Velasco amplía la investigación del 'caso Lezo' a empresas de aguas de Valencia y Barcelona

La Audiencia Nacional ha dado un paso más en la Operación Lezo e investiga si empresas de agua de Valencia y Barcelona sirvieron también como vehículo para desviar dinero público y canalizar mordidas a funcionarios, tanto en España como en el extranjero. Para confirmar o desmentir esta tesis, el juez Eloy Velasco -encargado de la causa desde el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional- ha requerido tanto a la empresa de gestión privada Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa) como a Aguas de Barcelona (Agbar) una relación de sus filiales en el extranjero y de todos sus contratos en el exterior. Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del caso, la petición judicial se remonta en el caso de Valenciana hasta 1999, año de fundación de Tecvasa. 

Según explican a este diario fuentes del caso, el objetivo de la petición de información es doble. Por un lado, los investigadores buscan comparar las entradas y salidas de accionariado de estas dos empresas con las realizadas por el Canal de Isabel II en Latinoamérica. El juez, los fiscales de Anticorrupción y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran que el Canal compró empresas en Colombia o Brasil muy por encima de su valor de mercado. Y por otro, los responsables de la causa quieren analizar los contratos firmados por estas empresas en estos países, para descartar que sirvieran también como posibles canalizadoras de fondos.

La Sociedad Técnicas Valencianas de Agua (Tecvasa) y Agbar (Aguas de Barcelona) son dos empresas nacidas de la privatización del suministro hídrico en la Comunidad Valenciana y la Ciudad Condal. Además, son dos socios tradicionales de la sociedad Inassa, investigada en la Operación Lezo por servir presuntamente como vehículo para detraer dinero público. 

La primera de las operaciones que investiga la Audiencia Nacional se firma en 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II compra una filial en Barranquilla (Colombia), por cerca de 100 millones de euros. El lugar se había convertido en un emblema de la privatización de servicios hídricos desde que, aquejados por la mala gestión pública, los gobiernos locales pusieron el control del abastecimiento en manos privadas. Se creó entonces la llamada Triple A, una sociedad de capital mixto que consigue una concesión durante 20 años para abastecer a toda la cuidad de Barranquilla, con 1,2 millones de habitantes.

Seis años después y según una denuncia de ATTAC presentada en 2010, es Aguas de Barcelona quien se interesa por comprar la empresa colombiana por medio de Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios). El negocio no salió bien y el servicio de suministro de agua en Barranquilla comenzó a desatar protestas sociales. En el año 2000, Agbar vendió su participación en Inassa a varios inversores colombianos. Y un año después, en noviembre de 2001, es una de las filiales del Canal y la firma Tecvasa (Canal Extensia) quien compra de nuevo el 75% de las acciones de la empresa colombiana soltada por Agbar. Esta compra se hizo frente con un crédito que se estuvo pagando hasta el año 2012 y por un precio muy superior a su valor de real, además de sin ningún tipo de control, según sospechan los investigadores.

El "robo" de 25 millones

El pago del precio de esta operación con fondos públicos se prolongó hasta el año 2012. Tanto el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González como el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez (por los cargos que desempeñaron) tuvieron "pleno conocimiento" de la operación realizada y de que la misma se hizo con grave perjuicio de fondos públicos. Se les acusa de que, a pesar de tener conocimiento de la irregularidad de la operación, en vez de denunciarlo lo ocultaron y consintieron que el Canal de Isabel II siguiera pagando el crédito. Ambos están en prisión desde el viernes día 21 de abril por esta investigación.

En las intervenciones telefónicas grabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los principales investigados de la Operación Lezo, Edmundo Rodríguez, ex presidente del conglomerado societario del Canal de Isabel II en Sudamérica, relató el "robo" de 25 millones al Canal en una inversión de 95 millones de dólares, datos que para los investigadores encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte de Canal Extensia en el año 2001.

Para articular este desvío de fondos se usó la intermediación de la sociedad panameña Aguas de América SA. Para los investigadores es "patente" el conocimiento que Rodríguez tuvo de esta malversación de caudales públicos y que lo ocultó supuestamente en beneficio de la "organización criminal" liderada por Ignacio González.

Los socios del Canal

Según confirman fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL, entre otros datos, el juez Velasco ha requerido a Agbar información acerca de la venta de sus participaciones de Inassa en el año 2000. Concretamente el expediente de venta de su participación del 20%. Le reclama la identificación de las personas (físicas y jurídicas) a las cuales vendió estas participaciones, así como a cualquier otros interviniente con quién se negoció esta venta, y especificando las cuentas corrientes desde las cuales se recibieron los pagos.

En el año 2000, Agbar vendió su participación del 20% del capital de Inassa por aproximadamente 6,1 millones de euros, con lo que generó un beneficio de 2,8 millones de euros. El cobro por la venta de su participación lo recibió a través de cuentas en Panamá y Colombia, según le consta a los investigadores a través de sus entradas de divisas. A pesar de que la compañía catalana vendió por tal cantidad el 20% de la compañía, meses después el Canal lo compró por un valor muy superior.

En el caso de la empresa de aguas valencianas, Tecvasa, el magistrado ha requerido, según estas mismas fuentes, información acerca de sus inversiones en Iberoamérica entre los años 1999 y 2006, tal y como las entidades participadas, precios de adquisición, fechas de compra, precios y fechas de venta o entidades compradoras. También le reclama las circunstancias que determinaron su selección como socia del Canal de Isabel II en el consorcio para la constitución de la sociedad vehículo Canal Extensia.

En el año 2001 se produjo la expansión del Canal en Sudamérica al adquirir el 75% de Inassa y el 51% de la dominicana Watco. Esta inversión fue aprobada por la Comunidad y se autorizó la constitución del vehículo societario Canal Extensia–constituido en un 75% por el Canal de Isabel II (100% capital público) y en un 25% por Tecvasa– y la adquisición del 75% de las participaciones de la mercantil Inassa por 73 millones de dólares, precio que finalmente ascendió a cerca de 100 millones de euros.