Carles Puigdemont y Quim Torra, durante la reunión de JxCat este lunes en Bruselas

Carles Puigdemont y Quim Torra, durante la reunión de JxCat este lunes en Bruselas Efe

Política PROCÉS

JxCat quiso colar el voto telemático en plena crisis del Covid-19 para investir a Puigdemont a distancia

El partido presentó una reforma exprés del reglamento del Parlament para poder votar al expresidente en caso de elecciones en Cataluña.

18 marzo, 2020 03:02

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El pasado viernes 13 de marzo, en pleno auge de la crisis del coronavirus, JxCat presentó en la Mesa del Parlamento catalán una propuesta de reforma exprés del reglamento de la Cámara para poder ejercer el voto telemático.

Su propuesta no prosperó porque ERC se desmarcó y, en consecuencia, JxCat no obtuvo la mayoría para que se aceptara a trámite una medida que tenía el propósito de investir al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en caso de que se presentara como candidato a las próximas elecciones en la región.

El exdirigente huido a Waterloo mantiene por el momento su acta de eurodiputado y su inmunidad parlamentaria -a la espera que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el suplicatorio del Supremo-, pero nadie excluye que pueda ser otra vez el cabeza de lista de JxCat al Parlamento catalán en los próximos comicios.

La Mesa del Parlament está conformada por ERC, que ostenta la presidencia, y la cuarta secretaría. Los otros cuatro miembros -dos de Ciudadanos y dos del PSC- del órgano resultaron mayoría para tumbar la iniciativa.

Tras la imposibilidad de que prosperase la reforma del reglamento, fuentes del partido capitaneado desde Waterloo se escudaron en que “no se puede investir a Puigdemont porque no es diputado”, puesto que la ley obliga a elegir el presidente entre los diputados autonómicos. 

Sin embargo, fuentes de la oposición aseguran a EL ESPAÑOL que era una medida de cara a una futura investidura a distancia en las próximas elecciones autonómicas.

Vídeoconferencia

La división entre JxCat y ERC y su pugna soterrada ante unos comicios cada vez más inminentes ha roto una vez más la unidad estratégica del nacionalismo. El órgano presidido por Roger Torrent, de ERC, no quiso apoyar al partido con quien comparte gobierno en esa reforma exprés, aunque las discrepancias quedaron en un segundo plano debido a la situación de alarma sanitaria que atraviesa el país.

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, fue la única que aprovechó la medida urgente con motivo del coronavirus anunciada por Fiscalía para usar la vía telemática en el juicio en la Audiencia Nacional a Josep Lluís Trapero, para criticar lo que a su juicio era un doble rasero, ya que el Tribunal Constitucional tumbo la vía telemática con la que, tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017, trataron de investir a Puigdemont a distancia.

El Ministerio Público, no obstante, anunció la posibilidad de realizar una vídeoconferencia con el fin de informar del cambio de rebelión a sedición a los altos cargos de los Mossos d’Esquadra y en un contexto en el que la Justicia ha paralizado todos los procesos judiciales a excepción de servicios esenciales.

Discrepancias con ERC

Pese a ello, JxCat optó por presentar el pasado viernes esta propuesta de reforma exprés que en su momento el Consejo de Garantías Estatutarias de la Cámara catalana rechazó al considerar que se vulneraba el Estatuto y la Constitución.

En aquel momento, ERC se avino a debatir en el Parlament la reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat, pero después del primer apercibimiento del Constitucional de la inconstitucionalidad de la propuesta todas las presiones recayeron sobre el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que rechazó celebrar el pleno y así evitar incurrir en desobediencia.

A partir de este momento, las relaciones entre socios de gobierno empezaron a erosionarse por la discrepancia de criterios en la línea política a seguir. Mientras que JxCat mantiene que hay que mantener el choque con el Estado, ERC ha optado por un “giro posibilista” de no incurrir a corto plazo en desobediencia para garantizar las relaciones institucionales con el Gobierno de la nación.