ERC y Bildu piden multar e inhabilitar a los jueces con sentencias revocadas en los tribunales europeos

Los socios prioritarios del Gobierno en las Cortes, Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu, han presentado una proposición de ley en el Senado que pretende multar, inhabilitar y condenar penalmente a los jueces que hayan emitido sentencias después revocadas en los tribunales europeos. Concretamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según el texto legal al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Proposición de Ley Orgánica Impunidad y Vulneración Derechos Humanos [sic] pretende "intensificar los efectos en el ordenamiento jurídico interno de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaren vulneraciones por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de derechos y libertades".

Para ello, los dos grupos independentistas plantean la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 

El objetivo es que los jueces se midan a la hora de instruir casos con afectación política, de dictar prisiones preventivas, y de dictar sentencias que supongan "privación del ejercicio de derechos políticos".

Cuatro efectos

Según la norma, si el TEDH o del TJUE establece que una sentencia del Supremo o del Constitucional españoles han vulnerado los derechos humanos o libertades fundamentales, sus fallos "generarán cuatro distintos efectos".

En primer lugar, se entenderá que dicha situación constituye un supuesto de "funcionamiento anormal de la Administración de Justicia". De este modo, se podrá multar al juez o tribunal responsables de la sentencia. Se procederá a la incoación de "expediente de responsabilidad patrimonial", generando el correspondiente "derecho a la indemnización" para el afectado.

En segundo lugar, el hecho "constituirá falta grave a los efectos del régimen de responsabilidad disciplinaria".

Como consecuencia, el tercer efecto sería que esta situación se configuraría como "causa de inelegibilidad para acceder a ciertos cargos". Entre ellos, la norma plantea la imposibilidad de ser designado presidente de Sala del Supremo, magistrados de sus distintas Salas, incluida la de lo Militar, vocal del CGPJ, promotor de la Acción Disciplinaria o jefe del Servicio de Inspección.

Inhabilitación y delito

Esta medida ya pondría en riesgo el funcionamiento mismo de la Justicia. Pero la que es quizá más llamativa es la última. ERC y Bildu proponen que la Fiscalía esté obligada "de manera preceptiva" a incoar diligencias penales para determinar si la eventual violación de los derechos humanos o las libertades determinada por los tribunales europeos es, asimismo, "constitutiva de delito".

Fuentes de ERC consultadas consideran que la figura penal que más encajaría en este precepto es la del "delito de prevaricación", pero remarcan que la redacción de la ley es abierta a propósito. "En la redacción del texto se deja la puerta abierta a cualquier otro delito que la Fiscalía considerara que se ha producido", aclara una portavoz oficial de los republicanos.

De este modo, según los expertos consultados, quedaría subvertido todo el concepto de doble instancia de la Justicia. Y es que los jueces y tribunales ya no estarían sólo a lo que les corrijan los tribunales superiores, sino sujetos a una posible sanción.

Un castigo que podría llegar a ser incluso penal "cuando las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en única instancia, en casación o amparo, hayan comportado privación de libertad y/o suspensión o privación del ejercicio de derechos políticos".

La senadora de Esquerra Laura Castel recordaba este miércoles que el TJUE sentenció que Oriol Junqueras, líder de su partido, debió ser considerado eurodiputado y gozar de inmunidad desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos, en contra de la interpretación de la Justicia española. "Desde ese momento se tendría que haber levantado la detención provisional", según la interpretación de Castel.

Por su parte, Imanol Landa defendía que "la realidad es tozuda", a pesar de que España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas en el TEDH y el TJUE, según los datos recogidos en el informe España ante los tribunales de justicia europeos. Sin embargo, el senador de Bildu insistía en que "el reguero de casos constatan la gravedad y la baja calidad de una democracia que hace aguas".