El constructor José Ruz, la secretaria de Organización del PSOE Rebeca Torro y el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García, en una ilustración.
Rebeca Torró, bajo la lupa de la UCO por la posible financiación ilegal del PSPV vía Ruz cuando era consejera de la Generalitat
La secretaria de Organización del PSOE formalizó un contrato de 4,3 millones para Levantina un mes después de que el constructor se quejara a Koldo y pidiera una reunión con Cerdán.
También adjudicó dos contratos, por un total de 1,6 millones, a esta constructora durante el año que fue consejera de Obras Públicas.
La Guardia Civil sospecha que Servinabar y la constructora de Ruz pudieron financiar también al PSN y al PSPV respectivamente.
Más información: Koldo y su mujer gestionaban para el constructor Pepe Ruz una empresa de minas desde un hotel rural de Alicante
Rebeca Torró, sucesora de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE, está bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO por la posible financiación ilegal del PSPV y el cobro de mordidas en contratos adjudicados cuando era consejera de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana.
Torró formalizó un contrato de 4,3 millones de euros para José Ruz, constructor investigado en el caso Koldo, a los diez días de llegar al cargo y un mes después de que este empresario se quejara a Koldo García de un posible veto del PSOE a su firma Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC).
Posteriormente, Torró adjudicó también a Ruz otras dos obras por valor de 1,6 millones de euros en el escaso año que estuvo al frente de la Consejería.
Dos de los tres contratos, incluido el de 4,3 millones de euros, fueron financiados con fondos de la Unión Europea.
La UCO detalló en su último informe que Ruz pidió a Koldo una reunión con Santos Cerdán el 16 de marzo de 2022, ya que se quejaba de que el PSOE le hubiera dejado "fuera del baile" y que el partido se lo había comunicado a otras constructoras.
Esta conversación por Whatsapp entre Ruz y Koldo ha dado origen a la investigación sobre la posible financiación ilegal del PSOE. Ambos, tal y como confesó el propio empresario en el Tribunal Supremo, se referían al partido con el nombre en clave de "ganadería".
La Guardia Civil sostiene que existían dos vías para que las constructoras lograran obras a cambio del pago de mordidas: una la oficial, con Santos Cerdán a la cabeza, y otra que habrían organizado José Luis Ábalos y Koldo García durante su etapa en el Ministerio de Transportes.
"Koldo fue cuestionado por supuestamente haber recibido pagos de empresarios, mientras no se le recriminaron los obtenidos a través de Santos Cerdán", concluye la UCO sobre los indicios que apuntan a una posible financiación ilegal del PSOE.
En la actualidad, la Guardia Civil se encuentra investigando las obras adjudicadas a la constructora Levantina posteriores a la conversación de WhatsApp entre Ruz y Koldo.
Es ahí donde aparecieron el PSPV y el nombre de Rebeca Torró a los investigadores, ya que la Generalitat de Ximo Puig adjudicó casi seis millones de euros a Levantina entre el 16 de marzo de 2022 y las elecciones autonómicas del 2023.
La UCO investiga posible financiación del PSOE no sólo a nivel nacional, sino también del PSN a través de Servinabar, la constructora de Santos Cerdán y Antxon Alonso, y del PSPV a través de Levantina.
También se están analizando las subvenciones de la Generalitat Valenciana que recibió la Fundación Fiadelso de José Luis Ábalos y dónde fue a parar ese dinero.
Los investigadores ya han podido demostrar, a través de las comunicaciones intervenidas, que la ONG de Ábalos recibió 4.500 euros de Servinabar.
La trama de Cerdán y Ábalos contaba con una gran influencia y ramificaciones en diferentes zonas de España. Además de Navarra y la Comunidad Valenciana, la Guardia Civil investiga sus posibles vínculos con contratos adjudicados por administraciones socialistas en Canarias, Baleares, Aragón y Andalucía.
En este sentido, Víctor de Aldama ya indicó en el Tribunal Supremo que Koldo García le aseguraba que una parte de las mordidas que pagó el empresario iban destinadas para financiar al PSOE.
Mismo modus operandi
La Guardia Civil también ha encontrado similitudes entre las adjudicaciones presuntamente amañadas en el Ministerio de Transportes y los tres contratos investigados de la Generalitat Valenciana.
El modus operandi de la trama de Cerdán y Ábalos era inflar la nota subjetiva correspondiente a los criterios técnicos en las licitaciones, de tal forma que no se dependiera de la puntuación que recibieran las constructoras mediante fórmulas en los aspectos objetivos.
![Koldo García, Antxon Alonso y Santos Cerdán en una ilustración.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/08\/04\/actualidad\/1003743873833_257760362_320x180.jpg"])
Levantina ganó las adjudicaciones de la Consejería de Obras Públicas de Torró con la máxima nota en criterios subjetivos en dos de los concursos y en el tercero lo hizo con la segunda mejor puntuación.
