La natalidad, en mínimos

La natalidad, en mínimos / Alberto Viña

España

La natalidad, en mínimos: Sánchez llega a las elecciones con 50.000 nacimientos menos y sin aprobar la Ley de Familias

La natalidad ha caído un 14,7% desde 2018. El Gobierno amplió los permisos de nacimiento, pero deja pendientes parte de sus compromisos.

Más información: El drama social (y político) de la vivienda: dos decretos que no sirven para construir más pisos revientan el mercado.

David García
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España alcanzó en 2024 un mínimo histórico con 318.005 nacimientos, lo que representa un descenso de casi 55.000 partos y un 14,7% menos respecto a 2018.

La tasa de fecundidad nacional se sitúa en 1,10 hijos por mujer, colocándose como el segundo país con la cifra más baja de toda la Unión Europea, sólo por detrás de Malta.

Proyectos clave como las 20 semanas de permiso por nacimiento, la prestación universal por hijo y la Ley de Familias no llegaron a aprobarse o decayeron por la disolución de las Cortes.

El coste medio de criar a un hijo aumentó un 13% hasta los 758 euros mensuales, mientras que el riesgo de pobreza infantil en menores de 16 años escaló al 33,9%.

España sigue perdiendo nacimientos. En 2018, cuando Pedro Sánchez aterrizó en la Moncloa, hubo 372.777 nacimientos. Seis años después, en 2024, último ejercicio con cifras definitivas, fueron apenas 318.005, mínimo histórico desde que hay registros. Son 54.772 nacimientos menos. Un 14,7% menos.

Si bien el descenso viene de lejos, los ocho años de Gobierno socialista no han revertido una tendencia que, a largo plazo, amenaza con agravar el envejecimiento de la población.

España presenta una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa. Según Eurostat, en 2024 el país registró una media de 1,10 hijos por mujer frente a los 1,34 del conjunto de la Unión Europea.

Sólo Malta, con 1,01, presentó una cifra inferior a la nacional. La distancia es considerable respecto a Francia (1,61), Portugal (1,41), Alemania (1,36) e incluso Italia (1,18).

De hecho, España se encuentra lejos de los 2,1 hijos por mujer necesarios para garantizar el relevo generacional sin depender de la inmigración.

El Ejecutivo arrostra las elecciones del 29 de noviembre con un balance desigual: por un lado, ha ampliado los permisos por nacimiento, ha reforzado algunas prestaciones y ha destinado fondos públicos a facilitar la crianza.

Por otro, deja por el camino compromisos importantes: las 20 semanas de permiso prometidas por el Gobierno que finalmente se quedaron en 19, una prestación universal por hijo que nunca llegó a aprobarse y una Ley de Familias que, tras años de tramitación parlamentaria, he decaído con la disolución de las Cortes.

El problema

La caída de la natalidad no es únicamente un problema de nacimientos. Sus consecuencias afectan al mercado laboral, las pensiones y los servicios públicos de un país donde el peso de las personas mayores aumenta mientras se reduce el de la población en edad de trabajar.

En 2024, España registró 116.056 defunciones más que nacimientos entre la población residente, según el INE. Fue el octavo año consecutivo con un saldo vegetativo negativo. La estimación provisional de 2025 elevó esa diferencia hasta las 125.818 personas.

El envejecimiento acentúa el desafío. Las personas de 65 años o más representan el 21,1% de la población y, según las proyecciones del INE publicadas en junio de 2026, podrían alcanzar el 30% en 2076 si se mantienen las tendencias demográficas previstas.

Pero el problema tiene otra dimensión: muchas mujeres tienen menos hijos de los que desean. La Encuesta de Fecundidad de 2025 revela que el 69% de las mujeres de entre 18 y 55 años quería tener al menos dos hijos, mientras que el 34,8% de las que ya habían sido madres había tenido menos de los deseados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de firma de la ‘Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario’, en la Moncloa, a 19 de octubre de 2026.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de firma de la ‘Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario’, en la Moncloa, a 19 de octubre de 2026. Europa Press

Las razones cambian con la edad. Mientras muchas menores de 35 años todavía esperan ampliar sus familias, a partir de esa edad las dificultades laborales, la conciliación y los motivos económicos figuran entre los principales obstáculos para tener los hijos deseados.

El dinero constituye uno de esos obstáculos. Según Save the Children, criar a un hijo suponía un coste medio estimado de 758 euros mensuales en 2024, un 13% más que dos años antes.

El desembolso alcanzaba los 812 euros entre los siete y los doce años. La alimentación, la vivienda y los gastos de conciliación representan una parte importante del esfuerzo económico de las familias.

A ello se suma una pobreza infantil que tampoco ha regresado a los niveles de 2018.

Según el INE, el 33,9% de los menores de 16 años estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, frente al 29,9% registrado cuando Sánchez llegó al Gobierno. El indicador mejoró ocho décimas respecto a 2024, pero todavía supera en cuatro puntos el de 2018.

