Sánchez se reserva el anuncio de otro paquete de medidas sociales para su balance de fin de año

La estrategia no es nueva: dejar la cara más amable de la acción gubernamental al presidente, que, además, pondrá así el contrapeso a polémicas sonoras con las que ha tenido que lidiar durante las últimas semanas. Entre ellas, la derogación del delito de sedición, las críticas contra su ministro del Interior por la tragedia de Melilla o la rebaja de penas a agresores sexuales, provocada por la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes, hasta cuatro periodistas preguntaron si seguirán en vigor, tras el 1 de enero, las medidas que se incluyeron en el paquete anticrisis que se aprobó en verano, y que decae en cuestión de semanas. Sin embargo, la ministra portavoz guardó silencio. Lo hizo a conciencia. 

[Sánchez aplacará las críticas por la sedición con un calendario de medidas sociales]

Isabel Rodríguez se limitó a reconocer que "el Gobierno está trabajando y analizando la evolución de cada una de las medidas que han resultado positivas y que iban dirigidas para las familias españolas, para los jóvenes, los estudiantes; la inmensa mayoría de la sociedad española". "Medidas que están siendo extremadamente positivas", agregó. 

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Moncloa ultima los flecos de un plan que anunciará el presidente del Gobierno en su aparición estelar en Navidad, justo después de la celebración del último Consejo de Ministros del año. Es decir, el próximo martes 27 de diciembre.

Prórroga de medidas

Para entonces, también sacará pecho de los principales logros de la legislatura —subida de las pensiones, reforma laboral, Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o Ingreso Mínimo Vital (IMV)— con el informe 'Cumpliendo', en el que se recoge el grado de ejecución de las promesas de Sánchez durante su mandato. 

La idea es comunicar en ese momento qué medidas seguirán en vigor, de las que conforman el Plan Nacional de Respuesta a la guerra de Ucrania. Llegados a este punto, no hay duda de la prórroga de la rebaja del IVA del gas y de la luz. Aunque se redefinirán algunas cuestiones, como la bonificación de 20 céntimos para los carburantes.

En este último punto es donde se enrocan las discusiones en el seno de la coalición, ya que su aplicación acarrea un elevado coste y hay dudas sobre su efecto real. Según ha podido saber este periódico, hay un trabajo técnico de análisis sobre la mesa del Ejecutivo para determinar la relación coste-beneficio de la ayuda al diésel y la gasolina.

Tanto la vicepresidenta Económica, Nadia Calviño, como la responsable de Transportes, Raquel Sánchez, se inclinan por centrar la bonificación en los sectores más afectados (como el de los transportistas). O dotar de una progresividad a la medida para que alcance a quienes realmente la necesitan. 

Para el ciclo electoral que se avecina, con las municipales y autonómicas de mayo y las generales a finales de diciembre, el Ejecutivo pretende darle la vuelta al debate político. El comodín será presumir de que toda la acción gubernamental pasa por mejorar la vida a la clase media y trabajadora. 

La intención es volver a dominar la agenda, como sucedió hasta pasado verano con las medidas de ahorro energético primero y con los paquetes sociales después, hasta que estalló la reforma del Código Penal como contrapartida a ERC en los Presupuestos. O hasta que llegó el goteo incesante de rebajas de condenas a agresores sexuales como consecuencia de la Ley Montero. 

En Moncloa se jactan de que será fácil recobrar la iniciativa. Además, presumen de que el coste electoral de las citadas controversias está siendo nulo. "¿Qué desgaste? ¿El de las encuestas?", se preguntaba con sorna recientemente una persona cercana al presidente, haciendo referencia a los últimos sondeos que apuntan a una clara resistencia de Sánchez.