El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tenido que dar marcha atrás en dos de sus grandes batallas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Bien sea por iniciativa propia (el apagón de escaparates y edificios históricos de noche) o por los retrasos judiciales (el currículum de bachillerato de la LOMLOE), el equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso debe reconocer la victoria de Moncloa.

Tras una dura oposición al real decreto de medidas para paliar la crisis energética, Madrid ha tenido que matizar su veto en varias ocasiones y terminar aceptando, aunque de una forma bastante velada, que acatará el "apagón" de Sánchez.

El primero que daba un paso atrás era Enrique Ossorio, vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid. Después de que Ayuso, a golpe de tuit, proclamara que "Madrid no se apaga", el consejero tuvo que matizar que si la ley era de obligado cumplimiento la acatarían.

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Primero lo hizo con un tono más elevado, mientras anunciaba un posible recurso ante el Tribunal Constitucional para, apenas 24 horas más tarde, empezar a hablar de "competencias" y de analizar las "medidas que afecten al ámbito autonómico".

Al final, como han reconocido el resto de comunidades en las que gobierna el PP, si la ley es de obligado cumplimiento no hay alternativa. Y es que, aunque Madrid no ha sido la única a la que no le han gustado las medidas propuestas por la vicepresidenta Teresa Ribera, sí se ha mostrado la más tajante en su rechazo.

Tener que acatar que los escaparates y los edificios gubernamentales dejarán de estar iluminados a las 22.00 horas no es la única norma que Ayuso deberá aceptar en las próximas semanas.

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Ley Celaá

El curso escolar está a punto de empezar y, aunque la Comunidad de Madrid avanzó que presentaría un recurso frente a la LOMLOE -conocida como Ley Celaá-, nada va a impedir que el curso comience con la ley socialista vigente.

Cuando la Comunidad inició los trámites para presentar el recurso contra el currículum de Bachillerato, en el que ve un "alto contenido ideológico", el Ministerio de Educación de Pilar Alegría tuvo que remitir una serie de documentos al Alto Tribunal.

El hecho de que agosto sea prácticamente un mes inhábil y los plazos que se daban a Educación para completar su parte, han hecho que el Gobierno madrileño no haya podido avanzar en el terreno judicial.

Que el Constitucional declarara medidas cautelares contra la norma nacional era la única vía que tenía Madrid para no poner en marcha la ley. Pero las cautelares no han llegado a tiempo. 

Por eso, todos los centros escolares madrileños impartirán bachillerato este curso bajo los parámetros de la Ley Celaá, como ocurrirá también en la ESO y Primaria. Desde la consejería de Educación confirman que será así, pero que, como se ha ido anunciando a lo largo del año, han realizado bastantes modificaciones en el ámbito de sus competencias.

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Se refieren, por ejemplo, a los currículums que aprobaron en julio y que realizan varias modificaciones en la parte que compete a la autoridad regional. Esto afecta tanto al horario lectivo como a las normas para promocionar de curso.

Por ejemplo, en el currículum de bachillerato de Madrid se permite la evaluación con notas numéricas y mención de honor a quienes saquen un 10.

En lo que respecta al temario, se han ampliado los contenidos propuestos por la Ley Celaá para Historia o Lengua y Literatura. En la región incluirán, entre otros aspectos, un mayor estudio de la transición y de la lucha contra ETA, a los autores del Siglo de Oro y a la generación del 98. Son cuestiones que la ley del Gobierno dejaba a elección de la comunidad.

Además, y en contra de la propuesta de no repetir curso del Ministerio de Educación, Ayuso propone que sea necesaria una mayoría cualificada de 4/5 del equipo docente para que el alumno promocione.