La crisis demográfica plantea, por tanto, dos desafíos relacionados: afrontar el envejecimiento de la población y facilitar que quienes desean tener hijos puedan hacerlo. Porque la cuestión no es solo cuántos niños nacen, sino también en qué condiciones pueden criarlos sus familias.

En España, de hecho, hay cada vez más perros y gatos en casa y cada vez menos niños. Desde 2021, los hogares han sumado un 14,1% más de animales de compañía.

Los hechos

1. Más de 50.000 nacimientos perdidos

España pasó de 372.777 nacimientos en 2018 a 318.005 en 2024. El descenso venía de antes: en 2015 todavía nacían 420.290 niños. El número medio de hijos por mujer se situó en 1,10 en 2024, frente a los 1,26 de 2018. La edad media a la maternidad alcanzó los 32,6 años. El retraso también se observa en los nacimientos de madres de 40 años o más, que representaron el 10,4% del total en 2025, frente al 7,8% de 2015.

2. Los hijos que se desean y los que se tienen

La Encuesta de Fecundidad de 2025 revela que el 69% de las mujeres de entre 18 y 55 años quería tener al menos dos hijos. Sin embargo, el 34,8% de las que ya habían sido madres había tenido menos de los deseados. Las razones cambian con la edad. Entre las menores de 35 años predomina la expectativa de tener más hijos en el futuro. A partir de esa edad, los motivos laborales, las dificultades de conciliación y las razones económicas cobran protagonismo.

3. Criar un hijo cuesta un 13% más.

El informe 'El coste de la crianza en 2024', elaborado por Save the Children, sitúa el gasto medio en 758 euros mensuales por hijo, frente a los 672 euros calculados para 2022. El coste varía según la edad. Entre los cero y los tres años asciende a 604 euros mensuales, mientras que entre los siete y los doce alcanza los 812 euros. Alimentación, vivienda, suministros y conciliación concentran una parte importante del desembolso.

4. La pobreza infantil sigue por encima de 2018

El 33,9% de los menores de 16 años se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Son cuatro puntos más que en 2018, cuando el indicador alcanzaba el 29,9%.

5. Las promesas no se cumplen

El Gobierno prometió ampliar los permisos por nacimiento de 16 a 20 semanas, pero se quedó en 19. También se comprometió a remunerar cuatro de las ocho semanas del permiso parental, aunque finalmente aprobó dos semanas retribuidas adicionales y mantuvo las ocho originales sin remuneración.

6. Ayuda universal que no llega

El Gobierno no ha aprobado la ayuda universal de 200 euros mensuales por hijo defendida por Sumar. En su lugar, mantiene el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), destinado a hogares con rentas limitadas, que en abril de 2026 alcanzaba a 586.118 familias. Sin embargo, según la AIReF, el 72% de los hogares potencialmente beneficiarios no lo solicitó en 2024.

7. ¿Escuelas infantiles?

El Gobierno comprometió en 2021 un total de 670,1 millones de euros de fondos europeos para crear más de 65.000 plazas públicas y gratuitas de educación infantil de cero a tres años. Sin embargo, la gratuidad universal sigue pendiente y el acceso a una plaza pública gratuita no está garantizado para todas las familias.

8. Una Ley de Familias que nunca entró en vigor

El Gobierno tampoco consiguió aprobar la Ley de Familias, impulsada en 2022 y recuperada en 2024. La norma pretendía ampliar la protección de las familias monoparentales, equiparar las de dos hijos a las numerosas y garantizarles 16 semanas de educación infantil gratuita. Tras sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas, el proyecto decayó con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026.

El análisis

La baja natalidad española responde a un problema que va más allá de las ayudas públicas. La emancipación tardía, las dificultades de acceso a la vivienda y la incertidumbre laboral retrasan la formación de las familias.

La maternidad se aplaza hasta alcanzar una estabilidad económica que, en muchos casos, llega demasiado tarde, y cuanto más se retrasa el primer hijo, más difícil resulta tener los siguientes.

Las políticas familiares tampoco han conseguido ofrecer una respuesta suficientemente amplia a esas dificultades.

La ampliación de los permisos por nacimiento mejora la protección de los progenitores durante los primeros meses, pero no resuelve las necesidades que aparecen después: encontrar una escuela infantil asequible, compatibilizar horarios laborales o afrontar los gastos cotidianos.

A ello se añade un problema de eficacia administrativa. España dispone de prestaciones destinadas a combatir la pobreza infantil, pero una proporción muy elevada de sus potenciales beneficiarios ni siquiera llega a solicitarlas.

La AIReF ha identificado obstáculos relacionados con la información disponible y la complejidad de los procedimientos. La distancia entre reconocer una ayuda y conseguir que llegue a quienes la necesitan revela una debilidad del sistema de protección social que no se corrige únicamente aumentando el presupuesto.

Las propuestas

La caída de la natalidad española no se corrige con prestaciones que la mayoría de los potenciales beneficiarios ni siquiera llega a solicitar.

El descenso de los nacimientos (de 372.777 en 2018 a 318.005 en 2024), la fecundidad de 1,10 hijos por mujer y la distancia entre los hijos deseados y los que finalmente se tienen responden a obstáculos estructurales: emancipación tardía, coste de la vivienda, inestabilidad laboral y dificultad para conciliar.

