Bruselas actuará "de inmediato" contra la amnistía de Sánchez si el Congreso revisa sentencias

La Comisión de Ursula von der Leyen ya tiene en su poder la controvertida Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, que también ha provocado un considerable revuelo en la UE.

Partido Popular, Ciudadanos y Vox -con el apoyo de sus respectivas familias políticas europeas- reclaman a Bruselas que detenga la norma, como hizo con las reformas judiciales de Polonia y Hungría, por considerar que vulnera la separación de poderes y la independencia judicial.

Aunque en la tarde de hoy, el portavoz de la presidenta Von der Leyen, Eric Mamer, ha subrayado que la Comisión "no dispone de una evaluación preliminar del proyecto de ley de amnistía presentado al Parlamento español", fuentes internas aseguran a EL ESPAÑOL que sí se ha producido una primera lectura del documento.

De momento, el Ejecutivo comunitario no ve base legal para intervenir contra la amnistía, pero actuaría de inmediato y de forma contundente si el Congreso se pone a revisar sentencias sobre el procés, según explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias. Un riesgo que ha sido denunciado por todas las asociaciones judiciales a raíz de la mención al lawfare (o presunta utilización de las leyes para la persecución política) que aparece en el acuerdo político entre el PSOE y Junts.

A la espera de un examen más detallado de los servicios jurídicos, la posición preliminar de Bruselas es que el borrador de Ley de Amnistía esquiva cuidadosamente todos los problemas que exigirían una intervención europea.

En primer lugar, la norma no habla en ningún momento, ni en la exposición de motivos ni en el articulado, de lawfare, un término que para la Comisión es inaceptable precisamente porque abre la puerta a la interferencia del poder legislativo sobre el poder judicial.

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Al Ejecutivo comunitario le ha tranquilizado además que en el preámbulo de la Ley en ningún momento se cuestiona la separación de poderes, sino que se reafirma.

Cualquier alusión a una supuesta "falta de proporcionalidad" de algunas decisiones judiciales en el procés como argumento para justificar la amnistía (que sí figuraba en la propuesta de Sumar) hubiera disparado todas las alarmas en Bruselas por atentar contra la independencia de los jueces, apuntan las fuentes consultadas.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ya había avisado de que vigilaría el impacto de la Ley de Amnistía en el delito de malversación por si afecta a los fondos europeos. También en esta cuestión, el borrador presentado por el PSOE atiende a las preocupaciones de Bruselas y excluye explícitamente del perdón penal a "los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea", según se recoge en el apartado e) del artículo 2.

En estas condiciones, el Ejecutivo comunitario considera que la Ley de Amnistía es una cuestión puramente de derecho nacional en la que no puede entrar porque carece de competencias. Un debate que debe resolverse a nivel interno en España, eso sí, respetando siempre el orden constitucional, sostienen las fuentes consultadas.

Bruselas toma nota

Lo que sí ha generado una gran inquietud en la Comisión Europea es el acuerdo político entre el PSOE y Junts. En concreto, el párrafo que habla de lawfare y de las comisiones de investigación política cuyas conclusiones deben tenerse en cuenta en la aplicación de la Ley de Amnistía y que podrían "dar lugar a acciones de responsabilidad" contra los jueces.

El Ejecutivo comunitario ha tomado nota también de las aclaraciones del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez, que sostienen que en ningún caso se van a revisar en el Congreso sentencias judiciales.

La puesta en marcha de comisiones políticas de investigación para revisar la actuación judicial en las causas sobre el procés sí sería para Bruselas un casus belli que obligaría a intervenir de forma inmediata y contundente, según las fuentes consultadas. Pero la Comisión no va a actuar contra un acuerdo entre dos partidos políticos, sino que sólo tomará medidas en caso de que pasen a la acción.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario está dispuesto a recibir y a escuchar a todas las partes que se lo pidan. Aparte de los grupos de oposición, en Bruselas se han recibido muchas quejas de ciudadanos particulares y asociaciones profesionales contra la Ley de Amnistía, de ahí el inusual paso que dio Reynders la semana pasada, pidiendo explicaciones al Gobierno de Sánchez sobre una norma cuyo texto todavía no se conocía.

El ministro de presidencia, Félix Bolaños, ya ha solicitado reuniones con Reynders y con la vicepresidenta de la Comisión responsable de Estado de derecho, Vera Jourová, para explicarles personalmente la Ley. El siguiente paso será el debate que han solicitado en la Eurocámara el PP, Ciudadanos y Vox, que se celebrará la semana que viene en Estrasburgo. Allí, el Ejecutivo comunitario deberá desvelar si tiene alguna objeción concreta contra la Ley de Amnistía tras el examen de sus servicios jurídicos.