Pilar Alegría abre el melón del Estatuto Docente que fijará los nuevos criterios laborales de los maestros

La ley educativa LOMLOE, conocida como Ley Celaá, entró en vigor el 19 de enero de 2021, hace ahora un año. Ha supuesto un cambio en el paradigma educativo que todavía se está desarrollando con la puesta en marcha del currículum para Primaria, ESO y Bachillerato o la nueva selectividad.

Pero si hay algo que esperan los profesores es el Estatuto Docente. Y ese es el melón que la ministra de Educación, Pilar Alegría, está decidida a abrir pese a que ha sido una y otra vez aplazado por sus predecesores. 

Y es que, tal y como han confirmado fuentes del Ministerio de Educación a EL ESPAÑOL, el Ministerio de Educación va a empezar a convocar reuniones para poner en marcha el proceso de negociación del Estatuto Docente. Es una reivindicación histórica de los maestros para establecer nuevos criterios de acceso, promoción y formación; así como sus derechos y obligaciones.

Las citaciones llegarán a los buzones de las Comunidades Autónomas, los sindicatos y el Consejo de Estado en pocos días para empezar a perfilar esta norma que, según la LOMLOE, tiene que estar vigente antes de que acabe el año.

Alegría ha dejado entrever en más de una ocasión que está dispuesta a dialogar con los sindicatos sobre el Estatuto Docente. "Tenemos que devolver a los profesores el prestigio que merecen, tanto ellos y ellas como la escuela", ha insistido en una entrevista reciente.

En septiembre, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados tras tomar posesión, se mostró abierta a "dotarles de recursos, mejorar su formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional de los docentes".

Pero cuando habla de acceso, tanto los sindicatos como el propio Ministerio tienen claro que no quieren hablar de MIR educativo (una de las propuestas estrella de Ciudadanos que este año se va a implantar de una forma muy blanda en la Comunidad de Madrid). Aun así, sí quieren hacer un cambio en "la formación inicial y en los primeros pasos de los maestros dentro del aula".

Manifestación

Precisamente, y coincidiendo con el aniversario de la ley Celaá, varios sectores han reivindicado la puesta en marcha del citado estatuto. Sindicatos profesionales como ANPE llevan años reclamando abordar la situación del profesorado con un diseño de la profesión docente que "recoja y desarrolle la carrera del profesorado, desde el ingreso a la jubilación".

Pero, como en todo aniversario, no siempre llueve a gusto de todos y los profesores de formación profesional (FP) van a utilizar la efeméride de la publicación de la Ley Celaá para mostrar su malestar con la ministra, Pilar Alegría.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) han solicitado a la ministra que cumpla la promesa de su predecesora para que la totalidad del profesorado que imparte formación profesional tenga acceso al nivel A1.

Lo que piden a Alegría es que inicie "inmediatamente" el proceso de negociación para establecer un mecanismo que permita incorporar al resto de PTFP al A1 "mediante el reconocimiento de las titulaciones equivalentes a efectos de docencia que procedan".

Para explicar este problema basta con poner un ejemplo. Aunque dos docentes estudien una ingeniería y den clase de Informática (uno en la FP y otro en la ESO), el de FP tendrá una categoría profesional más baja, con su correspondiente merma salarial.

Precisamente por este motivo, la Asociación de Profesorado de Enseñanza Secundaria y FP (APESS-FP) llevará a cabo una entrega masiva de ramos de flores a la ministra para celebrar el "infeliz cumpleaños de la LOMLOE" este miércoles a las 11:00 horas en el Ministerio de Educación.

Retos educativos

El Estatuto Docente es uno de los grandes retos de Pilar Alegría para este año pero no el único. También está sobre la mesa modificar la EBAU (un aspecto sobre el que ya se ha pronunciado también el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats), sacar adelante los currículos de todas las etapas educativas o la Ley de Estudios Artísticos.

Además, el Gobierno parece estar más cerca de alcanzar uno de sus objetivos: la gratuidad en la educación de 0 a 3 años. El Congreso aprobó el pasado 15 de diciembre tramitar una proposición de ley del Parlamento de Andalucía, que modifica la actual ley educativa para garantizar así la gratuidad total de la Educación Infantil, tanto de primer ciclo como de segundo ciclo.

A favor de la iniciativa se han mostrado el PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox, Ciudadanos y PDeCAT, mientras que partidos como Más País-Equo, PNV y ERC se han abstenido.

Pero en las Cortes Generales no sólo se va a debatir esta modificación de la LOMLOE. Por un lado, está la convalidación de la Ley de Formación Profesional en el Senado, y, por el otro, continuar desarrollando los reales decretos anexos a la ley de FP para que pueda ponerse en marca el próximo curso.

Entre esos reales decretos, los más urgentes son los que marcarán los criterios para pasar de curso, suspender o aprobar y el que regulará los contratos de formación. Aquí Alegría tendrá que reunirse con sindicatos y patronal para ver cómo enfoca el carácter dual (formación tan práctica como curricular) de la nueva FP.

Mientras esos reales decretos se cuecen en el Ministerio de Educación, el Consejo de Ministros tiene preparados en la casilla de salida los currículums definidos de Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.

De momento han sido muy polémicos (desde las matemáticas con género hasta quitar peso a la filosofía en los cursos más avanzados), pero todo parece indicar que se presentarán en el Consejo de Ministros antes de febrero para que dé tiempo a hacer los libros de texto.

En un horizonte más a largo plazo, Alegría espera sacar adelante dos proyectos que tiene con el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats. La nueva Ley de Enseñanzas Artísticas (a la que el catalán parece ver un gran potencial) y la nueva EBAU que entrará en vigor en septiembre de 2024.

Sobre esto, Subirats afirmó que es partidario de una selectividad con condiciones parejas pero sin examen único para toda España. "No puede ser excesivamente centralizada ni excesivamente atomizada".