El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen de archivo. Europa Press
Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lérida tras trascender que el comisario fue condenado por acoso sexual
El agente acosó a una subordina en los años 90 en San Sebastián para que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio de beneficios laborales.
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Interior ha cesado como máximo responsable de la Policía Nacional en Lérida al comisario Antonio José Royo Subías, condenado en 2003 por un delito de acoso sexual a una subordinada.
El cese se produce después de que trascendiera este lunes su nombramiento, adelantado por el diario Segre, que se hizo efectivo el pasado 9 de diciembre, fecha en la que el mando policial tomó posesión del cargo.
Royo Subías fue condenado en junio de 2003 como autor de un delito de acoso sexual agravado por prevalerse de su posición de superior jerárquico.
Los hechos probados por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, confirmados en 2004 por el Tribunal Supremo, se remontan a marzo de 1999, cuando ejercía como inspector jefe de un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en San Sebastián.
Según la sentencia, Royo Subías comenzó a acosar a una agente apenas dos días después de que esta se incorporara a la unidad para que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio de beneficios laborales. Además, le propinó a la subordinada "un manotazo en el glúteo".
"Si accedía a sus pretensiones —añadía el fallo, se encargaría de que obtuviera" dietas, días de descanso, permisos y facilidades para ascender, pero, "en caso contrario, le señalaba que se convertiría en su enemiga", lo que la abocaba a "peores servicios, etc", recoge el diario de esa sentencia.
Por ello, fue condenado a una multa de 1.080 euros y a indemnizar a la víctima con 3.000 euros. La sentencia no incluyó ninguna pena accesoria de inhabilitación, ya que no se incorporó hasta una reforma del Código Penal de 2022, por lo que continuó en la Policía y ascendió a comisario en 2017.
Un año después de la condena emitida por la Audiencia de Guipúzcoa, el Supremo declaró también responsable civil al Estado porque todas estas acciones se llevaron a cabo aprovechando la "prevalencia" del inspector jefe.
