El Gobierno y la Iglesia firman un protocolo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales sin incluir cantidades económicas

El Gobierno y la Conferencia Episcopal han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito. Entrará en vigor el 15 de abril, aunque sin fijar cantidades para las compensaciones económicas.

La rúbrica, que ha dado luz verde a un sistema integral para reconocer y reparar a las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial, ha tenido lugar en la sede del Defensor del Pueblo y tiene el visto bueno del Vaticano.

El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

El Defensor del Pueblo cifra en más de 445.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española

La Iglesia pagará las indemnizaciones

Según el protocolo, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor del Pueblo revisará cada caso, tendrá la última palabra y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.

Dicho acuerdo no establece ni "baremos ni cantidades económicas", ya que "cada caso se va a estudiar en detalle", según ha explicado el ministro de Justicia, por los expertos del Defensor del Pueblo y del Plan PRIVA de la Iglesia.

Estas reparaciones económicas estarán exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.

Hay que recordar que en 2024 la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.

Sin embargo, muchas de ellas no quieren acudir a una comisión creada por la Iglesia y, por ello, se ha apostado por un sistema mixto Iglesia-Estado.

Todos los partidos, salvo Vox, aprueban investigar la pederastia en la Iglesia católica española

De esta manera, se ha creado un nuevo mecanismo en el que la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Esta institución, estudiado el caso y escuchadas las partes, realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación -que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica- atendiendo a lo que solicite la víctima en un plazo máximo de tres meses.

La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.

Firma del protocolo entre Iglesia, Gobierno y Defensor del Pueblo para reparar a víctimas de abusos en la Iglesia. Europa Press

Una de las grandes novedades de este acuerdo es que las víctimas que acudieron al Priva podrán ir al Defensor del Pueblo para que revise su caso y decida si la indemnización que recibieron "ha de ser mejorada, complementada, superada". A partir del 15 de abril, las víctimas deberán elegir si recurren al nuevo sistema Iglesia-Estado o al PRIVA.

Esta Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo estará formada por expertos profesionales independientes y se encargará de llevar a cabo una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en el plan PRIVA para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución

En caso de discrepancia, una Comisión Mixta estudiará el caso. En ella estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras. Si no lo hiciera directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

La Iglesia investigará los abusos "en colaboración con las autoridades" y "en comunión" con el Vaticano

Modalidades de reparación

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

"Hoy es un día de justicia"

"Hoy es un día de justicia con las víctimas, a las que nadie creyó ni ayudó. Que hoy la Iglesia y el Estado nos hayamos puesto de acuerdo es algo histórico. Las víctimas deben saber que el Gobierno no les ha olvidado", ha afirmado Bolaños este lunes en rueda de prensa posterior a la firma del protocolo.

En ella ha informado de que el Vaticano es conocedor del acuerdo y lo ha sido "en todo momento" y que "ha habido conversaciones este fin de semana" y durante la visita de los reyes al Papa, a la que él mismo acudió trasladándole el acuerdo personalmente a León XIV.

Por su parte, Jesús Díaz Sariego ha considerado que "empezamos una nueva etapa". "No os queremos abandonar ni ignorar", ha añadido.

La Iglesia entrega al Defensor del Pueblo 6 volúmenes con datos de abusos sexuales a menores

Misma línea ha mantenido, el presidente de la CEE, Luis Argüello, que también ha reconocido que su experiencia le permite constatar que "hay ámbitos donde la reparación integral es imposible, hay heridas provocadas que precisan otra dimensión que excede estos acuerdos".

No obstante, ha precisado, que esto "no exime a la Iglesia de hacer todo lo posible por abordar esas situaciones rostro a rostro, hay que poner el acento en las personas".

Argüello también ha admitido que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas "no han confiado en las diócesis ni en las congregaciones".

Y ha subrayado que la Iglesia "acepta compartir la iniciativa con la administración pública y con el Defensor del Pueblo".

Por su parte, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha insistido en que este proceso "no es un mero trámite burocrático, ni una ventanilla bancaria, ni un proceso cosificador, es un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano".

Gabilondo ha reconocido que, "sin duda, la respuesta es tardía" y ha informado de que un grupo de profesionales independientes del Defensor del Pueblo valorará las solicitudes.

También ha abogado por "evitar la revictimización" y que el solicitante tenga que ir de un lugar a otro, narrar varias veces lo sucedido a ver a quien convence más.