Alejandro Quílez, exdirector de RRHH de Unipost, ante el registro de Unipost en diciembre de 2017 durante la investigación del 'procés'.

Alejandro Quílez, exdirector de RRHH de Unipost, ante el registro de Unipost en diciembre de 2017 durante la investigación del 'procés'. Efe

Política INDEPENDENTISMO EN CATALUÑA

Torra 'paga' las papeletas del 1-O colocando al frente de las ambulancias a un directivo de Unipost

La compañía entró en concurso de acreedores tras no cobrar los trabajos encargados por la Generalitat para el referéndum ilegal de independencia.

"Siempre fue Alejandro, Alejandro Quílez... pero ahora se hace llamar Àlex". Ahora es desde que ha cambiado la dirección de Recursos Humanos de Unipost por la del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) dependiente de la Generalitat pasando a cobrar un un sueldo público. Una extrabajadora de la empresa de correo barcelonesa fundada por la familia Raventós explica a este periódico cómo ni las decenas de miles de papeletas para el referéndum ilegal de independencia, cuya facturación podría haber salvado las cuentas de una compañía en crisis, sirvieron. El Govern no pagó en un galimatías administrativo que ahora se desentraña en los juzgados y 2.500 familias fueron al paro... o 2.499.

La Generalitat de Cataluña paga desde febrero con un cargo de confianza -y con dinero público desde febrero de este año y nombrado por la consejera Alba Vergés (ERC)- a uno de los directivos más relevantes de una de las principales empresas implicadas en el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 ahora que Unipost está en liquidación por concurso de acreedores, quebrada tras no haber visto un euro de retribución por las tarjetas censales y las papeletas que prepararon y distribuyeron para el 1-O.

Unipost llegó a ser el mayor operador de correo privado de España y en septiembre de 2017, un mes antes de la consulta independentista, tenía alrededor de 2.300 trabajadores, algunos con antigüedades superiores a los 25 años en la compañía, ya implantada en toda España.

Quim Torra y la consejera de Salut, Alba Vergés, en una visita al stand del SEM en el último Mobile World Congress.

Quim Torra y la consejera de Salut, Alba Vergés, en una visita al stand del SEM en el último Mobile World Congress. Efe

El martes 19 de aquel septiembre, la Guardia Civil halló en la sede de la empresa de Tarrasa un cargamento de 42.000 sobres con el logotipo de la Generalitat con cartas para los miembros de las mesas de votación.

También en aquellas fechas, los más de dos millares de carteros, clasificadores, notificadores, transportistas, chóferes, guardias... y demás empleados se habían sometido a Expedientes de Regulación de Empleo (temporales y despidos definitivos) habían visto rebajadas sus nóminas en un 21%, y estaban sufriendo constantes retrasos en sus nóminas y la negativa contante de Quílez a negociar soluciones en nombre de la empresa.

"Miente a los trabajadores"

La sección sindical de la CGT en la empresa remitió una carta [léala aquí] a Pablo Raventós, administrador de la empresa, quejándose de que "personas con un peso específico en la empresa como el Sr. Alejandro Quilez [...] se permiten el lujo de mentir a representantes de los trabajadores". Raventós fue detenido en aquel registro sospechoso de malversación por orden del Juzgado número 13 de Barcelona que investigaba ya el 1-O.

El material había llegado en extrañísimas circunstancias y a escondidas a la delegación de Unipost tres días antes, según declaró otro exdirectivo, Francisco Juan Fuentes, de la empresa en el juicio al procés que se está celebrando en el Tribunal Supremo. La compañía catalana de envíos fundada por la familia Raventós había librado al menos cinco facturas menores a los 200.000 euros cada una a diferentes departamentos de la Generalitat para justificar esos trabajos, un total de 979.661 euros.

"Pero nunca se cobraron", explica la citada trabajadora al habla con EL ESPAÑOL. "Como tampoco se cobró nada por lo del 9-N de 2014... claro, que al poco tiempo nos dieron las certificadas cartas de los médicos de la Generalitat y luego tres millones de Avançsa, la empresa de la Generalitat que da créditos... No lo pagaban de una manera pero sí de otra".

No se pagaron los trabajos

Sin embargo, en este caso no dio tiempo a ese tipo de maniobras que denuncian los extrabajadores. "Nosotros aún estamos a la espera de que acabe el concurso de acreedores para ver si cobramos, y mientras este señor está colocado con un sueldo público y cobra con mis impuestos", explica esta antigua delegada sindical, "es indignante".

Àlez Quílez, responsable de Gestió de persones (RRHH), en el organigrama del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat.

Àlez Quílez, responsable de Gestió de persones (RRHH), en el organigrama del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat. E.E.

Este periódico se ha puesto en contacto con Quílez, quien ha declinado atender una sola de las preguntas al respecto. Se da la circunstancia de que su puesto de director de RRHH en el SEM es el primero que aparece en su currículum fuera de Unipost.

Alejando -o Àlex- Quílez comenzó a trabajar en octubre de 1981 y se mantuvo 36 años y ocho meses en el mismo departamento de la compañía de la familia Raventós, que tuvo varios nombres hasta que se arruinó ya como Unipost mientras colaboraba en el procés. Durante algo más de nueve años, Quílez fue administrativo en el citado departamento de Esabe-Suresa; después fue ascendido a Jefe de Personal durante elprocesod e cambio a Suresa, puesto que ocupó 13 años y medio; finalmente, en 2004 asumió como director de RRHH y Relaciones Laborales al convertirse la compañía en Unipost, dentro de su alianza con DHL.

La Generalitat contrató a Unipost a través de su responsable de Portocolo para que fuera su compañía de envíos para el referéndum, como ya había hecho en la consulta de cartón del 9 de noviembre de 2014, por la que fueron condenados Artur MasFrancesc Homs y otros exconsejeros del Govern.

A pesar de ello, la empresa tenía problemas graves "por la mala gestión del equipo directivo", explica esta exempleada con más de dos décadas en la compañía. Tras los conflictos laborales derivados de las tensiones de tesorería y la caída en el negocio de Unipost, en febrero de 2018 se impulsó el concurso de acreedores y en mayo de 2018, Quílez fue el último en abandonar la empresa, que pasó a la administración concursal para su liquidación.

Sólo ocho meses después, Torra pagaba los servicios prestados recolocándolo en el Àrea de Gestió de Persones del SEM. "De lógica, un gestor de una empresa tan grande que se ha ido a pique no es el más indicado para que lo contrate la Generalitat"