El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Skopje.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Skopje. Efe

Política

La propuesta de Moncloa sobre la ley de secretos oficiales separa al Gobierno de sus socios

Unidas Podemos, PNV, ERC, Bildu y Más País rechazan que el plazo de desclasificación sea de 50 años porque afectaría al 23-F y los GAL.

1 agosto, 2022 12:53

Los detalles del futuro proyecto de ley de Secretos Oficiales anunciados por Moncloa han provocado ya el rechazo de los socios de Pedro Sánchez. No comparten lo conocido hasta ahora ni el socio en el Gobierno de coalición, es decir, Unidas Podemos, ni los parlamentarios, PNV, Bildu, ERC y Másx País, entre otros.

Es decir, ese rechazo hace muy difícil que en su momento pueda salir con apoyo del llamado bloque de investidura.

La principal discrepancia es la del plazo de 50 años prorrogable que maneja Moncloa para la desclasificación de materias secretas y que se incluirá en el anteproyecto que se apruebe en el Consejo de Ministros de este lunes. Unidas Podemos considera excesivo ese plazo y otros partidos con los que el PSOE debe sacar adelante la norma entienden también exagerado ese plazo.

Por ejemplo, supondría que los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23F no se conocerían hasta el 2031. Y también habría que esperar a esas fechas para conocer la documentación secreta de los GAL.

En este momento, la ley en vigor es del franquismo y no recoge ningún plazo para la desclasificación, dejándolo a voluntad del Gobierno.

(Pedro Sánchez quita a Defensa el control de los secretos oficiales y se lo otorga a Presidencia)

El PNV, promotor de una proposición de ley presentada hace dos legislaturas, y frenada por el PSOE en el Congreso, prevé plazos de 25 años para materias secretas y 10 para reservadas, con opción de alguna prórroga.

Este partido ha hecho público su rechazo a la norma anunciada por Moncloa con un comunicado en el que asegura que "seis años después de que el Grupo Vasco propusiera por primera vez reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, el Consejo de Ministros ha aprobado por fin el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada. Es una buena noticia, pero llega tarde; muy tarde. Teniendo en cuenta además que se trata de un Anteproyecto, surgen muchas dudas acerca de las posibilidades de que esta ley culmine su tramitación en la presente legislatura. Parece oportuno, por tanto, que se aceleren los plazos para no desperdiciar la oportunidad de actualizar una ley franquista y avanzar en una de las reformas estructurales que el Estado español tiene aún pendiente".

Sobre el fondo, añade que "lamentablemente, el Grupo Vasco no puede realizar una valoración en profundidad del Anteproyecto de Ley porque desconoce el contenido del mismo más allá de lo publicado en los medios de comunicación. El Gobierno no ha mantenido ningún contacto con la representación jeltzale en el Congreso ni les ha trasladado ninguna información en los últimos meses. Publicado el texto, será momento de analizarlo en detalle, sobre todo en lo que concierne a los criterios y plazos que se establecen para la desclasificación de documentos y si existe una moratoria para su aplicación".

No obstante, anticipa que "en todo caso, y de acuerdo con lo trascendido, los plazos parecen lejos de los planteados por el Grupo Vasco, llegando incluso a doblarlos, lo que resulta, a priori, decepcionante".

En esta línea, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha escrito en Twitter: "Una democracia es tanto más fuerte cuanta más transparencia puede asumir. La propuesta de ley de secretos oficiales del Gobierno es decepcionante y sigue tratando a los españoles como menores de edad".

En una reciente entrevista por Europa Press, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya apuntaba que era necesario dialogar más en la coalición sobre el anteproyecto de la nueva ley de Secretos Oficiales, y defendió rebajar el plazo de desclasificación de documentos reservados a un periodo razonable, como 20 o 15 años.

También apostó por cambiar el sistema de gestión de dicha información y que sea el Ejecutivo el que deba declarar qué materia es secreta, en lugar de que sea clasificada por defecto, informa Europa Press.

Y es que la posición de Unidas Podemos sobre esta futura normativa, según explicó Echenique, es avanzar hacia los esquemas que tienen los países más avanzados y modernos a la hora de abordar la información reservada.

"Creo que nuestro país es mayor de edad para conocer lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer desde estamentos gubernamentales. Y siempre que se desclasifican documentos se garantiza la seguridad de los agentes, las operaciones en marcha, se tacha lo que no se tiene que conocer para no poner en peligro a las Fuerzas y Seguridad del Estado", remachó.

Bildu ha señalado en un comunicado que "El Gobierno debe rectificar esta propuesta y plantear una reforma que aborde lo ocurrido desde la transparencia, el reconocimiento y la verdad sobre todos los casos de vulneración de derechos y libertades que conciernan al Estado español y a sus aparatos desde el franquismo hasta el día de hoy. La impunidad debe terminar".

Es su opinión, "la nueva Ley de Secretos Oficiales que ha propuesto la parte socialista del Ejecutivo no cumple con la palabra dada por el Gobierno ni responde a las demandas que desde Euskal Herria han realizado durante décadas tanto la sociedad vasca como los partidos y asociaciones memorialistas en aras a conocer la verdad y buscar justicia en los numerosos episodios que aún siguen bajo el manto de la impunidad".

Y explica que "de aprobarse la propuesta que pasará hoy por el Consejo de Ministros, casos flagrantes de vulneraciones de derechos ocurridos en Euskal Herria seguirán sin ser aclarados, como los GAL, la práctica sistemática de la tortura o sucesos como los del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz o los San Fermines del 78. Esta decisión perpetuaría la impunidad sobre dichos hechos negando la verdad, la justicia y la reparación que todas las víctimas merecen".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado en La sexta este lunes que la norma no merma las funciones y competencias del CNI, aunque se establezca que la autoridad competente para las desclasificaciones será el ministro de Presidencia.

Robles ha asegurdo que esta ley se equipara con las europeas y que ella misma ha sido proponente.