Ruiz-Gallardón, en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid por la compra de Inassa./

Ruiz-Gallardón, en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid por la compra de Inassa./ Efe

Política Corrupción

Gallardón, Cobo y Carlos Mayor Oreja, imputados en Lezo

El exalcalde madrileño tendrá que declarar por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El exministro de Justicia del PP Alberto Ruiz-Gallardón, que también presidió el Gobierno de Madrid y fue alcalde de la capital, tendrá que declarar como investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación en relación con la compra de la sociedad colombiana Inassa en 2001, operación con la que el Canal de Isabel II empezó su expansión en Latinoamérica.

La adquisición de Inassa es una de las partes del caso Lezo, en el que también está imputado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Además de Gallardón, el juez de la Audiencia Nacional García-Castellón ha citado a declarar como investigados a los exconsejeros Manuel Cobo y Carlos Mayor. Las comparecencias han sido fijadas para los días 5, 6 y 7 de junio.

Gallardón imputado en el caso Lezo

La citación de Ruiz-Gallardón se produce después de que el instructor y la fiscal anticorrupción asignada a este caso, Ana Cuenca, hayan regresado de un viaje por Colombia, Panamá y República Dominicana durante el que han recabado pruebas relacionadas con la compra de Inassa.

Fuentes de la investigación han señalado, no obstante, que la decisión de citar a declarar a Gallardón estaba ya tomada antes de ese periplo, durante el que se han obtenido corroboraciones de que el Canal pagó un sobreprecio por la sociedad colombiana.

El Gobierno de Gallardón autorizó la compra de Inassa por 73 millones de dólares, aprobado un endeudamiento de 51,1 millones de dólares. Los investigadores creen que tienen datos que permiten cuantificar el pago de un sobreprecio, aunque advierten que ahora habrá que determinar quiénes fueron responsables de ese pago extra de fondos públicos.

Para ello consideran necesaria la declaración de quien era presidente del Gobierno regional cuando se adquirió Inassa. La investigación de esta parte del caso Lezo está muy avanzada, por lo que las comparecencias de los responsables políticos de la operación era ya inaplazable.