Feijóo prevé "rediseñar" la gestión de fondos UE, crear nuevos PERTE para las CCAA e implicar a la banca

La empresa es de tal envergadura que el proyecto aún está en ciernes. Formará parte de su oferta electoral, si bien en la conciencia de la directiva popular está instalado ya que "el fracaso" del Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho "perder mucho tiempo y, con él, oportunidades" a España. 

Según ha podido confirmar este diario, el plan del PP pasará por una ley que aborde la "transformación digital de la Administración" y diseñe una nueva estructura de las inversiones, reajustando los plazos comprometidos con Bruselas para las inversiones, implicando a la banca. Con ella se creará también, entre otras nuevas figuras, los llamados "PERTEs Territoriales", para que las Comunidades Autónomas desarrollen inversiones con más "autonomía y eficacia".

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Lo que se pretende con la reforma de la Administración tiene un doble objetivo. Por un lado, cumplir con la implementación de la plataforma de gestión comprometida con la Comisión Europea. Esto servirá para que la gestión de los fondos sea "verdaderamente transparente". El segundo de los objetivos consiste en dejar en herencia a futuros gobiernos "un Estado moderno y eficaz".

Con ello se subsanarían dos de las fallas actuales de la gestión de los fondos UE, en opinión del PP: el incumplimiento "reiterado" del hito comprometido con la Unión y la trazabilidad de los proyectos, para que sean "más ágiles" y transparentes, lo que redundaría en una mejor "rendición de cuentas" a nivel comunitario.

Recientemente, este diario ha informado del uso de siete millones los fondos de recuperación para el alquiler de despachos para que el Gobierno ampliara la sede de la oficina que gestiona los fondos. O para la concesión de 30,6 millones en subvenciones a los agentes sociales que antes se cargaban al presupuesto corriente.

Dos 'pecados originales'

Ésa es otra de las claves que quiere abordar el PP, que recuerda que la norma actual que rige la gestión de los fondos "ni siquiera es una ley", es un real decreto "de los que abusa el Gobierno". Éste no sólo se aprobó directamente en Moncloa, sino que se redactó "sin debate ni informes del Legislativo, de los órganos consultivos, del tejido empresarial, de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos...".

Así, ese supuesto "desprecio al Legislativo" se demostraría en que Sánchez logró la convalidación de esa norma dictada desde Moncloa -"con la que se autootorgó el poder sobre todo el dinero que viene de Europa"- sólo tras prometer tramitar en RDL 36/2020 como proyecto de ley.

"La sacó de refilón, tras pactar a escondidas una abstención con Vox y tras prometer que las Cámaras podrían enmendarla", apuntan fuentes del Congreso. El texto sigue acumulando polvo en un cajón, dos años después, tras 79 ampliaciones del periodo de enmiendas en la Comisión de Asuntos Económicos.

La nueva ley que prevé presentar el PP, según las fuentes, tendrá un enfoque más "pragmático" y menos "ideológico". La preocupación por la "decepcionante gestión" de las ayudas de los Next Generation EU actual hace que el PP luche contra esa imagen instalada de que, con Pablo Casado al frente, se trató de "evitar que los fondos lleguen a España".

Alberto Núñez Feijóo, entre Manfred Weber, presidente del EPP, y Esteban González Pons, número dos español y europeo de los populares. ADP

Pero es tan firme la determinación de la formación popular que hay ya un equipo interno monitorizando los fondos, con la exministra Elvira Rodríguez al frente, y que el nuevo líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, encargó a su vicepresidente Esteban González Pons la responsabilidad de su vigilancia. Además, "esta preocupación está apoyada en los datos oficiales que publica el mismo Gobierno", apuntan fuentes populares.

Claves de la nueva ley

El PP lleva ya dos años reclamando la verdadera tramitación como Proyecto de Ley del RDL 36/2020. Al ser una cuestión técnica, ya no forma parte de su discurso público, salvo en muy contadas excepciones, pero sí lo exige en el foro donde toca: la Comisión del Congreso donde se quedó estancado, tras ser convalidado el 28 de enero de 2021.

