Ayuso recurrirá en el TC el impuesto del Gobierno que grava las grandes fortunas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue decidida a desmontar aquellos puntos de la agenda del Gobierno de España que ella considera que invaden las competencias autonómicas. Por ello, ya ha anunciado que interpondrá un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, esta vez por el impuesto que grava a las grandes fortunas. 

Aunque todavía no se conocen los detalles de esta nueva figura fiscal que ha presentado el Ejecutivo recientemente con los Presupuestos Generales del Estado, la baronesa popular ha hecho sus propios cálculos y asegura que afecta a unos 13.000 madrileños. En términos de recaudación por IRPF, desvelan desde el ejecutivo autonómico, estos 13.000 ciudadanos aportan unos 5.000 millones de euros. 

El Gobierno madrileño, según ha trasladado este martes su número dos y portavoz, Enrique Ossorio, dará un paso al frente en cuanto se conozca la letra pequeña del impuesto. Aunque no tiene dudas de que el Ejecutivo central está pisando los terrenos autonómicos con una figura que sustituye al impuesto de Patrimonio, bonificado en regiones como Madrid o, desde hace semanas, Andalucía. 

En su momento, la dirección nacional del PP ya auguró una cascada de recursos por parte de sus gobiernos regionales con este tributo. Sin embargo, una vez más, Ayuso se ha adelantado al resto de sus colegas de partido anunciando una nueva acción judicial contra un impuesto que "arremete contra la autonomía fiscal". 

El gobierno de la Comunidad de Madrid argumenta que se ve obligado a recurrir ante los tribunales porque el Gobierno central invade sus competencias.

Choque constitucional

El portavoz Ossorio ha señalado este martes en rueda de prensa que "es evidente que la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas establece que las CCAA tienen la capacidad de regular las bonificaciones y tarifa del impuesto de patrimonio". 

Por tanto, ha proseguido el dirigente conservador tras la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno, "si llega el Gobierno de la nación con una ley ordinaria que pretende arrebatar esa competencia a las comunidades autónomas, es evidente el choque de constitucionalidad". 

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En cualquier caso, el también vicepresidente de la comunidad madrileña ha admitido que "desde el punto de vista jurídico, el Gobierno de la nación todavía no tiene un proyecto encima de la mesa de creación de este impuesto". 

Es decir, que aún se desconoce cuál es "la articulación jurídica de cómo lo van a plasmar" el nuevo tributo. Aunque para Madrid es suficiente el conocimiento de que "va a existir ese impuesto", para confirmar la acción judicial. "Tan pronto como se conozca" la ley que recoja el gravamen, los servicios jurídicos de la región se pondrán a analizar y estudiar las posibilidades que tienen para acudir al TC.

13.000 contribuyentes

"Será entonces cuando el Consejo de Gobierno autorice la interposición del recurso", ha proclamado Ossorio, que sí ha cifrado los efectos que podría tener en Madrid el impuesto del Gobierno sobre las grandes fortunas, llamado de "solidaridad". 

Según ha reconocido Ossorio, a través de un documento que les facilitó el Ministerio de Hacienda, los responsables de la Comunidad de Madrid han concluido en "qué va a consistir el impuesto". Razones fundadas para afirmar que serán 13.000 los contribuyentes que se verán afectados y que, por tanto, podrían acabar abandonando la región con el fin de evitar el pago de esta nueva obligación tributaria. 

Para ejemplificar el riesgo que supone una huida de capitales, el número dos de Ayuso ha explicado que con el dinero que estos ciudadanos aportan a las arcas públicas a través del IRPF, se financia hasta un 60% del presupuesto de la Consejería de Sanidad. 

Este recurso llega apenas un mes después de que el Ejecutivo madrileño hiciera lo propio con el decreto del Gobierno que regula el plan de ahorro energético. Madrid, de hecho, fue la primera y única región en acudir al TC por este asunto, que ahora se decide si se admite a trámite. 

"Solidaridad es bajar la luz"

Tras las declaraciones del vicepresidente regional, Ayuso ha presentado el balance del plan Informa2022 en Valdemorillo. Allí ha aprovechado para completar las palabras de Ossorio y ha acusado al Gobierno de Sánchez de usar el término "solidaridad" para "señalar al ciudadano que tiene patrimonio y que no es el culpable de lo que se está viviendo". "Es una broma de mal gusto", ha añadido.

"Solidaridad sería bajarle el precio a la electricidad o el IVA a los productos esenciales y ayudar a las economías y no estar despilfarrando lo que estamos viendo en propaganda", ha criticado Ayuso.

La líder del PP en Madrid se ha mostrado segura de que "lo redacten como lo redacten", el impuesto ataca la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid. "El Ministerio de Hacienda lo va a tener que redactar francamente bien, porque estaremos encima de ello", ha avisado.

Haciendo gala de su espíritu de acogida a estos grandes patrimonios, Ayuso ha reiterado que "aquí no sobra nadie". "Prefiero que los grandes patrimonios se queden entre nosotros para, entre otras cosas, mover la economía y ayudar a los más vulnerables, que es donde nos tenemos que centrar ahora", ha concluido.