El PP responde a la amnistía con una reforma penal que habría ilegalizado a Junts y ERC

En el texto alternativo a la Ley de Amnistía, registrado ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados, los populares plantean que la convocatoria de un referéndum ilegal y la declaración de independencia sean motivos de "disolución de organizaciones o personas jurídicas", caso de las formaciones que lideran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. 

Se trata de una declaración de intenciones de Alberto Núñez Feijóo, que, enfatizan fuentes de su entorno, se fija como prioridad política para cuando llegue al Gobierno revertir el "vaciado de protección de los valores constitucionales" que está llevando a cabo el Gobierno en sus pactos con los secesionistas. 

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El PP justifica que la reforma penal que ha puesto sobre la mesa es un contrapeso a los pasos atrás que se han dado durante los últimos años, con la supresión del delito de sedición o la rebaja de penas en el delito de malversación. "El Estado está desprotegido, si los independentistas vuelven a las andadas, el Estado no cuenta con herramientas para defenderse", denuncia a este periódico uno de los principales dirigentes de la formación.

Es por ello por lo que el PP, en su enmienda a la amnistía, plantea la creación del "delito de deslealtad constitucional", con cuatro nuevos artículos en el Código Penal. En el caso de la declaración de independencia por parte de una autoridad pública, la pena iría de 5 a 10 años de cárcel; también se castigaría con prisión, de 1 a 5 años, la convocatoria o realización de actos dirigidos a la convocatoria de un referéndum o cualquier forma de consulta contraria a la Constitución. 

Mientras tanto, cuando "una persona jurídica sea responsable" de delitos como la declaración de independencia "o la realización de actos dirigidos a que sea efectuada esa dicha declaración o que la propicien", el PP aboga por imponer una pena de "disolución". 

Fuentes de la dirección del PP señalan a este periódico que han elaborado esta propuesta penal basándose en la sentencia del procés y en las advertencias que entonces realizó el Tribunal Supremo sobre los "vacíos legales" en algunos de los delitos que se juzgaron. 

Delito de referéndum ilegal

Para los populares hubo una primera regresión en la protección del Estado de derecho en 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero decidió derogar la pena de cárcel a quien convoque un referéndum ilegal. Años más tarde, fue un presidente del Gobierno socialista el que planteó revertir esta decisión: Pedro Sánchez, en 2019, prometió en un debate que volvería a tipificar como delito los referéndum ilegales. 

Ahora, justo cuando Sánchez ha decidido hacer todo lo contrario a lo que dijo, es el PP de Feijóo el que se fija como objetivo -ante una hipotética llegada al poder- que la convocatoria de un referéndum ilegal esté penada con cárcel. Y no sólo: los partidos y organizaciones que aboguen por esta vía para declarar la independencia se jugarían su propia existencia, si es que llega a entrar en vigor esta reforma en algún momento. 

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, este miércoles en Génova. Eduardo Parra Europa Press

Este miércoles, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, dio cuenta de las líneas maestras de la enmienda de su grupo a la amnistía en una rueda de prensa desde Génova. Definió la enmienda como el "punto de partida" de una "actividad política, social y legal" para tratar de "frenar y revertir el daño que socialistas e independentistas están haciendo" a España. 

El texto registrado por el PP, según garantizó ayer su portavoz en la Cámara Baja, "no es el final de ningún proceso" con el que "retrasar o detener esta ley ilegal". Más bien, aseveró Tellado, es el comienzo de una estrategia para poner coto a una norma que quiere "reescribir la historia reciente de España" con un relato que "el independentismo lleva años tratando de imponer".

Sobre el texto alternativo a la amnistía, el responsable del grupo popular en el Congreso subrayó que era "un rearme y un refortalecimiento del Estado y de la democracia". En su opinión, justo lo contrario a lo que avala el Gobierno con la ley que librará del banquillo a Puigdemont, que ayer en Génova fue rebautizada como la "ley de impunidad".