El PP no retocará su propuesta de disolver partidos, aunque asume haberla "explicado mal"

El PP ha abierto un debate sobre la ilegalización de los partidos políticos en España que, según reconocen desde Génova, ha dado lugar a equívoco: "Se ha producido una confusión entre el Código Penal y la Ley de Partidos, que es una ley de sanciones administrativas. Aquí no se trata de castigar a un partido por lo que piense, sino por lo que haga". 

En el entorno de Alberto Núñez Feijóo reconocen que "no se ha explicado bien" la reforma penal que plantea el grupo parlamentario como sustitución al borrado de los delitos que cometieron los responsables del procés. "No nos inventamos ni las responsabilidad política de los partidos ni la pena", zanja un miembro destacado de la dirección popular.

En el Código Penal, desde el año 2012, a raíz de una reforma promovida por Alberto Ruiz Gallardón, existe la posibilidad de que un partido político sea condenado a la pena de disolución. Para que esto suceda, se tienen que dar dos requisitos: que haya reiteración y que la constitución de la persona jurídica (es decir, el partido) sea con el propósito de delinquir. 

En la actualidad, hay un total de 35 delitos que podrían castigar a los partidos políticos con la pena de disolución. Van desde el tráfico ilegal de órganos hasta el contrabando, pasando por aquellos relativos a la corrupción. No obstante, en ningún caso está aparejada la disolución de un partido a actuaciones como dar un golpe de Estado, que es lo que el PP busca corregir. 

El PP explica su propuesta

De forma sintética, en la cúpula de Génova explican: "Si el tráfico de órganos puede llevar a la disolución de un partido político, ¿participar en un Golpe de Estado no?". Sin ir más lejos, con la ley del sólo sí es sí, el Gobierno introdujo un nuevo supuesto que podía acarrear la disolución de un partido político: que sus dirigentes cometan acoso laboral. 

Por lo que reprochan en el PP: "Que decidamos que no se aplica la pena de disolución al intento de segregación de una parte del territorio nacional cuando se aplica al acoso laboral es una decisión política". Los populares consideran que las reacciones de la izquierda a su iniciativa, radican en una única cuestión: "Preservar a los independentistas de todo tipo de mácula". 

Para ejemplificar el alcance de la propuesta alternativa a la amnistía, y acallar las críticas, en la dirección del PP inciden en que la reforma penal, de estar en vigor en 2017, no habría disuelto a Junts y ERC durante el procés. "Porque los dos partidos no fueron instrumentos para cometer un delito, lo fueron la Generalitat y el Parlament". 

Lejos de dar un paso atrás, los principales mandos del PP insisten en defender su enmienda, que se debatirá la semana que viene en un pleno extraordinario. "Si un partido político colabora en el tráfico de drogas debe ser disuelto, pero si participa en un golpe de Estado, también", remachan las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL. 

Ante las opiniones de que la reforma podría ser inconstitucional, los populares niegan la mayor: "Está muy amparada por quien tiene que ampararla, nada es casual y todo rema a favor de quienes necesitan que nosotros rememos a su favor". El texto, desvelan en Génova, ha sido elaborado por "juristas muy finos" y está relacionado con todo lo que está por venir con la aplicación de la Amnistía. 

Con la medida de gracia ahora, y con la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación antaño, el PP denuncia que el Estado se ha quedado desprotegido ante un nuevo proceso soberanista en Cataluña. Los populares han puesto especial énfasis en su propuesta de crear un tipo penal de "deslealtad constitucional" para evidenciar el "vaciado al Estado de derecho" que ha proferido Pedro Sánchez con el concurso de sus socios independentistas.