La embarcación en la que iban los agentes asesinados por los narcos en febrero de 2024.
La misión de la UE acusa a Interior de "retirar pruebas" por ocultarles la zódiac de Barbate en la que murieron dos guardias
El informe concluye que esta acción del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, revelada en exclusiva por EL ESPAÑOL, "constituyó un serio obstáculo para la transparencia y el propósito de la investigación".
Más información: Interior cambia de sitio la zódiac de los agentes asesinados en Barbate días antes de la llegada de una misión de la UE
Un informe del Parlamento Europeo acusa al Ministerio del Interior de "eliminar pruebas clave" y obstruir su labor investigadora durante la visita que realizaron el pasado mes de mayo en el Campo de Gibraltar y la zona de Barbate, donde se produjo la tragedia en la que dos guardias civiles fueron asesinados a manos del narco.
Según el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la misión de investigación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo "deplora la decisión del Gobierno socialista español de eliminar pruebas clave antes de la visita de la delegación, específicamente la patrullera involucrada en los asesinatos de Barbate".
El informe concluye que esta acción del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, revelada en exclusiva por EL ESPAÑOL, "constituyó un serio obstáculo para la transparencia y el propósito de la investigación de la misión".
No es la única acusación que realiza el informe elaborado por la delegación de eurodiputados que acudió a visitar las zonas que más sufren la actividad del narcotráfico. El documento concluye también que la delegación "toma nota" del hecho de que el Gobierno, "en contra de los deseos de las familias de las víctimas, otorgase un ascenso profesional en agosto de 2025" a los mandos que enviaron en una zódiac a los guardias fallecidos arrollados por una lancha rápida en el puerto de Barbate.
De este modo, Interior impidió a los miembros del Parlamento Europeo observar la embarcación en la que salieron al agua contra las poderosas semirrígidas del narco. Así, los representantes comunitarios no pudieron comprobar de primera mano las condiciones materiales de los cuerpos de seguridad españoles en el momento del ataque.
La zódiac, como adelantó este diario, fue trasladada del puesto de los especialistas en buceo de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar. Las fuentes consultadas señalan que la lancha se envió a la comandancia de Algeciras poco antes de la llegada de la misión de la UE.
La tragedia de Barbate representa un paradigma de la vulnerabilidad policial frente a redes criminales cada vez más armadas y con medios más potentes para introducir droga en España. Según testimonios recogidos en el informe, los guardias civiles fallecieron tras embarcar en una zódiac averiada y sin motor, mientras perseguían una lancha de narcotraficantes muy superior en tamaño y potencia.
La familia y asociaciones de agentes remarcaron la falta de recursos y protección institucional como factores directos que llevaron a la pérdida de vidas.
El Comité de Peticiones pide en su informe final cambios profundos: insta a la reinstauración de unidades especializadas y permanentes contra el narcotráfico, en referencia al extinto OCON-Sur de la Guardia Civil. También exige un mayor respaldo legal a los agentes y demanda que las agresiones contra las fuerzas de seguridad sean consideradas "eurodelitos", lo que acarrearía penas más severas.
La misión europea reclama más inversiones y un reconocimiento formal de la profesión policial como de alto riesgo en toda la UE, además de mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos y pruebas vinculadas a la seguridad.
La retirada de la embarcación ha abierto una nueva grieta en las relaciones entre Bruselas y Madrid en materia de seguridad y derechos laborales de los agentes, evidenciando la urgencia de abordar las carencias materiales y legales que enfrenta la Guardia Civil en zonas catalogadas como frontera caliente del narcotráfico internacional.
El informe termina alentando a los Estados miembros a fortalecer mecanismos de supervisión y reconversión rápida de bienes incautados, y apoya la declaración del Campo de Gibraltar como Zona Especial de Seguridad.
En último lugar, el documento insta a los Estados miembros a que "garanticen la plena protección jurídica de los funcionarios que utilicen la fuerza legítima, incluidas las armas de fuego", en el ejercicio de sus funciones, y a que eliminen la incertidumbre jurídica que impide a los funcionarios defenderse a sí mismos o a la ciudadanía.
La llegada a España de aquella delegación de la UE partió de una iniciativa de la Confederación Española de Policía (CEP). Este sindicato policial presentó una petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo denunciando el aumento exponencial de agresiones a policías en Europa.
La petición de CEP contaba con el respaldo de entidades como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), el de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y el Colectivo Profesional de Policia Municipal (CPPM).
El informe coincide con los últimos ataques a policías en Sevilla (narcos disparando armas de guerra), Madrid y Valencia (policías brutalmente agredidos al ser reconocidos fuera de servicio), lo que refuerza la urgencia de implementar estas medidas.
Desde CEP exigen que Fernando Grande-Marlaska dimita tras este varapalo. "No puede seguir ni un minuto más al frente. Es, sin duda, el peor ministro de la historia democrática, bajo cuyo mandato más policías han sido agredidos, abandonados y humillados. Ahora ya no lo decimos solo nosotros, también un informe oficial del Parlamento Europeo".
