La amnistía de Sánchez será examinada por la Eurocámara una semana después de la investidura

Fuentes de la Eurocámara confirman a EL ESPAÑOL que ya se han reunido los votos necesarios para que, dentro sólo de una semana, el pleno ordinario de Estrasburgo celebre un debate monográfico sobre el posible ataque al Estado de derecho que supone la Ley de Amnistía pactada por el PSOE con ERC y con Junts. La iniciativa ha sido impulsada por el Partido Popular Europeo (EPP) y por los liberales de Renew, que encuadra a Ciudadanos.

El problema de Sánchez es que en las instituciones europeas empieza a esparcirse que estamos ante "una amnistía a cambio de votos". Así lo han recogido ya varios medios de comunicación continentales, como The Times y Politico, la revista electrónica más leída en las instituciones.

[Feijóo alerta: "El deterioro de la democracia española implica el deterioro en la democracia europea"]

"Y no sólo es opinión publicada", explican tres fuentes europeas a este diario con palabras muy similares, "es que el ambiente aquí es de que en España se están detectando síntomas similares a los de Polonia y Hungría". De todo eso se hablará en Estrasburgo entre el 21 y 23 de noviembre. 

El ambiente con el PSOE y su líder está tan enrarecido que una facción del grupo S&D -el de la Alianza de Socialistas y Demócratas, en el que se integra el PSOE y que preside la española Iratxe García- se ha conjurado con los populares (EPP), los liberales (Renew), los Verdes y La Izquierda (donde se encuadran Podemos y, por ejemplo, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun) para afearle a la Presidencia de turno española "su inacción contra los retrocesos en el Estado de derecho en Hungría".

Rebelión socialista

La división interna en S&D es cada vez más palpable, con los italianos y los alemanes enfrentados al liderazgo de García, a la que acusan de "supeditar" los intereses del grupo a los del PSOE.

Los ponentes de todos estos grupos en el Parlamento Europeo han enviado una carta [consúltela aquí en PDF], a la que ha tenido acceso este diario, al secretario de Estado para la UE, Pascual Ignacio Navarro Ríos, y al embajador de la Representación Permanente (REPER) española ante la UE, Marcos Alonso.

En ella, instan a España a corregir inmediatamente "la agenda del Consejo de Asuntos Generales del miércoles 15 de noviembre" e incluir una audiencia sobre el caso Húngaro del régimen autocrático de Viktor Orbán.

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, saluda a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, en un Consejo Europeo. Efe

Durante toda la Presidencia española no se ha celebrado ninguna audiencia, y los eurodiputados muestran su "sorpresa" y "máxima decepción" por ello.

La Eurocámara ha urgido en tres ocasiones al Consejo para que se celebren audiencias sobre este "gravísimo" caso de violación del Estado de derecho en un Estado miembro, "al menos una vez por presidencia".

[Todas las veces que el PSOE y sus ministros han dicho que la amnistía era inconstitucional]

La vicepresidenta del grupo de los populares, Dolors Montserrat, recuerda que la movilización de la Eurocámara "incluye a los socialistas europeos", molestos con la presidencia española por no supervisar a Hungría en sus incumplimientos de los valores de la UE.

Para la exministra del PP, "Sánchez teme que al hablar del deterioro del Estado de derecho, de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción que afecta a Hungría, se abra la puerta a cuestionarse la amnistía en España que va contra la separación de poderes, la propia Justicia y beneficia a condenados y procesados por corrupción".

Otras fuentes comunitarias remarcan que el Consejo de Asuntos Generales de la UE "se ha mostrado reacio, por primera vez", ahora que lo preside España, a "hacer ningún progreso en el procedimiento contra Hungría por el artículo 7(1) del Tratado" por sus graves violaciones del imperio de la ley, las libertades públicas y las garantías constitucionales.

El artículo 7 es la llamada bomba nuclear en defensa de los valores democráticos.

Y este apartado 1 es el que permite "constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2". Éstos son: "El respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías".