Las ayudas públicas pueden ayudar, pero no son un remedio infalible si no van acompañadas de otras medidas. Además, sólo funcionarán si son previsibles, llegan a quien las necesita y no se convierten en otra capa de burocracia.

Las siguientes medidas buscan facilitar que quienes quieren tener hijos puedan hacerlo, sin depender de cada cambio de Gobierno ni de leyes que decaen con la disolución de las Cortes.

1. Pacto de Estado por la natalidad y la familia

España necesita un acuerdo de largo plazo que fije objetivos verificables de fecundidad, reducción de la brecha entre hijos deseados y nacidos, y apoyo efectivo a las familias, con evaluación periódica independiente.

La política familiar no puede quedar al albur de cada legislatura ni de proyectos de ley que se eternizan en el Congreso y terminan decayendo.

El pacto debe incluir continuidad en las medidas que funcionan, revisión de las que no y una financiación plurianual que no se interrumpa con cada presupuesto prorrogado.

2. Prestación por hijo que llegue de verdad

El Complemento de Ayuda para la Infancia no llega al 72% de los hogares potencialmente beneficiarios, según la AIReF.

Hay que simplificar radicalmente el acceso (automatización con datos fiscales y de la Seguridad Social, reducción de trámites y mayor información activa) y evaluar si una ayuda más amplia y previsible, aunque no necesariamente universal desde el primer día, resulta más eficaz que un sistema complejo que deja fuera a quienes más lo necesitan.

El criterio debe ser el impacto real en los hogares, no el anuncio de la cuantía.

3. Conciliación real después de los primeros meses

Ampliar los permisos por nacimiento es positivo, pero no resuelve lo que viene después.

Hay que garantizar plazas públicas o concertadas de educación infantil de 0 a 3 años con criterios de prioridad claros y plazos de ejecución verificables de los fondos ya comprometidos, en lugar de promesas de gratuidad universal que no se materializan.

Al mismo tiempo, se deben promover fórmulas de flexibilidad laboral (jornadas adaptadas, teletrabajo parcial donde sea posible y reducción de jornada con compensación) que no penalicen la carrera profesional de las madres ni dependan exclusivamente de la buena voluntad de la empresa.

4. Reducir el coste económico de la crianza vía fiscalidad

Criar a un hijo supone un gasto medio de unos 758 euros mensuales.

En lugar de multiplicar ayudas condicionadas de difícil acceso, se pueden reforzar las deducciones en el IRPF por hijo a cargo, especialmente a partir del segundo, y revisar la fiscalidad que grava a las familias con menores (vivienda, suministros, actividades extraescolares).

El objetivo es devolver capacidad económica a quienes ya tienen hijos y a quienes se plantean tenerlos, de forma automática y sin intermediarios administrativos.

5. Vivienda y emancipación como condición previa

El retraso de la maternidad hasta los 32,6 años de media está ligado a la dificultad para independizarse.

Las políticas de natalidad serán poco eficaces mientras el acceso a la vivienda siga siendo el principal obstáculo para formar un hogar.

Hay que vincular explícitamente las medidas de oferta de vivienda (suelo, plazos de licencia, vivienda protegida) con el objetivo demográfico: facilitar que las parejas jóvenes puedan emanciparse antes de que la edad biológica reduzca sus posibilidades de tener los hijos deseados.

6. Estabilidad laboral y carrera profesional compatible con la maternidad

La incertidumbre laboral y el miedo a perder oportunidades profesionales figuran entre las razones por las que muchas mujeres tienen menos hijos de los que desean a partir de los treinta y cinco años.

Se deben reforzar las protecciones efectivas contra la discriminación por maternidad, promover itinerarios de reincorporación y evaluar incentivos para las empresas que mantengan o mejoren la trayectoria profesional de las trabajadoras tras el nacimiento.

La conciliación no puede ser sólo un permiso, tiene que ser compatible con la progresión laboral.

7. Medición de resultados y simplificación administrativa

España dispone de prestaciones, pero una proporción elevada de beneficiarios potenciales no las solicita por falta de información o por complejidad.

Hay que establecer indicadores públicos y vinculantes: tasa de cobertura real de las ayudas, reducción de la brecha entre hijos deseados y nacidos, evolución de la edad media a la maternidad y saldo vegetativo.

Las medidas que no mejoren estos indicadores deben revisarse.

El criterio no puede ser cuántas normas se aprueban, sino cuántas familias acceden efectivamente al apoyo y si eso se traduce en más nacimientos o en mejores condiciones de crianza.

***

Estas propuestas no prometen revertir en una legislatura una tendencia demográfica de décadas. Buscan eliminar los obstáculos más evidentes (coste, vivienda, conciliación e ineficacia administrativa) y dar continuidad a una política que hoy depende demasiado de promesas que no se cumplen.

Mientras la brecha entre los hijos que las familias desean y los que finalmente tienen siga siendo tan amplia, el envejecimiento seguirá agravándose con independencia de los anuncios electorales.