Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, reunidos en el Congreso.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, reunidos en el Congreso. Efe

Política PODER JUDICIAL

El PP cree que la ley y la renovación del CGPJ irán en paralelo: "Sánchez no podrá engañar a la UE"

Feijóo transmitió al presidente que el preacuerdo del año pasado "es letra muerta": "Tras la amnistía y el lawfare las condiciones han cambiado".

23 diciembre, 2023 02:35
Pepe Luis Vázquez Alberto D. Prieto

Alberto Núñez Feijóo está convencido de haber puesto contra las cuerdas a Pedro Sánchez. En la cúpula popular presumen de que la idea de que la Comisión Europea "supervise" las negociaciones para poner fin al bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial y, "simultáneamente" cambiar la ley para su elección, es un punto decisivo. "Un gol por la escuadra" en la portería de Moncloa, dicen en Génova.

En el entorno del líder popular defienden que la renovación de la cúpula judicial (con el modelo actual) y la reforma legal para que "los jueces elijan a los jueces", irán en paralelo de forma irremediable, mal que le pese al PSOE. Porque "Sánchez no podrá engañar a la Unión Europea". Y los dos requisitos planteados por Feijóo son los mismos que demanda el Ejecutivo comunitario a España desde hace años. 

En la dirección del PP advierten de que no habrá ningún acuerdo con el Gobierno que no pase por la reforma del sistema de elección de los vocales jueces. Para la dirección de Génova, el preacuerdo alcanzado por Esteban González Pons y el Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y hoy también de Justicia, "es letra muerta". Y así se lo transmitió Feijóo al presidente durante la reunión.

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Por eso, en el entorno de Feijóo aseguran que el PP sólo pondrá la rúbrica a la renovación si, de forma simultánea, el PSOE se aviene a registrar, conjuntamente y ese mismo día, una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que siente las bases del nuevo modelo. Sin esperar a ningún informe técnico-jurídico del nuevo CGPJ. 

Un alto dirigente del PP explica, en conversación con este periódico, que la última ruptura in extremis, en diciembre de 2022, fue sin duda motivada porque Sánchez acordó con ERC la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. Pero, sobre todo, "porque quien lo negoció fue Bolaños, a la vez que se reunía con Pons y le mentía a la cara negándolo reiteradamente".

Aunque este viernes en Moncloa se insistía en que "hay un punto de partida", en referencia al pacto "casi cerrado" del año pasado, la misma fuente popular recuerda que "aquella negociación es previa a la amnistía y a los acuerdos del 'lawfare' con los independentistas", para acosar a los jueces y fiscalizarlos en sede parlamentaria. "Ahora, las condiciones han cambiado".

De llegar a buen puerto las conversaciones, en Génova se jactan de que habrán conseguido ganar la partida. Y también de que pondrán fin a un problema enquistado en la Justicia, porque el sistema vigente, parlamentario al 100%, deja en el aire que se produzca un bloqueo cada cinco años si una de las partes se niega a negociar. 

Cosa que quedaría solventada con el planteamiento inicial de Feijóo en esta negociación: que de los 20 vocales que componen el Consejo, 12 los elijan los jueces y los ocho restantes, los denominados de "reconocido prestigio", corran por cuenta de las Cortes. Ese reparto se basa en la letra de la Constitución, pero los detalles podrían variar durante la negociación, porque en esto la postura del PP no es inflexible.  

El PP llamó a Reynders

La renovación del CGPJ era el asunto más relevante que quería abordar Sánchez en su primer encuentro con Núñez Feijóo tras sacar adelante la investidura. En el PP, a sabiendas, se guardaron el as en la manga. Cabe recordar que hasta hace una semana los populares estaban cerrados en banda a retomar una negociación con el Gobierno en el ámbito judicial, ya que la confianza entre ambas partes es nula. 

El mismo día que amarraron la fecha para la entrevista con Sánchez, los populares se pusieron en contacto con el comisario de Justicia Europeo, Didier Reynders, para adelantarle la propuesta que tenían en mente. Una vez que recibieron su aval, Feijóo mantuvo en secreto el plan para fijar un "supervisor supranacional" que facilite el acuerdo entre las dos partes. 

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, junto al comisario Didier Reynders, en Bruselas.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, junto al comisario Didier Reynders, en Bruselas. Moncloa

La Comisión "ya supervisa a las dos partes", recuerda un dirigente popular, "ya que Reynders viaja a España, se reúne con unos y con otros y a PSOE y PP nos lee la cartilla". Por eso, la propuesta de Feijóo a Sánchez "simplemente añade que ahora no se reúna uno a uno, sino que haga reuniones a tres".

Y no se sale de lo normal este papel "supervisor", según un alto funcionario europeo, porque Bruselas "es competente para ello", según la legislación comunitaria.

Primero, porque la Comisión es la "guardiana" de los Tratados. Segundo, porque el artículo 2 del Tratado de la Unión (TUE) especifica que ésta "se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos". Y que "estos valores son comunes a los Estados miembros".

Y finalmente, porque la Comisión tiene poder sobre los gobiernos en este punto. De una parte, el Mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho, que impulsa la retirada de los Fondos de Recuperación a un país que viole las reglas básicas de la democracia. Y de otra, el artículo 7 del TUE, que describe los procedimientos de sanción aplicables al Estado que incurra en "un riesgo claro de violación grave" o incluso en "una violación grave y persistente" de los principios y valores "contemplados en el artículo 2".

Sánchez reacio

Según narran fuentes del PP, cuando Feijóo planteó la propuesta de inmiscuir a la Comisión Europea en la negociación, Sánchez se mostró reacio. Pero, finalmente, y tras una larga discusión, el presidente acabó aceptando la fórmula, que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comparó más tarde con la "mediación y verificación" internacional a la que el PSOE se ha sometido en Suiza con Junts. 

En el PP matizan que "un mediador media entre iguales", y que eso significa que "Sánchez aceptó que Cataluña y España eran entes homologables y decidió celebrar reuniones clandestinas fuera del territorio de la Unión Europea". Y ése no es el caso de "un supervisor", que "tiene rango superior". 

En el caso de las negociaciones para renovar la cúpula de los jueces, el árbitro no sólo será "un integrante de la Comisión Europea", sino que las conversaciones se producirán "en territorio comunitario y, previsiblemente, en Madrid".

"Ni la vicepresidenta Vera Jourová ni el comisario Reynders comparten perfil con el diplomático salvadoreño escogido por Sánchez", en referencia a Fernando Galindo, experto en bandas terroristas.

"En el PP estamos satisfechos de haber logrado que Sánchez mueva su posición y acepte la propuesta de Feijóo", es decir, la de la reforma de la ley, que el PSOE "rotundamente no" ha querido aceptar nunca, ni ante los insistentes requerimientos de Reynders, el último hace dos semanas en Bruselas.

Y finalmente, la cúpula del PP señala que "la Comisión Europea es una institución que tiene delegada soberanía nacional española". Y no sólo eso, sino "competencias para proteger el Estado de derecho, y poder coercitivo para hacerlo cumplir".