación tras la aprobación de la norma, pero el Consejo de Ministros, presidido entonces por José María Aznar, lo denegó en enero de 2001. Los servicios jurídicos del Gobierno consideraron que el edificio nunca fue "incautado" en los supuestos que establece la ley de 1998.

Por otro lado, el Consejo de Ministros resolvió también que el PNV no había podido acreditar su titularidad y vinculó al testaferro que lo tenía antes de la ocupación nazi con el Gobierno vasco, no con el PNV. Es decir, lo vinculaba al Estado, en vez de al partido político.

El PNV recurrió esta decisión del Consejo de Ministros, aunque con poca fortuna. El Tribunal Supremo falló en 2003 que, efectivamente, no cabía una restitución en virtud de la Ley 43/1998 porque el edificio no había sido incautado en función de la compensativa prevista en la norma.

La sentencia del Supremo recoge que los bienes fueron adquiridos por España en virtud de la sentencia de 1943 y que ésta descansaba en otra ley de 1940 y un acuerdo con las autoridades francesas de 1939.

"Se trata, por tanto, de una adquisición realizada fuera de los márgenes previstos en el artículo 1º de la Ley 43/1998 y, en consecuencia, la resolución recurrida se ajusta a Derecho, al denegar la restitución o compensación de los indicados bienes por este motivo", dictó el Alto Tribunal.

Sobre los edificios de Noyon y Compans, el Supremo dijo que los razonamientos respecto al edificio de la avenida Marceau son aplicables en estos casos también. Además, añade que la petición de restitución por parte del PNV se hizo fuera de plazo.

De Rajoy a Sánchez

Lejos de darse por vencido, el PNV siguió intentando conseguir la titularidad de este edificio ante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de nuevo sin suerte. Pero, sin embargo, sí consiguió arrancarle el compromiso de la cesión a Mariano Rajoy, aunque nunca llegó a producirse porque las negociaciones se interrumpieron con la moción de censura de Pedro Sánchez, en 2018.

Para conseguir el apoyo del PNV a la moción de censura, Sánchez se comprometió con los nacionalistas a respetar todos los acuerdos a los que estos habían llegado con Mariano Rajoy, incluido el traspaso del edificio. Este compromiso, finalmente, se cumplió en forma de una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática creada ad hoc para que el edificio pase a pertenecer al PNV.

En la disposición adicional novena de la norma, se dicta que las disposiciones previstas en la ley de 1998 serán de aplicación también a los bienes obtenidos en el extranjero en virtud de la ley de 1940 y del acuerdo con las autoridades francesas de 1939. Esta redacción desactiva por completo la sentencia del Tribunal Supremo de 2003.

Además, la ley incluye otro párrafo que dicta que serán considerados beneficiarios de la ley de 1998 los partidos políticos con bienes que "hubiesen pertenecido a personas físicas o jurídicas vinculadas a dichos partidos políticos con carácter fiduciario", en referencia al testaferro.

Con esta redacción también se neutraliza el impedimento que había observado el Consejo de Ministros en 2001 sobre la posible titularidad del PNV. Y no sólo se aplica al edificio en la avenida Marceau donde se encuentra el Instituto Cervantes, sino también a los inmuebles en Noyon y Compans.