Este diario, además, ya informaba este martes del hartazgo entre los Veintisiete por el empeño del Gobierno Sánchez de utilizar las reuniones del Consejo de Asuntos Generales para colar debates sobre la oficialidad del catalán.

El asunto ha sido impuesto por la REPER y el Ejecutivo en funciones español por tercera vez consecutiva y de nuevo sin perspectivas de acuerdo. El informe de impacto presupuestario encargado a la Comisión ni siquiera ha empezado a elaborarse y el tema tampoco se ha discutido en el nivel preparatorio técnico, según explican a EL ESPAÑOL varias fuentes europeas.

La carta de Reynders

Las fuentes consultadas coinciden en señalar que esta conducta "sorprendente y decepcionante" del Ejecutivo español coincide con las "serias preocupaciones" expresadas por la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, siente la presión del EPP y el resto de grupos.

La semana pasada, en una carta enviada a los ministros Félix Bolaños y Pilar Llop, el titular de Justicia comunitario, Didier Reynders, reclamaba "información detallada" sobre la Ley de Amnistía por si ésta pudiera suponer una merma en el Estado de derecho español, como denunció el CGPJ, unos días antes, en una declaración institucional.

Así, en el mismo día en el que comienza la investidura del líder del PSOE, se le ha abierto un frente en el escenario europeo. "En Bruselas, por fin, están empezando a ver la verdadera cara de Sánchez", advierte un alto cargo español en la UE.

Unas palabras muy parecidas a las que pronunció, durante una entrevista con este diario, el eurodiputado portugués Paulo Rangel: "La imagen de Sánchez era buena en la UE, pero desde las elecciones y su cambio de amnistía por votos ha empeorado mucho".

También, la semana pasada, el portavoz de Justicia de la Comisión Europea comparaba el caso español a los de "otros países donde ha habido grietas en el Estado de derecho, en los que la Comisión ha actuado". Y puso los ejemplos de Polonia (por la intervención política en el órgano de gobierno de los jueces), y Rumanía (por la amnistía impulsada por otro gobernante socialista, en 2019, a favor del líder de su partido).

Frente de los populares

El debate previsto para el próximo pleno de Estrasburgo, solicitado por el EPP y por Renew, se hará oficial, previsiblemente, el jueves, en la reunión de coordinadores de la Eurocámara, el equivalente a la Mesa del Congreso.

"Todo el EPP, todos los liberales de Renew y los conservadores de ECR están a una con esto", sostiene una fuente de la negociación interna. Aunque cada uno, evidentemente, por sus motivaciones, ya que el último grupo (en el que se integra Vox) quiere "dar una lección" a otro Estado miembro que no sea Polonia, Hungría u "otros del Este", que desde las últimas ampliaciones dicen sentirse tratados como "países de segunda".

Alberto Núñez Feijóo, entre Manfred Weber, presidente del EPP, y Esteban González Pons, número dos español y europeo de los populares. ADP

La inclusión de la Ley de Amnistía en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo fue impulsada por el presidente del EPP, el alemán Manfred Weber, cuya implicación en el control al Gobierno Sánchez viene de lejos. El político bávaro ha venido acusando al mandatario español de "malgastar los fondos de recuperación" desde 2021, y ahora se muestra "extremadamente preocupado" por su "deriva autoritaria".

La relación de Weber con el PP español es muy estrecha, especialmente con su líder, Alberto Núñez Feijóo. Y la decepción con los resultados del 23-J no ha hecho mella en su alianza, como era previsible, tras apostar fuertemente por cimentar su propio liderazgo en la recuperación de España entre los gobiernos populares europeos.

"Este ataque a la separación de poderes lo hemos visto antes en Polonia", señala el líder del EPP a este diario, celebrando que eso va a cambiar en breve, ya que otro popular, Donald Tusk, será su próximo primer ministro. "Esperamos que la Comisión actúe de inmediato y deje claro que, por ejemplo, los acuerdos entre Sánchez y los separatistas para que el Congreso analice un supuesto lawfare, o persecución judicial por motivos políticos, es totalmente inaceptable".