El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, reunido con Pedro Sánchez el pasado jueves, durante su visita a Madrid.

El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, reunido con Pedro Sánchez el pasado jueves, durante su visita a Madrid. EC

Política FONDOS DE RECUPERACIÓN

Bruselas se salta la norma de fondos UE y no sanciona a España por sus retrasos, según la Eurocámara

Miembros de dos comités de la Eurocámara estudian demandar a la Comisión por incumplir el Reglamento, por los dos meses de más que Gentiloni dio a Sánchez para evitar un recorte del cuarto desembolso.

19 marzo, 2024 02:30

El pasado jueves, la Comisión Europea concedió dos meses de plazo adicional al Gobierno de España, que el pasado 20 de diciembre había solicitado el cuarto desembolso de los fondos Next Generation, por valor de 10.000 millones de euros. La decisión ha sido calificada como una "flagrante vulneración" de la normativa que rige el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por varios eurodiputados, miembros de los Comités de Control Presupuestario y Económico del Parlamento Europeo.

Según las fuentes consultadas en Bruselas, "la decisión se ha tomado sin publicidad y sin justificación alguna". 

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no contempla en ninguno de sus 36 artículos esta posibilidad. Sin embargo, fuentes de la Comisión confirman a este diario que la solicitud de España "comprendía 61 hitos y objetivos [...] con un alto grado de especificidad técnica que requieren un análisis exhaustivo".

El texto reglamentario, de hecho, es muy claro: sólo se puede aplazar la decisión "si concurren circunstancias excepcionales". Y la portavoz oficial de la Comisión asignada a los asuntos del MRR, consultadas por este diario en tres ocasiones en los últimos tres días, no ha sido capaz de dar una respuesta a cuáles podrían ser esas "circunstancias excepcionales".

Díaz, Sánchez y Gentiloni

La realidad es que España no cumplía con los compromisos. Esencialmente, uno de los más importantes incluidos en esta solicitud: la reforma del seguro de desempleo.

El Real Decreto con el que el Consejo de Ministros sacó adelante la norma decayó el pasado enero, por el voto negativo de Podemos. Sus (entonces) cinco diputados acababan de estrenarse en el Grupo Mixto, tras el enfrentamiento del partido de Ione Belarra con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Es decir, la responsable del texto normativo.

A la portavoz de Bruselas se le ha preguntado específicamente sobre si este hito incumplido del seguro de desempleo podría considerarse una de esas "circunstancias excepcionales". Tampoco se obtuvo respuesta.

[Pasados cinco días de la consulta, la portavoz sí aclaró que la normativa de reforma de los beneficios a los parados "no está incluida en los cambios concretos solicitados por España".]

Lo cierto es que a inicios de este mes, el ministro Carlos Cuerpo ya reconocía que podría haber recortes en el cuarto pago, precisamente por esta circunstancia.

También es reseñable que el permiso especial de Bruselas se anunció, precisamente, 24 horas después de que Pedro Sánchez recibiera en Moncloa a Paolo Gentiloni. "El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios", recuerdan fuentes de la oposición española en la UE, "forma parte de la familia socialista, y estamos acabando la legislatura europea".

Denunciar a la Comisión 

Es decir, que aunque la concesión de "dos meses adicionales" a un Estado miembro para la evaluación de sus solicitudes de fondos de recuperación no es reglamentaria, la infracción no tendrá consecuencia alguna.

"No sería políticamente interesante, porque ya no da tiempo, pero el Parlamento siempre puede denunciar a la Comisión ante el TJUE", advierte una de las personas que negocia desde la Eurocámara con el Ejecutivo comunitario. La demanda podría comportar la anulación de la decisión de Bruselas y, en este caso, la consiguiente retención de los fondos a España.

"Nosotros no queremos denunciarlo", explica un dirigente del PP, "porque lo que deseamos es que se acelere y se mejore una gestión de los fondos que es desastrosa, pero es un claro favor político".