El primero de los contratos de la Generalitat Valenciana investigado data del 20 de abril de 2022, aunque se formalizó el 24 de mayo de ese año, ya con Rebeca Torró como consejera de Obras Públicas.
Levantina recibió el contrato de 4,3 millones de euros, procedentes de la Gerencia de Ferrocarriles, para la construcción de un paso inferior en las infraestructuras ferroviarias en Benidorm.
A la licitación se presentaron 16 empresas, entre ellas algunas de las constructoras más importantes de España, y lo ganó la firma de José Ruz.
La empresa del constructor investigado por pagar mordidas a la trama de Cerdán y Ábalos logró la segunda mejor nota subjetiva. Esto le permitió ganar el concurso a pesar de que su oferta económica fue la séptima en cuanto a puntuación recibida mediante fórmulas.
En los otros dos contratos adjudicados por Rebeca Torró, Levantina logró en ambos la máxima puntuación en criterios subjetivos y superó de esta forma a sus dos rivales por estas licitaciones.
El 24 de octubre de 2022, medio año después de que Ruz pidiera a Koldo una reunión con Cerdán, la Consejería de Obras Públicas de la Generalitat adjudicó un contrato de 1,1 millones de euros a Levantina para la permeabilización ciclopeatonal de la autovía CV-35 en el término municipal de San Antonio de Benagéber (Valencia).
Este contrato, al igual que el primero, también está financiado con fondos de la Unión Europea.
La última de las adjudicaciones investigadas data del 21 de febrero de 2023. La Consejería de Obras Públicas de la Generalitat dio un contrato a Levantina por valor de 576.000 euros para realizar las obras del proyecto para el Puerto de Santa Pola (Alicante).
El abogado de Ruz, en el Gobierno
Los vínculos entre Torró y Ruz también existieron durante la etapa como secretaria de Estado de Industria y Comercio de la actual número tres del PSOE.
Su jefe de Gabinete, Jaime Peris Pascual, fue director jurídico de la constructora Levantina entre 2011 y 2015, tal y como desveló EL ESPAÑOL.
Peris lo ocultó en su currículum público, ya que no reflejó nunca el nombre de la empresa de José Ruz.
Tras su paso por Levantina, Peris dio el salto a la política. Primero fue concejal en el Ayuntamiento de Onteniente (Valencia), donde compartió corporación con Rebeca Torró.
Después entró en la Generalitat de Ximo Puig. Primero como asesor y jefe de Gabinete de la consejera de Sanidad y desde 2021 como director de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructuras.
En julio, después de la salida de Torró de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, Jaime Peris fue ascendido por el Gobierno a pesar de sus vínculos profesionales y personales con el imputado José Ruz.
Peris es desde el pasado 17 de julio comisionado especial para la Reindustrialización, nombrado por el ministro Jordi Hereu.
El currículum de Peris no ha sido incluido todavía por el Gobierno en la web de Transparencia a pesar de ser alto cargo del Gobierno. Sí aparece, en cambio, el de otro comisionado especial como lo es Jordi Carbonell para el PERTE agroalimentario.
EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con varias constructoras rivales de Levantina e indican que "no es ninguna sorpresa" la imputación de José Ruz.
El CEO de una de estas constructoras describió a Ruz como "un hombre oscuro".
Otro, al que el dueño de Levantina le ofreció acudir en UTE a una licitación del Ministerio de Transportes, aseguró a este periódico que le parecieron "extrañas" algunas de las cosas que Ruz le dijo durante su propuesta.
"Es una pena porque nos iban a tratar bien", contestó Ruz a este CEO cuando rechazó su oferta.
Koldo, a sueldo de Ruz
Ruz también pagó una nómina de 2.600 euros mensuales netos a Koldo García después de que se quejara del PSOE y pidiera una reunión con Santos Cerdán.
Desde diciembre de 2022 y junio de 2023, cuando son adjudicadas las obras investigadas adjudicadas por la Generalitat Valenciana, Koldo estuvo contratado a través de un empresario y socio de Ruz, Juan Carlos Etero.
Además, tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL, Koldo y su exesposa, Patricia Úriz, gestionaron para Ruz una empresa de minas desde un hotel rural de Alicante.
La UCO intervino llamadas en 2023 que revelaron que el exasesor de Ábalos y su exmujer administraban Altair Med SL.
Esta sociedad fue creada por el dueño de Levantina y por Fernando Huet, consejero delegado de la constructora valenciana Cyes.
Koldo y Patricia Úriz gestionaban la empresa desde una oficina en el antiguo Hotel Devachan, según reconocieron en comunicaciones telefónicas con su abogado Juan Pombo.
