César Alejandro Mogo Zaro es el actual Secretario de Exterior de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
El PSOE encarga el voto exterior ante el 29-N al senador que incluyó en la 'ley de nietos' a los que emigraron "en el siglo XIX"
El responsable de PSOE Exterior llegó a escribir sobre los descendientes de emigrantes: "¡No solo los queremos, también los necesitamos!"
Más información: Radiografía del 'pucherazo legal' en marcha: así está alterando el Gobierno el censo electoral con presuntos nietos de españoles
El PSOE ha puesto el voto exterior de las generales del 29 de noviembre en manos de César Mogo, el senador socialista que ha sostenido en América Latina que la llamada ley de nietos ampara a los descendientes de quienes emigraron "desde el siglo XIX".
La Comisión Ejecutiva Federal del partido ha aprobado este lunes el Comité Electoral, que dirigen Rebeca Torró, María Jesús Montero y Cristina Narbona.
En él, Mogo figura como responsable de Voto Exterior.
Mogo es senador por Lugo y responsable de PSOE Exterior, la estructura del partido para los españoles que viven fuera.
Es uno de los dirigentes socialistas que más se han volcado en la ley de nietos. Ha recorrido América Latina para promocionarla en los países con más solicitudes, como Argentina.
En distintas intervenciones, Mogo ha ido reconociendo que la vocación de la Ley de Memoria Democrática iba mucho más allá de reparar a los exiliados de la Guerra Civil y del franquismo.
En octubre de 2025, por ejemplo, admitió abiertamente que la ley de nietos amparaba a "los millones de personas que desde el siglo XIX cruzaron océanos" para buscarse la vida fuera de España.
Un mes después lo resumió así en una entrevista en una televisión argentina: "Hacemos legal lo que era natural. La naturalidad es que todo descendiente de español se sentía español. Pues ahora concedemos ese derecho, que tiene el sello de los derechos del presidente Pedro Sánchez".
"¡No solo los queremos, también los necesitamos!", llegó a escribir en una columna en El Progreso de Lugo titulada Nietos de gallegos, ciudadanos por derecho.
La ley dice otra cosa. Su disposición adicional octava permite obtener la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles que tuvieron que huir del país por razones políticas, ideológicas o de creencia y que, por ese exilio, perdieron la nacionalidad española.
La idea era reparar a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
Un gallego que se embarcó hacia Buenos Aires en 1890 para buscarse la vida no era un exiliado, era un emigrante. Pero es a esos "millones de personas que desde el siglo XIX cruzaron océanos" a los que Mogo decía que amparaba la ley.
El problema es que demostrar hoy por qué se marchó un abuelo hace 80 años es muy difícil: casi nadie guarda papeles que prueben que huía de la persecución y no de la pobreza.
![Pedro Sánchez en la Ejecutiva de este lunes en Ferraz entre Cristina Narbona y María Jesús Montero.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11370723.jpg?p=w:320\/h:240&h=sgqA_mSW"])
Ahí entró una instrucción del 25 de octubre de 2022, dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que dirigía Sofía Puente.
En lugar de exigir esa prueba, dio por hecho que era exiliado todo español que salió del país entre 1936 y 1955.
En la práctica, bastaba con demostrar que el abuelo se había ido en esos años, aunque fuera a buscar trabajo. Esa presunción abrió la puerta a cientos de miles de solicitudes, sobre todo en Argentina, Cuba y México.
Ni siquiera la instrucción llegaba tan lejos como Mogo: su presunción arranca en 1936, no en el siglo XIX.
El CERA se dispara
Todas esas nacionalizaciones se notan ahora en el censo con el que se votará el 29-N.
Por ley, el censo que vale para el 29-N es el cerrado el 1 de agosto. Según el INE, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) suma 2.747.688 electores, frente a los 2.327.388 de las generales del 23 de julio de 2023.
Son 420.300 electores más, un crecimiento del 18% en poco más de tres años. Nadie sabe con exactitud cuántos llegaron por la ley de nietos: el censo no distingue al español que se mudó a Londres del nieto que acaba de obtener el pasaporte en Buenos Aires.
En el 23-J solo votó el 10,04% de los inscritos en el exterior, unas 233.688 personas. Parece poco, pero en provincias donde el último escaño se decide por unos pocos miles de votos, el voto exterior puede inclinar la balanza.
El 10 de septiembre, a petición de Vox y de Iustitia Europa, el Supremo suspendió de forma cautelar los efectos electorales de las inscripciones de quienes se nacionalizaron por la presunción de exilio. También frenó las nuevas altas en el CERA.
Los afectados no pierden la nacionalidad ni se les borra del censo, pero no podrán votar salvo que su consulado certifique que el padre, la madre o el abuelo fueron exiliados de verdad, sin aplicar la presunción.
Ahí está el cuello de botella. Los consulados tienen que revisar los expedientes uno por uno, y el INE no añadió esa casilla a sus ficheros hasta el 18 de septiembre.
El propio Gobierno admite en su recurso ante el Supremo que "no parece factible" que las oficinas consulares con más carga, como La Habana, Buenos Aires o Ciudad de México, terminen esa revisión antes del 1 de enero de 2027.
La Sala estudia desde este lunes ese recurso. Mientras tanto, Iustitia Europa ha pedido que la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral certifiquen cómo aplicarán la suspensión el 29-N.
Vox va más allá. Si no se puede distinguir a tiempo, pide suspender el voto de todos los nacionalizados por la ley de nietos inscritos en el CERA, y que quien acredite el exilio reclame su inclusión de forma individual.
