Podemos no votará la Ley de Vivienda si Ábalos no incluye la intervención del mercado del alquiler

Según ha podido saber este periódico, Pablo Iglesias ha dado la orden de mantenerse en lo firmado, sin mover una coma, y exigir al ministro de Transportes que cumpla lo pactado. En caso contrario, los 35 diputados de Unidas Podemos no apoyarán la ley en el Congreso.

Lo cierto es que para ese trámite aún queda mucho. La ley aún no ha salido de la fase de borrador, a pesar de que ya se ha inclumplido el plazo comprometido en casi un mes. Pero el órdago de Iglesias ya está sobre la mesa, a la vista de los acontecimientos. Fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por este diario han preferido no hacer comentarios al respecto.

En este caso, los morados juegan con las cartas marcadas, porque el control de precios de los pisos es una medida aceptada hasta en tres ocasiones por el PSOE desde que accedió al Gobierno, tras la moción de censura de junio de 2018. La más reciente, en el acuerdo de Presupuestos; la anterior, en el pacto de investidura; y la primera, durante los "viernes sociales" del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez en minoría.

Entonces, Ione Belarra, negociadora jefe de Iglesias, no arrancó un documento con los sellos de ambos grupos con el que demostrar públicamente el compromiso de los socialistas. Pero ya entonces Unidas Podemos hizo constar su enfado ante el "incumplimiento" dejando solo a aquel PSOE, que sostenía precariamente un Gobierno con sólo 85 diputados. Al ver que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros no incluía lo acordado, Iglesias dio orden de votar en contra.

"Nunca más"

Después de aquella novatada, fuentes de la formación morada confirman a este periódico que ya no aceptaron ningún acuerdo más sin que éste pudiera hacerse público. 

Y este empeño en fabricar papeles con títulos y sellos de partidos políticos opera en esta polémica como una amenaza recrecida para el PSOE.

Y es que la última vez que los socialistas se comprometieron a "establecer mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes" fue el pasado 28 de octubre, cuando Iglesias tensó la negociación de los Presupuestos hasta la madrugada con este objetivo. 

La coalición y el manifiesto

Aquello se logró con la presión de los socios independentistas del Gobierno, ERC y Bildu, que habían firmado un manifiesto junto a los morados y otras cuatro formaciones parlamentarias -Más País, Compromís, BNG y las CUP- proclamando la "urgencia de blindar y extender la regulación de los alquileres" [consúltelo aquí en PDF].

Pablo Echenique y los líderes políticos firmantes del manifiesto sobre alquileres, junto al Sindicato de Inquilinos, en el Congreso. Dani Gago

Aquel documento se basaba en la ley catalana -que también reconoce el acuerdo con el PSOE de sólo seis días después- y forzó a Sánchez, con esa exhibición de fuerzas, a aceptar el órdago de Iglesias. El presidente obligó a Ábalos a aceptar esta imposición de los morados, recogerla en la nueva Ley de Vivienda, ponerle fecha a la misma -"antes de tres meses"... y ya van cuatro-, y a que al Consejo de Ministros llegara el texto con ambos ministerios -Transportes y Derechos Sociales- como "coproponentes".

Y todo esto lo logró el vicepresidente segundo del Gobierno porque, de hecho, el compromiso está incluido en el pacto de coalición al que llegaron PSOE y Unidas Podemos al día siguiente de las elecciones del 10-N de 2019 y sellaron públicamente el 30 de diciembre con su firma y un abrazo en el Congreso. El documento lo detalla en la página 17 y siguientes [consúltelo aquí en PDF].

Así, el PSOE se enfrenta a varios papeles en los que consta su logotipo en los que se compromete a "habilitar a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que [...] puedan establecer su índice de precios" y a "convalidar los avances de aquellas CCAA que tengan definido un sistema de Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha".

Es decir, a "articular mecanismos básicos" para que "las administraciones locales en coordinación con las administraciones autonómicas" puedan "declarar una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler".

O lo que es lo mismo, a controlar los precios de los pisos en alquiler, y limitar sus subidas e incluso forzar su bajada por ley. A pesar del ruido mediático, fuentes de Unidas Podemos en el Gobierno aún confiaban el miércoles pasado en que el PSOE entrara en razón y apelaban no sólo al compromiso de Ábalos, sino a la confianza en que el ministro socialista "está de acuerdo con la medida".

La 'otra coalición'

Este mismo lunes, la otra coalición de Iglesias -los independentistas de izquierdas catalanes y vascos- presentaba una petición conjunta para obligar a Ábalos a comparecer ante la Comisión del Congreso para dar explicaciones "sobre la previsión del gobierno de legislar para limitar el precio del alquiler". Tampoco sobre este punto ha logrado respuesta EL ESPAÑOL del Ministerio de Transportes.

Esquerra y Bildu ya ejercieron de contrafuerte de los morados durante la negociación presupuestaria, presentando una enmienda "a traición" junto a Unidas Podemos para incluir una prohibición de "todos los desahucios" en la ley de acompañamiento a los PGE.

Y esto augura una soledad total para el PSOE en una Ley de Vivienda que el mismo Ábalos considera "imprescindble" en el plan legislativo, "para garantizar su función social" y porque "en 40 años de democracia nadie la ha hecho".

Que llamen al PP

Pero lo cierto es que hace una semana exactamente, el pasado martes, Belarra recibió una llamada de David Lucas, secretario general de Vivienda del Ministerio de Ábalos. Y en ella el exalcalde de Móstoles le anunciaba que la ley no permitirá intervenir el mercado de alquileres. Dos días después, el jueves 18, la secretaria de Estado morada se reunió con el socialista y le transmitió su  estupor por "el incumplimiento flagrante".

Esta semana, están previstas dos reuniones más entre las dos partes. En ellas, Belarra advertirá a Lucas de que el PSOE se va a quedar solo. Unidas Podemos no apoyará le ley si ésta no incluye lo pactado. De hecho, desde el lado morado del Ejecutivo se sugiere que el ministro socialista y secretario de Organización del partido de Sánchez está tragando con una imposición de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, "presionada por las patronales, los bancos y los fondos buitre".

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales aseguran que, al final, está pasando "lo de siempre con el PSOE, dicen una cosa en público y luego, en privado, nada de nada". Pero ahora, según ha podido confirmar este periódico, Sánchez se encontrará como cuando tenía 85 diputados: solo, sin los apoyos de su socio en el Gobierno ni los del bautizado como "bloque de legislatura".

En los pasillos de la sede de Podemos, incluso, se comenta que a Sánchez y Calviño sólo les quedará llamar a la puerta del Partido Popular, lo que todavía abriría más las grietas en el seno del Gobierno... pero eso ya es para otra crónica.