Sánchez negociaba con Aragonès mientras el CNI espiaba el teléfono del líder de ERC

A principios de enero de 2020, el PSOE y ERC firmaron un acuerdo que hablaba de “nueva etapa de diálogo sincero” y unos días después, con Pedro Sánchez en la Moncloa, el CNI pedía al Tribunal Supremo autorización secreta para intervenir el teléfono del líder del partido independentista, Pere Aragonès.

El 26 de febrero de 2020, Pedro Sánchez y su entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se reunieron en la Moncloa frente a frente con el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y su vicepresidente, Aragonès.

Era la primera reunión de la llamada Mesa de diálogo para Cataluña y a la salida se dijo que había sido “cordial”. En ese momento, el CNI tenía intervenido el teléfono móvil de Aragonès. Es decir, el presidente del Gobierno podía conocer las conversaciones que mantenía el líder de ERC y toda la documentación que guardaba el terminal del dirigente independentista.

[García-Castellón apunta en otro auto que Tsunami podría "tener en mente" atentar contra el Rey]

En esa mesa se discutió sobre autodeterminación y se fijaron los contornos para la actividad de ese grupo de trabajo durante la legislatura, con un calendario de reuniones que nunca se cumplió por la pandemia.

Sánchez trataba con Aragonès asuntos políticos trascendentes con la opción de disponer de la ventaja de conocer perfectamente sus posiciones, sus límites en esa negociación y sus pretensiones.

Así era porque el mes de enero, mientras se formaba el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el CNI, que depende del Ministerio de Defensa e informa al Ejecutivo de forma directa y reservada, solicitó al juez infectar el teléfono de Aragonès con el programa Pegasus.

El magistrado Pablo Lucas, responsable de esas autorizaciones, accedió a la petición del Gobierno de Sánchez, según consta en el auto que desclasificó el Consejo de Ministros la semana pasada y que ayer jueves fue remitida al juez de Barcelona que instruye el caso Pegasus.

El espionaje, sobre el que Aragonès presentó una denuncia, se convierte en legal por tener la autorización del juez del Tribunal Supremo, pero presenta dudas políticas.

El Gobierno fundamentó la petición del espionaje en la supuesta relación entre Aragonès y los CDR, que protagonizaron incidentes graves en Cataluña tras conocerse meses antes la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

[El Gobierno desclasifica el auto del juez que autorizó pinchar el móvil de Pere Aragonès]

Es decir, que Sánchez pactó con Aragonès pese a suponerle vinculado a esos incidentes. O, dicho de otra forma, el Gobierno pidió autorización al Supremo para espiar a su nuevo socio parlamentario. Eso muestra desconfianza notable y se traduce en posibilidades de ventaja política por conocer de antemano los movimientos de aquel con el que se negocia.

Porque Sánchez logró ser investido presidente del Gobierno en enero de 2020 gracias a un pacto con ERC para que este partido se abstuviera en la votación en el Congreso.

Dos días después de firmar  

El 2 de enero de 2020 el PSOE y ERC firmaron un acuerdo que hablaba textualmente de “una nueva etapa basada en el diálogo efectivo, abierto y sincero y apostar por el reconocimiento y entendimiento institucional”.

Dos días después, el Gobierno de Sánchez pidió autorización al juez del Supremo para espiar al líder del nuevo socio por entender que podría tener vinculación con los incidentes en Cataluña. Era una de las primeras decisiones del Gobierno.

Desde entonces, el teléfono de Aragonès estuvo plenamente monitorizado sin que se conozca durante cuánto tiempo.

El acuerdo entre el PSOE y ERC hablaba de "lealtad institucional" y de "conflicto político que debe resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo".

[García-Castellón evidencia que la enmienda del 'terrorismo amnistiable' no blinda a Puigdemont]

El 7 de enero de 2020, el Congreso invistió a Sánchez como presidente, gracias al pacto de coalición con Unidas Podemos y la abstención acordada de ERC. Ese día, ya se había pedido y concedido la intervención del móvil del líder de ERC.

A partir de ese momento arrancó una etapa de múltiples acuerdos parlamentarios entre Sánchez y Aragonès, especialmente, los que tuvieron que ver con la pandemia y las declaraciones del Estado de alarma. En ese tiempo, el CNI tenía intervenido el móvil del entonces vicepresidente de la Generalitat.

Empezó el acuerdo en febrero con la aprobación de los objetivos de déficit y culminó en mayo con un acuerdo pactado, precisamente, entre Sánchez y Aragonès para reformar las leyes sanitarias y de alarma, dar a Cataluña poder de codecisión en la fase final de la transición a la nueva normalidad y la gestión para el Govern de los fondos europeos para la reconstrucción, entre otros puntos.

De esas fechas, mientras se mantenía intervenido el teléfono móvil del líder de ERC por el CNI, se estableció una estrecha relación entre Sánchez y Aragonès, y también entre éste y la que era entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

[Cuando Sánchez visitó a policías heridos y censuró "la violencia" de Tsunami que quiere amnistiar] 

El ahora presidente de la Generalitat se querelló en julio de 2022 contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y contra NSO Group, la empresa israelí propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus. La querella cita un informe de Citizen Lab que señala que su móvil fue infectado a través de SMS enviados los días 4, 5 y 13 de enero de 2020.