Junts avisa a Sánchez: su apoyo dependerá de que la ley orgánica incluya la cesión total de Inmigración

Esta forma de negociar y pactar está muy claramente presente en el acuerdo con Junts sobre la transferencia de la competencia estatal sobre inmigración, del que sólo se tiene constancia formal y material a través de una nota de prensa del partido independentista. En ese comunicado, Junts utiliza el adjetivo "integral" al referirse a las materias que serían cedidas o delegadas. No hay documento escrito conjunto, ni versión documental de los socialistas.

Fuentes independentistas explican que este episodio es idéntico al del acuerdo sobre las comisiones de investigación en el Congreso sobre la llamada "policía patriótica", los atentados de Barcelona en 2017 y el espionaje con Pegasus a políticos catalanes. Es idéntico porque el PSOE firmó en agosto la creación de las tres comisiones y luego ha hecho saber que limitará su alcance coartando comparecencias o restringiendo materias para investigar.

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Por ejemplo, el acuerdo firmado por PSOE y Junts para la investidura señalaba claramente que se investigaría en el Congreso el llamado lawfare (guerra judicial) y luego los socialistas han hecho saber que no comparecerán jueces, ni se revisarán casos que estén o hayan estado en los tribunales. Esa batalla está por estallar, porque Junts y ERC no renuncian a esas comparecencias.

Y ahora, la que está por estallar es la que se refiere a la transferencia a Cataluña de las competencias de emigración. Fuentes de Junts explican que no renuncian a la "gestión integral" y, por ello, en sucesivas votaciones en las que el Gobierno necesite su apoyo volverán a condicionarlo a avances en este asunto. Añaden que ya han demostrado con las votaciones de los decretos que están dispuestos a llevar al límite sus exigencias.

Sobre todo, porque Junts quiere que para las elecciones catalanas de final de año, este asunto esté en el centro del debate y poder defender la dureza frente a la emigración, para evitar fugas de electores independentistas hacia opciones mucho más radicales o xenófobas.

Por su parte, fuentes de la Moncloa explican que el asunto quedará diluido en la ley orgánica que se han comprometido a estudiar, siguiendo el artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar competencias exclusivas del Estado a comunidades.

El trámite de esa ley será muy largo y ni siquiera está claro cuándo y cómo se empezará a elaborar ese proyecto de ley orgánica. Tampoco si el texto concitará la mayoría absoluta necesaria, porque Sumar y ERC ponen objeciones a ese acuerdo que, según dicen, favorecen las opciones xenófobas. Así, el PSOE gana tiempo.

Pedro Sánchez ha insistido este lunes en Radio Nacional en que, en realidad, las competencias que se ha pactado ceder son las que ya tiene en el Estatut de Cataluña, reguladas en su artículo 138 y que hacen referencia, sobre todo, a la integración de extranjeros en esa comunidad.

Pero, ¿por qué habría que ceder competencias que ya tiene Cataluña en su Estatut y además con una ley orgánica?

"Pagos por adelantado"

Porque dado que el acuerdo de la pasada semana se remite a una futura ley orgánica, eso sólo puede referirse a ceder o delegar competencias exclusivas del Estado incluidas en el artículo 149 de la Constitución. Esa cesión se hace con el 150.2 que dice que "el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".

Es decir, que la Constitución blinda la competencia de inmigración para el Estado, pero con opciones de cederla por ley orgánica. Y eso es justo lo que han pactado la pasada semana PSOE y Junts.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto explicó que el artículo referido a las competencias de inmigración de Cataluña debe interpretarse de forma restringida y referida a asuntos sociales y de integración, por ser competencia exclusiva del Estado.

Sin embargo, esa interpretación quedaría superada si el Gobierno utilizara la vía de ley orgánica del 150.2 y cediera o delegara la facultad del Estado a Cataluña. De hecho, desde que se conoció esa sentencia del TC, el PSOE ha barajado en varias ocasiones la posibilidad de acordar con los partidos independentistas la recuperación por la vía de leyes orgánicas de artículos anulados o restringidos por el tribunal.

Este sería el caso de la inmigración, pero la ley orgánica no tendría sentido si se remitiera sólo a competencias que ya tiene Cataluña en el Estatut, como pretendió hacer ver este lunes el presidente del Gobierno, sino que tienen que ser facultades del Estado que se ceden por esa vía a la Generalitat.

Por ejemplo, el artículo 138 del Estatut en vigor señala que "corresponde a la Generalitat la participación en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Cataluña y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros". Una ley orgánica podría atribuir a la Generalitat la capacidad plena, por delegación del Estado, de esa competencia para establecer los contingentes de extranjeros.

O establecer, como quiere Junts, causas de expulsión por multirreincidencia delictiva y permitir que la Generalitat puede activar esas expulsiones, aunque las ejecute el Estado, según explican fuentes independentistas.

Los independentistas explican que conocer esa forma de negociar tacticista que usa Sánchez es lo que les ha llevado a pedir un verificador o a exigir "pagos por adelantado" en asuntos como el uso del catalán en el Congreso, entre otros.