Los populares recuerdan, por su parte, que Bruselas lleva meses insistiendo a los Estados miembros que "aceleren" en sus reformas e inversiones para que el MRR sea efectivo, "porque no habrá prórroga más allá de 2026, y España ya va muy retrasada".

Miembros de los dos citados comités de la Eurocámara también sospechan de una decisión política entre compañeros de la familia socialdemócrata, a pocos meses de que Gentiloni se vuelva a la política italiana.

La portavoz de la Comisión alega que estas "modificaciones técnicas a los planes de recuperación no son inusuales y han sido acordadas para otros Estados miembros en el pasado". Según Bruselas, "no afectan la eficacia ni la ambición de los compromisos".

[Y de nuevo, pasados cinco días, la oficina de prensa de Bruselas se puso en contacto con este diario para aclarar que "sí es reglamentario" conceder dos meses más de plazo "si lo solicita el Estado miembro, por ejemplo, para aportar más información que facilite la evaluación de la Comisión". Aunque la portavoz no especifica en qué artículo del Reglamento se recoge esta provisión, sino que alude al "principio general" de la legislación europea, que opera "en favor del Estado miembro".] 

"Más retrasos"

Este martes, se reúne el Grupo de Trabajo para la "supervisión democrática" del buen uso del MRR "en defensa de los intereses financieros de la Unión"

La reunión la presidirá la eurodiputada liberal española Eva Poptcheva (Ciudadanos), la misma que la semana pasada enviaba una carta a Gentiloni [consúltela aquí en PDF], recordándole la obligación de la Comisión de evaluar las solicitudes de pago "sin demora indebida, y a más tardar en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud". 

Eva Poptcheva, durante una entrevista con EL ESPAÑOL, en la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo.

Eva Poptcheva, durante una entrevista con EL ESPAÑOL, en la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo. E.E.

Eso significa que Bruselas debería haber dado una respuesta ya el pasado 20 de febrero. Sin embargo, el anuncio del retraso de dos meses en la evaluación se hizo, incluso, tres semanas después.

[La Comisión, cinco días más tarde de las preguntas enviadas por este periódico para armar esta información, añade la revelación de quién fue el responsable del retraso de un mes en la primera respuesta del departamento de Gentiloni: "Fue de mutuo acuerdo, tras haber solicitado el desembolso el 20 de diciembre de 2023".]

En conversación con este diario, Poptcheva, vicepresidenta del Comité de Asuntos Económicos del Europarlamento, recuerda que España ya se había retrasado "un año en esta solicitud, dado que en todo el año 2023 el Gobierno Sánchez no avanzó", enfrascado en citas electorales desde la primavera hasta el invierno. 

A la cita de este martes en la Eurocámara está previsto que acuda Céline Gauer en representación de la Comisión. Ella es la secretaria general responsable de la ejecución de los fondos europeos y directora general de RECOVER, el Grupo de Trabajo del Ejecutivo comunitario para el MRR.

Hace pocos días, esta alta funcionaria europea mantuvo una reunión con representantes del Partido Popular en la que reconoció "más retrasos acumulados", según fuentes conocedoras, que en el expediente de España hay otras irregularidades con las que se le ha ido haciendo la vista gorda.  

"La plataforma CoFFEE, que debe dar servicio a la gestión de los fondos", explica una de estas fuentes, "sigue sin funcionar adecuadamente y las Comunidades Autónomas no la pueden usar... se siguen comunicando muchas veces con Hacienda enviando hojas excel".

Otro incumplimiento fue el retraso de casi un año en publicar el listado de los 100 mayores receptores finales de los Next Generation.

Y todavía, recuerda Poptcheva en su carta al comisario económico Gentiloni, está en duda que Bruselas vaya a aceptar la reforma de las pensiones. "La autoridad fiscal independiente española (AIReF) ha cuestionado la eficacia del nuevo sistema de equidad intergeneracional para garantizar la sostenibilidad".