El catalanismo se propone marginar el español en Valencia y Baleares con PSOE y PP de cómplices

El pasado 28 de mayo, agentes de la Policía Local retiraron una bandera con un gigantesco lazo amarillo que alguien había colgado de las Torres de Serranos de Valencia, uno de los puntos de mayor interés turístico de la ciudad. No era el primero ni fue el último gesto de fuerza que el nacionalismo catalán ha ejecutado en la Comunidad Valenciana durante los últimos meses, en algunos casos con la tolerancia, cuando no la complicidad, de Compromís y el PSPV-PSOE.

Los lazos amarillos se vieron también en la ciudad de Torrent e hicieron acto de presencia en la entrega de los premios Ciutat de Castelló. En abril, cargos de Compromís y de Esquerra Unida se sumaron en Valencia a la manifestación pancatalanista convocada por Acció Cultural (ACPV), una asociación hermanada con la catalana Òmnium. En ella se vieron pancartas solidarias con los políticos nacionalistas presos y, más significativo aún, banderas de los llamados Païssos Catalans, el nombre con el que la ultraderecha nacionalista catalana justifica sus objetivos expansionistas en la Comunidad Valenciana y Baleares.

Acció Cultural es, junto con la Asociación Tirant lo Blanc, Compromís –la imagen especular de ERC en Valencia– y sus sindicatos afines la principal vía de entrada de las tesis pancatalanistas en la región. Siempre, eso sí, con la aquiescencia del PSPV-PSOE, sin el cual esa penetración sería imposible.

Financiación durante décadas

Entre 1999 y 2016, Acció Cultural fue regada con dieciséis millones de euros por la Generalidad de Cataluña, a los que hay que sumar las subvenciones de varios centenares de miles de euros concedidas por el socialista Ximo Puig a lo largo de los últimos años y la cuota anual de la hipoteca de su sede valenciana (659.602 euros) que, según el diario ABC, corrió a cargo del presupuesto del Departamento de Presidencia de la Generalidad catalana al menos en 2016.

A cambio, nadie ha luchado más que Acció Cultural por la marginación del castellano en el sector educativo y en la Administración pública, en favor de lo que sus responsables llaman "el proceso democrático y soberanista" en Cataluña, y por la reciprocidad –es decir la recepción en todos los "Países Catalanes"– de las tres televisiones públicas pancatalanistas: TV3, la balear IB3 y la recién creada televisión pública valenciana, À Punt, cuyo nacimiento fue saludado con entusiasmo por Carles Puigdemont. 

El nuevo centro de denuncias balear

La situación no es muy diferente en Baleares, donde la hoja de ruta seguida por el nacionalismo catalán para la eliminación de cualquier vínculo político, cultural o económico con España y la consiguiente implantación de un régimen de partido e ideología única en la comunidad está siendo seguida a rajatabla y con la misma complacencia del Gobierno central que en Valencia.

En las islas, el Ejecutivo autonómico presidido por Francina Armengol (PSOE) en coalición con los nacionalistas de MÉS anunció el pasado 12 de junio la creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos. Un organismo cuyo objetivo declarado es "garantizar los derechos lingüísticos" de los ciudadanos, pero que en la práctica funcionará como centro de denuncias de los funcionarios que no utilicen el catalán.

La ODL balear sigue el modelo de la ODL creada el 24 de noviembre de 2017 por la Generalidad valenciana. La ODL original valenciana, muy protestada por Ciudadanos y por el PP valenciano, pretende controlar incluso la lengua que se habla en el ámbito privado y replica a su vez el sistema de sanciones lingüísticas vigente en Cataluña. Un sistema cuya principal y más conocida función es la de multar a las empresas que incumplen el Código de Consumo de Cataluña. Un Código redactado por el Gobierno de Jordi Pujol, pero que no entró en vigor hasta la llegada a la Generalidad del PSC, a todos los efectos el principal impulsor de las multas lingüísticas a los comercios por no rotular en catalán.

La creación de la ODL balear no es la única señal del desembarco del pancatalanismo en Baleares. Mientras ERC, un partido de estricta obediencia catalanista, repartía en Palma lazos amarillos el día de Sant Jordi, 1.145 profesionales sanitarios eran rechazados por el Servicio Balear de Salud por no acreditar un nivel suficiente de catalán, el monolingüismo catalán se imponía en el Ayuntamiento de Palma y enterradores y barrenderos se veían obligados a certificar su conocimiento del idioma para poder continuar ejerciendo su actividad.

PP y PSOE no son lo mismo… en Valencia

A diferencia del PSOE, tan volcado en el pancatalanismo en Valencia como en Baleares, el PP vive instalado en la esquizofrenia. Mientras el PP valenciano ha mostrado una oposición en las formas al expansionismo catalanista -pero ha gobernado 20 años en la Comunidad sin plantarle cara-, el PP balear, presidido por Biel Company, ha sido acusado repetidas veces de coquetear con el nacionalismo catalanista e incluso de ser demasiado blando con la presidenta Armengol.

Company lo niega con vehemencia, pero las diferencias con el PP de José Ramón Bauzá son evidentes para cualquier observador imparcial. En una entrevista concedida al diario ABC en febrero de este año, el líder del PP balear rechazaba las acusaciones de connivencia con el nacionalismo para, pocas líneas después, aceptar que el catalán "podría quizá ser un requisito en determinados puestos muy concretos de la Administración y un mérito en otros". Algo que, muy probablemente, firmaría cualquier separatista como primer paso para el control de Baleares.

Así lo corrobora una fuente muy cercana al antiguo PP balear, el de Bauzá, que por razones obvias pide que no se revele su identidad: "El PP balear apoya por ejemplo las subvenciones a la rotulación en catalán. El partido aboga por el catalán como lo demuestra que hasta hace unos meses, cuando varias asociaciones lo afearon, el presidente del partido ni siquiera hablaba en mallorquín o menorquín. Lo hacía en catalán de Cataluña. Y, de hecho, Biel Company tiene graves problemas para expresarse correctamente en castellano". 

El contraste entre el PP de Bauzá y el de Company es claro. "Bauzá impulso una ley de símbolos para que se prohibiera la simbología catalanista en la Administración balear. El PP de Biel Company, en la votación para eliminar esa ley de símbolos, salió del pleno para no tener que votar a favor de eliminarla, que es lo que en realidad quería. Bauzá impulsó el TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas) para que en las escuelas hubiera un 33% de inglés, un 33% de catalán y un 33% de español. El actual Gobierno balear lo ha eliminado y el propio Biel Company ha dicho que él no lo haría porque le parece extremista".

Cuando le pregunto por el origen de esa complacencia con las tesis del expansionismo catalanista, mi fuente no duda ni por un segundo: "El PP balear tiene tanto complejo que sus representantes en vez de decir que hablan en mallorquín dicen que hablan en 'el catalán propio de las islas'. Que, por supuesto, no existe. Además, ese catalanismo tiene su origen en Gabriel Cañellas, que fue expulsado del partido tras su condena por corrupción y cuyos súbditos son el propio Jaume Matas y Rosa Estarás, que actualmente es eurodiputada y que defiende que la lengua vehicular de Baleares debe ser el catalán por encima del español, también en Educación y Sanidad".