Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, en el último pleno de julio en el Parlament

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, en el último pleno de julio en el Parlament Efe

Política Proceso soberanista

El canguelo de Puigdemont: perdió el viernes su ocasión legal de aprobar el 1-O

El Parlament pudo votar la ley del referéndum con su nuevo reglamento exprés cuando el Gobierno aún no lo había recurrido ante el TC.

Noticias relacionadas

El viernes 28 julio del 2017, Carles Puigdemont perdió probablemente su única oportunidad de aprobar la ley del referéndum separatista amparado por un procedimiento legal en vigor. Cuando el pleno del Parlament se reunió la mañana del viernes, el Gobierno no había presentado aún su recurso al Tribunal Constitucional y por lo tanto el nuevo reglamento de la Cámara catalana, que permite la aprobación de una ley en trámite de lectura única y sin enmiendas de la oposición, estaba vigente.

Esa legalidad valía para el viernes por la mañana, pero ya no para la tarde. Cuando el TC se reúna el lunes y admita el recurso del Gobierno, el apartado 2 del artículo 135 quedará automáticamente suspendido. Pero la suspensión fue efectiva con carácter cautelar desde el momento en el que el Gobierno presentó el recurso. Es decir, el viernes por la tarde. 

"La mayoría independentista podía haber forzado perfectamente una reunión de la Mesa y hubiera tenido la capacidad de invocar el nuevo reglamento para llevar la ley a Pleno", dicen fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL. "Si ellos hubieran querido se podría haber votado a las 9 de la mañana y nadie tenía capacidad de impedirlo".

'Fuenteovejuna' sin valor jurídico

¿Le temblaron las piernas a Puigdemont? ¿Sintió canguelo político? ¿Por qué no precipitó la votación sabiendo que el Gobierno tenía un dictamen del Consejo de Estado que le abría la puerta al recurso de inconstitucionalidad? Algunas personas sugieren que la tensión es de tal calibre que el Govern ni siquiera reparó en la posibilidad. Otras fuentes dicen que no se atrevieron. Varios grupos de la oposición aseguran que estaban alerta. Si Ciudadanos, PSC o PP contemplaban esa posibilidad, ¿por qué no lo hizo Puigdemont?

"Quizá pensaron que el Gobierno no se atrevería a recurrir el reglamento", dicen. "Es difícil de entender".

En lugar de presentarla, votarla y aprobarla, el president y los otros 71 diputados independentistas del Parlament (Junts pel Sí y la CUP) firmaron la propuesta de ley de referéndum como para responsabilizarse de la misma solidariamente. Un 'Fuenteovejuna' sin valor jurídico alguno. La ley se registrará el lunes, pero no habrá reunión de la Mesa de la cámara para calificar la iniciativa y admitirla a trámite. Esto quiere decir que ese texto se queda en un limbo. "A efectos legales y mientras no se admita a trámite es sólo un papel con un sello", dicen estas fuentes.

Ciudadanos y PSC, que tienen sendos representantes en la Mesa, intentaron que esta se reuniera el lunes para admitir la ley de convocatoria del referéndum a trámite. Los grupos independentistas lo impidieron. De ser admitida a trámite, la ley podría ser impugnada y recurrida al Constitucional, como acaba de suceder con la reforma del reglamento.

Pero la incertidumbre del laberinto político y jurídico en el que está inmerso el proceso separatista no termina ahí. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocado a la Mesa el 16 de agosto. La Cámara catalana modificó su período de sesiones hace unas semanas para empezar a trabajar en la segunda quincena de agosto. Lo más probable es que la ley del referéndum se admita a trámite en ese momento. El problema es que con la segura suspensión cautelar del reglamento, el independentismo no podrá aferrarse a ese trámite exprés.

Las opciones para llegar al 1 de octubre, fecha de la consulta anunciada por Puigdemont, con una ley catalana que dote de un supuesto marco legal al referéndum se agotan. Con el nuevo reglamento suspendido por el TC, y sabiendo que en el momento en que la norma pueda ser impugnada se impugnará, los expertos contemplan dos opciones. 

La primera es que se acuerde la tramitación de la ley por un proceso de extraordinaria urgencia. La Mesa puede recortar al máximo los plazos para los debates de enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales. La segunda es invocar el artículo 81.3 del reglamento del Parlament de Cataluña para modificar el orden del día de un pleno ordinario. La mayoría independentista, forzando la máquina, podría llevar la ley a votación en lectura única suprimiendo los trámites de enmiendas. La fecha que se baraja para esa posible aprobación es el 6 de septiembre.

La vía judicial

Además del referéndum, el Govern se ha comprometido a aprobar un conjunto de leyes de transitoriedad jurídica al supuesto Estado independiente de Cataluña. Este nuevo Estado pretende constituirse a las 48 horas de la victoria del en el referéndum.

Pero por si el jaleo político fuera poco, el proceso separatista está asediado por causas judiciales. El Constitucional ha pedido que se actúe penalmente contra Forcadell y otros miembros de la Mesa por permitir que se tramiten iniciativas separatistas. La fase de instrucción de esté proceso está a punto de concurrir y el TC va a volver a apercibir nominalmente a Forcadell de que incurrirá en un delito de desobediencia si utiliza el nuevo reglamento.

Mas, Ortega, Rigau y Homs ya han sido condenados por el 9-N. Y hay una querella interpuesta por la compra de urnas. Pero si hay un procedimiento que ha ganado fuerza en las últimas semanas es el que sigue el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O

La causa, que sigue secreta, investiga delitos como la sedición, entre otros. La Guardia Civil ha interrogado a varios altos cargos de la Generalitat. Algunos de ellos los ha imputado. El portavoz del Govern, Jordi Turull, estalló recientemente contra el Gobierno central por estos interrogatorios y dijo que se están vulnerando los derechos de estas personas. El sábado llegó a denunciar a la Guardia Civil en el juzgado de guardia.