Una de las imágenes de la entrada masiva vivida este jueves en Ceuta.
Las ONG ven en la crisis de Ceuta con casi 60 muertos el "fracaso de las políticas migratorias" y apuntan a Rabat
Alertan de "una posible utilización de los flujos migratorios como herramienta de presión y manipulación" y denuncian "la instrumentalización" de menores.
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Casi 60 muertos y más de 50.000 personas entrando de manera irregular a Ceuta. Este es el dramático balance de la catástrofe vivida en los últimos días en la ciudad autónoma.
Un caos que para diversas organizaciones especializadas en la defensa de las personas migrantes y de los derechos humanos evidencia el fracaso de las políticas migratorias.
"Se han perdido decenas de vidas por esta crisis", lamentan las ONG que no se creen la versión del Gobierno de Sánchez que responsabiliza de lo ocurrido únicamente a las redes de tráfico de personas y no a Marruecos, a quien ha dado las gracias por su colaboración.
Así, Accem alerta de "una posible utilización de los flujos migratorios como herramienta de presión y manipulación", algo que no es la primera vez que ha hecho Rabat.
Desde esta ONG explican que situaciones como la de Ceuta o la de Melilla tienen "causas complejas que no se solventan con respuestas simples" sino que requieren "soluciones multifacéticas, estructurales y a largo plazo".
De hecho, el New York Times ha hablado con varios nacionales marroquíes que aseguran que fueron alentados a cruzar a Ceuta por las autoridades marroquíes.
"Esta crisis humanitaria evidencia una vez más la necesidad de las vías legales y seguras para evitar tragedias y emergencias migratorias. Recordamos que los derechos fundamentales y la integridad de las personas migrantes deben estar en el centro de toda decisión", subrayan fuentes de Accem.
Advierten de que en circunstancias como esta, "las principales víctimas son las personas más vulnerables, en este caso, personas que necesitan buscar un futuro mejor".
Fracaso de las políticas migratorias
Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado al Gobierno que "agilice los traslados" de los migrantes llegados a Ceuta al sistema de atención humanitaria y de acogida en la Península, en coordinación con las entidades, ante la situación de "saturación" que se vive actualmente en la ciudad autónoma.
En este sentido, las organizaciones que trabajan para proteger a los migrantes y a los menores han pedido que la legalidad, la dignidad y el respeto a los derechos humanos sean las directrices en el trato a las miles de personas que han entrado de forma irregular en Ceuta en las últimas horas, y han apuntado al fracaso de las políticas migratorias.
![Reacción de unos migrantes procedentes de Marruecos al cruzar a Ceuta por mar, este jueves 30 de julio de 2026.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11327203.jpg?p=w:320\/h:240&h=MMAdPOvi"])
CEAR ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad política y social" para evitar los discursos de odio y dar una respuesta "ejemplar" que esté "basada en los derechos humanos", y ha pedido que se atienda a todas las personas llegadas en condiciones de dignidad y se garanticen sus derechos conforme a la normativa internacional y europea.
Destaca que muchas han solicitado asilo y "pueden tener necesidades de protección que deben ser evaluadas en profundidad y de forma individualizada", por lo que es necesario agilizar los traslados a territorio peninsular ante "la situación de saturación" que se vive actualmente en la ciudad autónoma.
Subraya CEAR que entre estos migrantes hay niños y adolescentes "que requieren una protección y un trato específico".
Para la Comisión "estas situaciones que se repiten a menudo en la frontera sur española muestran una vez más el fracaso de las políticas migratorias de la Unión Europea de contención y externalización de fronteras, provocando muertes y sufrimientos innecesarios".
En la misma línea Amnistía Internacional afirma que "el eje de la respuesta" ante esta llegada masiva de migrantes debe regirse por garantizar los derechos humanos, la dignidad y la humanidad, detallando que se debe asegurar el acceso al sistema de asilo.
El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha incidido en que, en virtud del derecho internacional, "el principio de no devolución es absoluto y las expulsiones colectivas están prohibidas en todos los casos", y se deben asegurar los recursos sanitarios y sociales necesarios para atender a los migrantes.
Oxfam Intermón ha reclamado una respuesta "inmediata y coordinada que permita atender sus necesidades humanitarias", reforzando con urgencia los medios disponibles.
"Instrumentalización" de menores
La Fundación Raíces ha denunciado "la instrumentalización de los niños y niñas", ha recordado que el Tribunal Supremo determinó en 2024 que las devoluciones de menores de edad no son legales, y ha solicitado medidas como "prioridad de la protección frente al control migratorio" o garantías en los procesos de identificación.
Asimismo la Plataforma de Infancia, que cifra en 7.000 los niños y adolescentes llegados a Ceuta, ha pedido a las administraciones "que sitúen la protección de la infancia en el centro de todas las actuaciones y garanticen plenamente sus derechos teniendo en cuenta el interés superior del niño".
Por su parte el director de la ONG Open Arms, Óscar Camps, ha afirmado que esta situación deriva de que "Europa decidió que era más cómodo pagar a terceros países para que retuvieran la migración", pagando "millones" a países como Marruecos, Turquía o Libia; y cuando estos territorios quieren más dinero o apoyo "utilizan la migración como herramienta de presión" y "empujan deliberadamente a personas vulnerables hacia rutas cada vez más peligrosas".
UNICEF España ha expresado su "máxima preocupación" por los últimos acontecimientos en Ceuta y urge "a que se pongan en marcha ya los mecanismos necesarios que aseguren la responsabilidad compartida de las distintas administraciones públicas para garantizar los derechos de los niños y niñas migrantes".
Además, ha recordado que las repatriaciones de niños y niñas menores de edad no acompañados "solo pueden valorarse en el marco de una evaluación individual del interés superior del niño". "Nunca pueden ser colectivas y están sometidas a fuertes garantías jurídicas previstas por la legislación en vigor", han advertido desde UNICEF.
La ONG, que desde hace una década monitoriza el impacto de las crisis humanitarias migratorias en la infancia migrante, subraya la "necesidad de que España se dote de mecanismos que aseguren responsabilidades compartidas en relación con la gestión de las crisis y la garantía de los derechos de la infancia migrante".
"La protección de esta infancia tan vulnerable que llega a través de diferentes puntos de nuestras fronteras, es una responsabilidad del Estado en su conjunto", ha indicado a Europa Press el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera.