Según las fuentes consultadas, ese eterno periodo de enmiendas no busca mejorar la norma, sino hacer "decaer el proyecto con la muerte de la legislatura" y, así, dejar el texto como está, incumpliendo la promesa de Sánchez a las Cámaras. "Se podrían enmendar muchos de los problemas de gestión y ejecución que el propio gobierno ha generado", alega el PP.

"Pactar con nosotros y recuperar los consensos, tanto a nivel político, como social y territorial", sería un primer paso, alegan, para convertir el Plan de Recuperación "en un Plan de país".

Tirar de bancos

Recientemente, la vicepresidenta primera ha anunciado la adenda al Plan de Recuperación, que entregará a lo largo de este mes en Bruselas.

El documento, bajo el título Impulso a la Reindustrialización Estratégica, pretende activar ya los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales y los 84.000 millones de euros en préstamos que quedan pendientes. Así como otros 2.600 millones del programa 'Repower EU', para proyectos de transición energética.

"Ésa podría ser otra oportunidad", apuntan en el PP, "para introducir rebajas de impuestos o incentivos fiscales que inyectaran fondos de manera ágil en el sector empresarial, posibilitando que lleguen con inmediatez a la economía real". Pero en Génova lamentan que, "una vez más", ese proyecto se ha impulsado unilateralmente. Y "en un contexto de desaceleración, o incluso recesión, las empresas no se mostrarán dispuestas a incurrir en nuevo endeudamiento".

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Por eso, los de Feijóo quieren "aprovechar la capilaridad de la red bancaria" y su "conocimiento del mercado" para poder ofrecer condiciones de financiación suficientemente atractivas.

El PERTE Territorial

El PP busca impulsar la cohesión territorial con proyectos tractores de colaboración público-privada a nivel regional, "que es donde se conocen mejor las necesidades y carencias de cada territorio".

Según el equipo económico popular, los PERTEs actuales han demostrado una "desconexión total" con la realidad empresarial y las circunstancias de económico-financieras. 

Señalan el caso del PERTE del Vehículo Eléctrico, como paradigmático: "Fue el primero en anunciarse, hace casi dos años y de momento no ha logrado más que el 26% de sus objetivos". O el de la Microelectrónica, lanzado en mayo del año pasado y que, de momento, "sigue a cero".

Digitalizar la Administración

La transformación digital de la Administración, finalmente, facilitaría los trámites administrativos relacionados con las inversiones del Plan de Recuperación y que las pymes y los autónomos "tengan la posibilidad de acceder a convocatorias y licitaciones de los fondos europeos".

Los populares quieren instrumentos estandarizados para medir el impacto en crecimiento de las ayudas europeas en el crecimiento del PIB. "Según Moncloa, el impacto de los fondos al incluir la Adenda se elevará al 3% del PIB de media hasta 2031. Pero eso es poco probable. Primero, porque no han explicado la metodología de ese cálculo y parece más un deseo. Y segundo, porque llevan dos años acumulando retrasos, pero no han revisado sus cálculos".

Algo que sí han hecho otras instituciones. Mientras el Gobierno insiste en esas cifras, el Banco de España reduce el impacto al 0,2% en 2021 y al 0,6% en 2022 y 2023. Bruselas reduce el dato para 2022 al 0,4% aunque prevé un salto este año, hasta el 1,6%. Algo más benéfica es la AIReF, con el 0,8% para el año recién terminado y el 2% en el que acaba de empezar. Pero ninguno de estos gabinetes de estudios se acerca siquiera al optimismo de Moncloa.

Otros sectores

Finalmente, la nueva ley que prevé el PP si llega al Gobierno plante atender a sectores olvidados, que podrían presentar proyectos con un importante "efecto tractor", pero que hasta ahora "no han contado con la atención suficiente". El turismo, el textil o el agroalimentario.

Y además, habrá un capítulo para la inversión en formación continuada para la recualificación de los trabajadores, con la que abrir nuevas oportunidades y "mejorar la competitividad del país".

En ese mismo enfoque, se prevé facilitar la movilidad laboral e incluso apostar por una versión española de la 'mochila austriaca', es decir, un cambio radical del sistema de protección social basado en la capitalización individual que debería comenzar con una inyección pública de unos 8.000 millones.